De La Pepa a la Transición

La reciente celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812 da pie a analizar el ciclo histórico que arranca en Cádiz y culmina en la Transición. Dos biografías ligadas a la consecución de la concordia entre los españoles lo explican. Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), arquetipo del político ilustrado, ha merecido una copiosa bibliografía. Contrasta, de hecho, con la pacata atención a la figura de Torcuato Fernández-Miranda (1915-1980), arquitecto de la reforma política que, sin ruptura legal ni convulsiones sociales, condujo a España de la dictadura franquista a la democracia vigente. La fotografía del preceptor del entonces Príncipe de España es, con la del Papa, la única excepción a lo familiar en el despacho regio de la Zarzuela.

Los paralelismos entre ambos gijoneses son muchos. La tierra les marca. Si, al regresar por última vez a una Asturias cercada por el invasor napoleónico, Jovellanos confía haber llegado «a besar esta cuna» que pronto será su mortaja, Fernández-Miranda atribuye su imagen de «hombre frío y sin nervios» al «miedo al corazón y al sol» propio de los asturianos.

Los dos son juristas e intelectuales comprometidos con su época. El espíritu de la Ilustración conduce a Jovellanos tanto a la literatura y la pedagogía como al informe económico, el expediente agrario o el estudio de la minería. Su conterráneo obtiene la cátedra de Derecho Político a los 30 años. Seis más tarde ocupa el Rectorado de la Universidad de Oviedo, donde Jovellanos se había iniciado en la filosofía escolástica. Fernández-Miranda es también consciente de la misión política que apareja todo don privilegiado del entendimiento. «Quiero iluminar el camino no para contemplarlo, sino para andarlo con seguridad y firmeza», declarará en 1970 a Torcuato Luca de Tena.

Entrambos se explican por su fidelidad crítica al régimen político en el que se integran y por el sentido gradual de sus reformas. Autor de un apasionado Elogio de Carlos III, Jovellanos toma partido por el Despotismo Ilustrado, cuya bondad cifra en «ciencias útiles, principios económicos y espíritu general de Ilustración». Rechazando tanto la «marea oscurantista» que amenaza la corte de Carlos IV como el desgarro histórico que preconiza la Revolución Francesa, acepta el Ministerio de Gracia y Justicia. Su breve ejecutoria persigue un modelo constitucional, pero alcanzado a través de una vía evolutiva, lenta pero segura. No desea «sacrificar la generación presente por mejorar las futuras». A su juicio, debe evitarse el enfrentamiento civil mediante reformas con el imprescindible respaldo del monarca. Como señaló Gaspar Gómez de la Serna, el Rey por entonces no era sólo «el primer reformador», sino «la instancia indiscutida e inapelable de la sociedad española» que puede garantizar la conciliación nacional.

Fernández-Miranda conoce la barbarie. Alférez provisional y combatiente en la batalla del Ebro, hace carrera en el franquismo. Consejero nacional por designación directa de Franco, en 1969 ocupa la Secretaría General del Movimiento. El nombramiento de Carrero Blanco como jefe del Gobierno le eleva a vicepresidente.

Su «ideal supremo» es el que atribuye Marañón a Jovellanos: «El restablecimiento de la concordia entre los españoles, después de tantos siglos de guerras civiles o de pugnas ideológicas que, sin batallas, tenían el mismo sentido y la misma dureza que la Guerra Civil». Comparte, sin duda, el «desapasionado practicismo político» que el citado Gómez de la Serna atribuye a aquel.

Esa «condición ecléctica» fundamenta el sorpresivo ingenio de sus intervenciones públicas. El entonces director general afirmará en televisión un 20 de noviembre: «Yo, que soy joseantoniano, y por tanto socialista…». Su toma de posesión como ministro secretario general del Movimiento la protagoniza con una reveladora camisa blanca. Año y medio después, alude durante un acto falangista a un «socialismo nacional integrador», afortunado hipérbaton que apunta una salida a la dictadura.

El pensamiento evolutivo de Fernández-Miranda lo prueba su actitud ante las asociaciones políticas. En un principio, las defiende desafiando al inmovilismo del gabinete tecnócrata del que forma parte. Conforma así un equipo de jóvenes colaboradores aperturistas, como Ortí Bordás o Gabriel Cisneros. La oposición de Franco, no obstante, arrumba el proyecto. Las asociaciones se convierten, a su juicio, en una «trampa saducea», un «cepo dialéctico» para quien ose en lo sucesivo sacarlas a relucir. Desacreditadas ante la opinión pública, habrán de dar paso a los partidos políticos cuando su discípulo el Príncipe Juan Carlos acceda al trono.

Tras declinar la llamada de Murat y los afrancesados al servicio del Rey José, Jovellanos había rechazado la radicalidad revolucionaria de las Cortes de Cádiz. A su amigo Lord Holland le expresó sus reparos a una declaración de soberanía nacional que, «sin explicación alguna», destruía «nuestra antigua Constitución» y sentaba un peligrosísimo precedente para las alternativas excluyentes. El siglo XIX le dio la razón.

Fernández-miranda se propuso acabar con esta nefasta lógica cainita. Tras el magnicidio del almirante Carrero Blanco, el presidente del Gobierno en funciones sortea el estado de excepción y pronuncia una críptica frase: «Hemos olvidado la guerra, pero no olvidaremos nunca la victoria». La victoria representa para él el trampolín de un deseo: acabar para siempre con las dos Españas despedazadas en la contienda.

Ahora bien, había que eludir dinamitar el orden social y político. Apeado del poder en el epílogo franquista, Fernández-Miranda considera imprescindible acceder a la democracia cambiando las leyes «desde los mecanismos de reforma en ellas establecidos». Sabe bien, y así se lo ha enseñado a Don Juan Carlos, que las leyes fundamentales del Régimen pueden derogarse conforme a lo estipulado por el artículo 10 de la Ley de Sucesión: aprobación de las Cortes y referéndum.

Desaparecido el dictador, es nombrado presidente de las Cortes y el Consejo del Reino. Su primera declaración resulta premonitoria: «Soy un hombre de bien, el pasado no me ata. Pero sí soy fiel a lo que el pasado me ha condicionado». Unos meses después, tras la dimisión de Arias Navarro y una decisiva reunión del Consejo del Reino, anuncia: «Estoy en condiciones de llevar al Rey lo que me ha pedido». La petición regia no consistía sólo en la inclusión en la terna del nombre de Adolfo Suárez, el presidente que convocaría elecciones libres. Suponía facilitarle, además, la Ley para la Reforma Política, es decir, la llave a la democracia «de la ley a la ley a través de la ley». A diferencia del texto gaditano, aprobado en medio del asedio francés y con adulteración del sistema representativo, la Carta Magna de 1978 es la primera elaborada por consenso de todas nuestras fuerzas políticas libremente elegidas.

Mientras agonizaba en Puerto de Vega, el otrora prisionero de Bellver deliraba: «Nación sin cabeza…, ¡desdichado de mí!». Superado por los cambios, murió con la amargura de no poder atemperarlos. Restaban cuatro meses para la promulgación de La Pepa. Fernández-Miranda vivió apenas año y medio bajo el orden constitucional. Había pilotado la fase inicial de la Transición por indicación del Rey. Desdeñosamente apartado por los nuevos protagonistas políticos, vivió con pirandelliana desazón lo que interpretaba una sustitución del necesario espíritu de consenso por una gratuita y artificial potenciación de la izquierda y la ruptura. Veía reverdecer, de nuevo, la discordia, favorecida por la deriva autonómica.

La necesaria recuperación de su legado desmiente la visión revisionista de quienes deslegitiman una Transición presuntamente impuesta a la oposición antifranquista. También cumple un deber de justicia para un asturiano egregio que, como Jovellanos, no sostuvo más partido que el de «la santa y justa» causa de la concordia entre españoles.

Álvaro de Diego González es profesor de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *