De la retórica a la política

Las coincidencias en los programas económicos del PSOE y el PP son mayores de lo que ambos quieren reconocer ante sus electores. Los dos tienen como objetivo fundamental anclar a España en el euro y crear empleo. Lo primero significa que la disciplina europea no se discute; ya se ha encargado Bruselas de recordarnos que necesitamos más ajuste fiscal. La pertenencia a una unión monetaria implica una cesión voluntaria y democrática de soberanía que se traduce en unas reglas fiscales de obligado cumplimiento. Los dos partidos quieren renegociar esas reglas y conseguir objetivos más flexibles, un calendario más dilatado de consolidación fiscal. Están en su derecho de intentarlo, pero los dos saben que no están los convulsos mercados para alegrías y que un nuevo ajuste será inevitable. No parece difícil ponerse de acuerdo en un programa creíble de reforma fiscal, reorientando la carga impositiva hacia figuras menos lesivas para el crecimiento y el empleo. Como también debería ser posible una revisión de los programas de gasto público para concentrar el grueso en las partidas más sociales y de inversión, sobre todo si hay acuerdo para renunciar al clientelismo fiscal.

Incluso en materia de igualdad hay más en común de lo que pueda parecer. Los dos partidos enfatizan la igualdad de oportunidades —no de resultados— y los dos critican que el sistema de prestaciones sociales hace depender en exceso las ayudas de la edad y del historial laboral del perceptor, lo que aumenta las desigualdades en tiempos de desempleo masivo y donde se excluye de toda prestación a los más jóvenes y a los expulsados del mercado de trabajo. El rediseño de las políticas educativa, laboral y de prestaciones sociales es clave a efectos de garantizar la igualdad de oportunidades.

Los grandes partidos hablan de una renta mínima, de prolongar las ayudas a los parados de larga duración con responsabilidades familiares, de los nuevos pobres. El problema es que en un contexto de elecciones sucesivas nadie cuenta, aunque se sabe, la otra parte de la historia: que, como no es posible aumentar significativamente el gasto público si no hay crecimiento, hay que redefinir las ayudas para hacerlas menos dependientes de la edad. O dicho en palabras incorrectas: que las pensiones de jubilación no pueden seguir llevándose una parte tan sustancial de los programas redistributivos sin que las desigualdades sociales aumenten.

El empleo es objetivo irrenunciable —cierto, por razones de equidad y de eficiencia— y así figura en todos los programas. PSOE y PP coinciden en que es responsabilidad del sector privado (mientras que Podemos confía en el sector público y el reparto del trabajo). Que el sector privado cree empleo exige unas condiciones previas en las que también coinciden los presuntamente irreconciliables: clima de estabilidad regulatoria y de seguridad jurídica, ambiente propicio para los negocios y regulación laboral no hostil. En materia laboral estricta, y pese al ruido de anular la reforma laboral, de lo que de verdad se trata para los socialistas es de corregir algunos excesos de la misma, sobre todo de recuperar el protagonismo sindical en la negociación colectiva. Pero comparten la necesidad de aumentar la movilidad geográfica y funcional del trabajo, la transición hacia un modelo de políticas activas que prime la capacidad de encontrar empleo frente al mantenimiento de rentas y subsidios, y la necesidad de encontrar fórmulas que compatibilicen rentas salariales y prestaciones sociales (minijobs con algún tipo de ayuda adicional). Coincidencia que se extiende a un punto clave: la sustitución progresiva de las cuotas a la Seguridad Social —un impuesto al empleo— por otros impuestos como mecanismo de financiación del Estado de Bienestar.

Donde las diferencias son radicales, afirman, es en las partidas de intangibles, las que se prestan más a la literatura y los excesos verbales. Pero afortunadamente ya tenemos los electores experiencia suficiente como para saber que las desavenencias en esas áreas no han sido estadísticamente significativas.

En definitiva, la discrepancia de fondo es la confianza en las propias posibilidades de gestión y la desconfianza absoluta hacia el adversario. Pero, como en los países desarrollados, las diferencias reales de PP y PSOE —las dos grandes corrientes de opinión— son de matiz, de énfasis; en el margen, como decimos los economistas. En esas condiciones, ¿es tan difícil un acuerdo? Los ciudadanos no entenderían lo contrario, por mucha retórica que escuchen.

Fernando Fernández Méndez de Andés es profesor en IE Business School.

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