La realidad que trato de describir tiene la dificultad de referirse a dos fenómenos políticos a los que hay que ponerles un nombre en castellano: la partitocracia y la partitadura. Se habla de «partitocracia» cuando el poder, de facto, lejos de residir en el pueblo (como sucede en la democracia), lo controlan los partidos políticos. Y utilizo ahora la palabra «partitadura», del prefijo «partita», alusivo a los partidos políticos, y el sufijo «(dicta)dura», para significar que todo el poder, sin estar dividido, se concentra en un partido.
Tras 42 años de vigencia la Constitución, y merced a una toma paulatina del control de las instituciones, los partidos han sobrepasado su función constitucional primigenia de ser instrumentos fundamentales para la participación política, hasta llegar a controlar los poderes del Estado (la partitocracia). Pues bien, estamos en un punto en el que se puede desembocar en una «partitadura».
En efecto, no hace falta esforzarse en demostrar que, a pesar de que existe en la Constitución una división formal entre el ejecutivo y el legislativo, los partidos políticos ejercen un férreo control sobre ambos poderes.
En los primeros momentos de vigencia de la Constitución, el poder judicial se configuró con menos carga política y, por tanto, de manera más independiente que los otros dos poderes. La Constitución dispone que el Consejo General del Poder Judicial está integrado por 20 miembros, de los cuales doce serán jueces y magistrados, y la primera Ley Orgánica 1/1980, de 10 de enero del Poder Judicial estableció que los 12 vocales del Consejo de procedencia judicial serían elegidos entre ellos por los jueces y magistrados que se encontrasen en activo.
El modo de elección de los miembros del Consejo se modificó en 1985, gracias a la mayoría absoluta del PSOE y consistió en que los 20 vocales se elegirían a partes iguales por las dos Cámaras, lo cual fue considerado constitucional por el TC en una sentencia de 1986.
Este cambio hizo que también el tercer poder del Estado, el Judicial, cayera bajo el poder de los partidos políticos. Como seguramente recordarán, en 2018, cuando el PP y el PSOE habían pactado la composición del futuro poder judicial, incluido su presidente el magistrado Manuel Marchena, la indiscreción de un famoso whatsApp que reenvió el Sr. Cosidó a compañeros de su partido hizo que el pacto fracasara. En el whatsApp Cosidó exponía con toda claridad la importancia para el partido de controlar el Poder Judicial: nos jugábamos -decía- las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España, así como la Sala Penal del Tribunal Supremo y la Sala del 61, que se encarga de conocer de las recusaciones de los magistrados del Tribunal Supremo.
Pues bien, lo que entonces consideraba vital Cosidó hoy lo puede conseguir ya la coalición de Gobierno gracias a los nombramientos estratégicos que ha efectuado Sánchez en el ámbito de la Justicia.
Hoy está en juego el futuro de las numerosas querellas que han presentado tanto asociaciones de profesionales y de víctimas de la pandemia como numerosos particulares contra el presidente del Gobierno y los miembros del ejecutivo que la gestionaron. El máximo interés del Gobierno es, lógicamente, que tales querellas no se admitan a trámite o que fracasen.
No es difícil de conseguir lo que antecede si se tiene presente que la actual Fiscal General del Estado fue ministra de justicia con Sánchez. Si no actúa con la debida independencia, la Fiscal General puede encargar el estudio de las querellas a algún fiscal que se haya mostrado próximo a las tesis del Gobierno. Ya sea porque se trata de un profesional cómodo que no quiere líos, ya porque tiene ansias de prosperar en la carrera, o ya, en fin, porque desea prolongar su vida profesional que a los setenta y pocos años se encuentra todavía en plena forma.
Así las cosas, no es descabellado pensar que los partidos de la coalición de gobierno utilicen todo el poder que tienen de ofrecimiento de prebendas (puestos políticos o de la propia carrera) para tratar de convencer a los interesados de las ventajas que podrían obtener si sus resoluciones se ajustaran a los intereses de la coalición.
Pues bien, si se actuara de este modo, habría caído en la «partitadura»: la coalición, gracias a su férreo control del ejecutivo y del legislativo, conseguiría también el del poder judicial. Es posible que hasta ahora lo hayan intentado con mayor o menor empeño todos los partidos en el gobierno. Pero, lo específico de hoy es que corremos el riesgo real de que se entierre, tal vez para siempre, la división de poderes que es fundamento esencial de las democracias parlamentarias modernas.
José Manuel Otero Lastres es académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.