No creo que nadie cuestione en nuestro país que la educación es el elemento fundamental para el desarrollo personal de sus ciudadanos y para el progreso como sociedad. El primer paso para resolver algunos de los retos a los que nos enfrentamos es mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes. En el ámbito de la economía nadie discute el impacto positivo que tiene la educación en un crecimiento sostenible a medio plazo. No se pone en duda la importancia de la educación para mejorar la salud y el bienestar personal. La educación redunda también en una participación política más activa. Todo ello son afirmaciones contrastadas, según el informe de la OCDE «Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2015». Pero podemos ir más allá: los expertos en áreas muy diversas, desde la seguridad vial hasta los embarazos de adolescentes o el consumo de drogas y alcohol por menores, consideran la educación como el elemento fundamental para poder enfrentarnos a estos problemas. Si debatimos sobre la manera de construir una sociedad más tolerante, donde desaparezcan la violencia de género, la homofobia y el racismo, siempre concluimos que la educación es la única vía para erradicarlos. Si, en fin, nos preocupa el aumento de la desigualdad y sus consecuencias sociales y políticas, vemos en la educación una forma, quizá la principal, de corregirla. Cada vez que analizamos un problema, la palabra educación es parte de la solución.
Si todos estamos de acuerdo en ello, ¿por qué gastamos poco y cada vez menos en educación? Gastamos poco en comparación con los países de nuestro entorno, de la OCDE y de la UE, y nuestro gasto se ha reducido (en porcentaje sobre gasto público total) mucho más en los últimos años que la media de esos países. Los datos del informe de la OCDE son desalentadores. Nuestro gasto en educación, ya sea respecto al PIB o a los ingresos públicos, es netamente inferior a la media de los países con los que nos comparamos. Dedicamos a educación un importe equivalente al 4,3% de nuestro PIB y al 8% de nuestro gasto público total, frente al 5,2% y al 11,6% de media de los países de la OCDE. Estamos hablando de casi 10.000 millones, en la comparativa con el PIB, y de una cifra superior a 15.000 millones si lo referenciamos al gasto público.
Ello supone que estamos limitando nuestro potencial de crecimiento como país y que estamos privando a un gran número de nuestros niños y jóvenes de lograr alcanzar una vida plena. Vivimos en un sistema que preconiza la igualdad de oportunidades y que basa su desarrollo en el crecimiento económico, pero, en la práctica, decidimos no apostar por él. Tomamos la decisión de no invertir (sí, invertir, la educación no es gasto) en mantener el sistema en que vivimos y los valores que encarna. Preferimos dar prioridad a otros gastos poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema. El peligro vendrá por nuestra propia incapacidad de dar el bienestar que prometemos y por orillar a los colectivos más desfavorecidos, que tienen mayores dificultades para acceder a la educación.
Muchas personas intentan compensar, tanto en la educación reglada como en organizaciones del tercer sector, las carencias del sistema y las derivadas de la falta de recursos. El compromiso de esas personas y organizaciones con los niños y jóvenes no deja de ser un remedio paliativo insuficiente. El primer remedio tiene que ser el compromiso de la sociedad de invertir en educación. De invertir más. Por ello es urgente un compromiso político para revertir la tendencia y empezar a incrementar la inversión. Nos hemos comprometido con la UE a hacer un ajuste fiscal significativo en 2017, y ello suponiendo que este año cerremos las cuentas con un déficit del 4,6%. Independientemente de que dicho ajuste proceda del incremento de ingresos debido al crecimiento económico, de subidas impositivas o de recortes del gasto, no nos podemos permitir que el ajuste afecte a la educación. Es más, necesitamos incrementar esta partida. Es un primer paso, tan importante como pactar un modelo educativo. Mientras, los profesionales del sector y las organizaciones que colaboramos con ellos seguiremos tratando de cubrir las carencias del sistema y la falta de recursos. Pero es una solución parcial, insuficiente e injusta. Nuestra vocación desde del tercer sector es cubrir, con la ayuda de miles de ciudadanos y empresas que nos apoyan, un hueco que se ha hecho muy amplio y que sigue creciendo. Sus consecuencias en el medio plazo son nefastas. La responsabilidad de evitarlas es de todos. Tomemos las medidas ya. La primera, incrementar la inversión en educación.
Ignacio Ojanguren, presidente de la Fundación "Balia por la infancia".