Por Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal Universidad Complutense (ABC, 12/11/03):
Para defender la LOU, ciertas autoridades públicas lanzaron insólitos ataques contra las Universidades y los Profesores universitarios, sin distinción. Aún permanece la tristeza y el doloroso recuerdo de esos ataques y del silencio sobre mucho trabajo universitario bien hecho... aunque mal retribuido. De lo bueno de nuestras Universidades, parangonable a lo de las mejores de otros países civilizados, pocas o ni una sola palabra: sólo descalificaciones generales, que, además, por referirse a la Universidad, revelaban el predominio de una penosa demagogia de ocasión sobre la prudencia y la responsabilidad exigibles a quienes, por regir un Estado, no deben fomentar el descrédito general de instituciones básicas de la sociedad.
Se dijo que atacaban la LOU quienes no la habían leído y, en bastantes casos, así lo parecía. Pero también no pocas defensas globales de la LOU evidenciaban desconocimiento de su texto: esos defensores tampoco la habían leído. Y bien mirado, el «nervio» argumental de la defensa global de la LOU fue éste: «como la Universidad está muy mal, como es muy mala, la Ley, que se propone reformarla, necesariamente es muy buena y sus disposiciones son todas acertadas». La «lógica» de este argumento es exactamente la misma que la de este otro: «como dos y dos no son cinco, acierto al afirmar que dos y dos son siete» (sobre base diez). Un monumento al sofisma.
La LRU era, sí, bastante mejorable y convenían algunas reformas legales. Pero veíamos que la LOU ni siquiera atenuaría problemas verdaderos y crearía otros nuevos, nada leves (sistemas de elección de Rectores y Consejos de Gobierno, procedimiento de acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes universitarios, particularización de todas las Universidades, etc.).
Ante todo esto, por la mínima apertura de los responsables políticos a cualquier matización o sugerencia (al contrario: dividieron maniqueamente el mundo universitario) y por no querer alinearnos con los bloques políticos, bastantes, aunque preocupados, optamos por el silencio: el otro término de la alternativa era caer en la inmediata marginalidad, muy injusta y gravosa.
Pero había una pieza -la «Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación» (ANECA), llamada a coexistir con similares Agencias autonómicas- que si aparecía ya en la LOU con discutible fundamento -no la evaluación, sino la evaluación por una Agencia, poco después erigida en fundación estatal-, una vez instaurada y puesta en marcha, en pocos meses ha producido resultados muy negativos, aunque capaces, eso sí, de «hacer hablar al mudo» (al menos a uno, que esto firma).
En pocos meses, la ANECA ha evaluado a centenares de Profesores y ha otorgado y denegado «menciones de calidad» a docenas de «Programas de Doctorado». Ni el método de evaluación, ni los parámetros para evaluar, ni el historial de los evaluadores (que debía ser siempre de neta superioridad respecto del de los evaluados), ni la necesaria especialización, ni el sumarísimo modo de actuar, resolver y notificar, se salvan de una crítica inevitablemente severa. Enseguida la resumo.
Tal como ha sido configurada, orientada y gestionada, la ANECA constituye una autoritaria pretenciosidad estatalista. Porque es pretencioso proponerse valorar lo que no se está en condiciones de valorar, así como expedir credenciales de calidad sin título para ello. Y es estatalismo autoritario imponer desde el Estado, sin amplia y seria consulta previa, criterios poco razonables de valoración de profesores, titulaciones y programas.
Nadie puede valorar acertadamente la calidad de la docencia sin conocer la docencia: y la ANECA no la conoce. Y nadie puede valorar la calidad de la investigación sin conocer a fondo la parcela científica correspondiente a la labor investigadora que se ha de evaluar. Y la ANECA tampoco cumple las condiciones exigibles para juzgar sobre calidad de la investigación.
Tome nota el lector de lo siguiente: la LOU, para permitir que alguien llegue a ser Catedrático o Profesor Titular de Universidad, le somete a unas pruebas enjuiciadas por varios expertos de la misma «área de conocimiento» de las plazas vacantes, designados todos por sorteo. En cambio, el desarrollo de la LOU respecto de la ANECA encarga las evaluaciones a quienes no tienen que ser expertos, designados todos digitalmente por la ANECA misma. A buen seguro que entre estos designados habrá algunos dignísimos universitarios. Pero el método de la ANECA es inaceptable en sí mismo y entraña una grave incoherencia en la LOU y sus desarrollos reglamentarios.
Permítaseme un inciso. Aquí no se trata de algo semejante a aplicar de normas ISO o expedir «certificados de calidad» de productos o servicios, en razón de materia prima, cantidad comprobada, procesos higiénicos seguros, prestaciones, precios, etc. Aquí ni hay competencia entre distintas entidades que se atreven, por la seriedad de sus dictámenes, a ofrecer un «plus» de garantía frente a consumidores y usuarios, que es el certificado que emiten. Y no estamos siquiera ante algo parangonable a las auditorías de empresas. La ANECA evalúa y acredita en régimen de monopolio y no sólo con efectos positivos, sino también punitivos. Y no valora productos de uso o consumo, sino productos de la mente humana, que resultan imposibles de juzgar si no es, muy cuidadosamente, por expertos claramente prestigiosos. No son esas las bases sobre las que actúa la ANECA.
Véase un ejemplo, que no es despreciable porque concierna a Profesores de mi disciplina: han sido evaluados por once catedráticos de las siguientes materias: «Derecho Civil», «Psicología de la Personalidad», «Historia del pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos», «Gestión de Empresas», «Economía Aplicada», «Ciencia Política y de la Administración», «Periodismo», «Derecho Mercantil», «Derecho del Trabajo» y «Teoría e Historia de la Educación».
No es difícil apreciar que, en esos casos (iguales a muchos otros), ninguno de los evaluadores es experto en Derecho Procesal. La ausencia de un solo especialista ya sería suficiente para deslegitimar científicamente la evaluación. Pero, aunque lo hubiese, la ANECA, en el denominado «Manual de procedimiento para la emisión de evaluación o informe para la contratación de profesorado universitario» establece que «los Comités de evaluación efectúan sus informes de manera colegiada, por unanimidad o por mayoría» y el que fuera Presidente del Comité evaluador de «Ciencias Sociales y Jurídicas», afirma que «en los 1000 casos vistos, se discutió públicamente, y con intervención de todos, los méritos y la trayectoria de cada solicitante».
Como en otro lugar he argumentado ampliamente sin impugnación (sólo con tergiversación), los criterios y «estándares» de la ANECA son, en gran medida, absurdos y arbitrarios y, además, en otra buena parte, desconocidos. Y también he mostrado por qué esos criterios adolecen de un hiriente aldeanismo: en principio, todo lo hecho o publicado en el extranjero, vale más que lo hecho o publicado en España.
Por lo demás, los criterios y «estándares» de la ANECA operan, proyectados hacia el futuro, como condicionantes (muchas veces poco razonables) de la futura investigación y, en general, de la futura tarea universitaria. Nada bien parada sale, así, la libertad académica.
No logro entender que esta ANECA se haya concebido y orientado al amparo o a la sombra de una posición político-ideológica que ampara lo liberal. Y me parece que tampoco el aldeanismo, contrario a la realidad de las Universidades en todo el mundo, es armónico con una idea defendible de España (hay varias, respetables: con ninguna de ellas).
Dicho todo lo anterior, a modo de testimonio de que no todos ven del mismo modo la «modernización» de la Universidad ni todos poseemos cabeza y estómago que nos permitan o muevan a reconocer autoridad académica a quienes desde su auto-Olimpo, reparten beneficios y lanzan rayos de fulminación, no son de olvidar los atinados versos que culminaban un gracioso poemilla militar: «en cuestiones de criterio,/ huelga toda discusión:/ siempre tiene la razón/ el que está en el Ministerio». Sé bien que de los especialistas en tener la sartén por el mango sólo cabe esperar sartenazos (aún más). Pero una cosa es vencer y otra, convencer. E incluso caben las victorias pírricas.