Contaba Giovanni Guareschi las desventuras de unos campesinos algo sinvergüenzas que, en tanto los americanos avanzaban por la península italiana en el caos de la destitución de Mussolini, se apropiaron de un tanque abandonado, decían, por las tropas alemanas en retirada. Lo escondieron cuidadosamente en un granero, decididos a aprovecharlo como tractor. Llegada la paz, comprobaron que no estaban capacitados para una transformación de tal envergadura: ¿qué hacer?, ¿cómo explicar la posesión del armatoste? Tenían que evitar que se les involucrara en actividades subversivas. Angustiados, pidieron consejo al alcalde comunista del pueblo, que puso en movimiento la maquinaria del partido para hacerlo desaparecer. Una vez conseguido, Pepón, que así se llamaba el alcalde, les apostrofó: «¡Traidores, no era alemán, era americano!». A lo que avergonzados se limitaron a responder: «Americano, alemán… todos hablan lenguas extrañas!».
Cuando se hablan distintas lenguas, se resquebraja el sentimiento de pertenencia común desde el momento en que la expresión verbal afecta a los propios mecanismos de conformación cerebral, como acreditaría cualquier especialista. En esencia, incluso en sentido literal, eso es lo que nos está pasando: el experimento autonómico, que nació con la misma alegría que produjo en su día el 14 de abril de 1931, está terminando en un fracaso que puede conducir a la ruina ahora de nuestra monarquía parlamentaria. A manera de taifas, estamos generando tan distintos intereses, separándonos en tantas lenguas, que el ambiente llega a ser irrespirable. Es imposible afrontar una política unitaria común, saboteada incluso a nivel exterior. ¿Cómo ha sido posible?
Primero.– La articulación territorial del Estado español, que surge con la Constitución de 1978, vino condicionada por razones históricas: la existencia de unas comunidades con fuerte referencia nacional, y cuya singularidad jurídica se justificaba por haber contado en la II República con Estatutos de Autonomía, los casos de Cataluña, por ley de 15 de septiembre de 1932, y del País Vasco desde octubre de 1936. También Galicia plebiscitó la correspondiente norma el 28 de junio de 1936, sin poder aplicarse por la inmediata ocupación franquista. Con el advenimiento del régimen constitucional, las tres fueron consideradas, desde el inicio, como nacionalidades históricas. El peso determinante de sus lenguas propias, y la represión que sufrieron durante la dictadura, las hizo objeto de relevante atención. También la fuerza de sus relatos de autoidentificación. Era lógico que el restablecimiento de las libertades públicas implicara el reconocimiento de su particularidad.
Segundo.– El problema es que una parte importante de la clase política, la más conservadora especialmente, sintió pánico ante el potencial desestabilizador catalán y vasco. Generalizaron entonces un Estado de las Autonomías al objeto de debilitar los peligros del separatismo. Creían que si todos tenían café el problema se diluiría. No era mera estupidez, tenían serios argumentos: el fracaso de la Primera República no puede entenderse sin el cantonalismo. En el de Cartagena, por ejemplo, un personaje singular, Antonete Gálvez, llegó a proclamarse comandante «general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada» enarbolando una bandera turca creyendo pintorescamente que se trataba de la roja. Y en la Segunda, basta leer a Hugh Thomas o a Gabriel Jackson para darse cuenta de la responsabilidad de los nacionalistas, incluida la proclamación de un Estado catalán en 1934, en su destrucción.
Si se juzga simplemente desde la deslealtad, habría que recordar, en plena Guerra Civil, el Pacto de Santoña por el que las fuerzas militares controladas por el PNV se rindieron por su cuenta a las tropas italianas sin consultar al Gobierno legítimo.
Tercero.- Este 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía y es cierto que en la Transición, también en esta comunidad, los antifranquistas se manifestaban reivindicando un Estatuto de Autonomía. Los andaluces no eran ajenos a su rica historia, y no podían olvidar el rasgo distintivo que los caracterizaba: un atraso social que exigía intensa labor de transformación, pues como fue poéticamente señalado el día de la investidura de su primer presidente: «Es hora de que este pueblo empiece a cantar sin pena», para que sea «la vida [y no la injusticia de siglos] la que toque la guitarra». Pero la misma necesidad de diferenciación sería predicable de Canarias, con su reivindicación atlántica, Aragón, Valencia y todas las demás. El problema radica en que una cosa es una descentralización administrativa y otra, bien distinta, crear 17 estados con sus respectivos padres de la patria, parlamentos, ejecutivos y reivindicación de propia, e irrenunciable, nacionalidad. Después de 40 años, todo ha terminado siendo ridículo y bien triste
Cuarto.- Ya no hay vuelta atrás, sin embargo. Y demuestran falta de inteligencia los más radicales portaestandartes del centralismo. Eliminar el Estado de las autonomías es imposible, originaría una rebelión social imposible de contener. Decían los antiguos que nada se puede contra «las leyes subterráneas de la historia», que favorecen en este momento tribales resistencias frente a la globalización. En casos así, lo prudente sería intentar controlar el fenómeno antes que oponerse frontalmente. Además, la proliferación de instancias intermedias no sólo acerca el poder al pueblo, puede resultar un instrumento bien eficaz para la planificación y el desarrollo. Los dirigentes de Vox, representantes de un nacionalismo puramente reactivo frente a la agresividad independentista, deberían tenerlo en cuenta.
Quinto.– Si no hay posibilidad de retorno, y la efectividad actual de nuestra articulación territorial resulta imposible, es que necesitamos una reforma constitucional; pero hay que saber qué se pretende. Claro que es necesario fomentar una política generosa de consenso, es lo que hicieron los constituyentes del 1978. La diferencia es que ellos conocían el objetivo: el restablecimiento de la democracia y de las libertades. Los temores conservadores podían chocar con las ideas de Jordi Solé Tura cuando profundizaba sobre burguesía, naciones y nacionalismo en España.
El marco, sin embargo, era bien claro: la equiparación política de nuestro país con el resto de las democracias occidentales. Un hombre inteligente como Fraga sabía que, en este sentido, sería disparatado oponerse a Peces Barba o al respetado Miquel Roca. Las fuerzas constituyentes, desde Alianza Popular al PCE, compartían un mismo universo cultural. Además, eran prudentes y supieron enterrar el pasado. Los iluminados como Blas Piñar fueron apartados y, afortunadamente, no había surgido el fanatismo de Quim Torra.
Sexto.– Hoy día, antes de abordar una reforma de esa naturaleza, sería imprescindible saber lo que se quiere, y no se sabe. Mientras los independentistas sigan insistiendo en el referéndum unilateral sería imposible cualquier negociación, y lo mismo cabría decir sobre la opción república-monarquía que todo el mundo es consciente que constituye un tema nada secundario. No existen puntos mínimos comunes. Los esfuerzos de entendimiento del gobierno, incluso para una sensata salida al tema de los presos, recomendable muestra de humanidad, no serían rechazables siempre que tengamos la tranquilidad de que no se nos quiere engañar. ¿Por qué no se explica Pedro Sánchez? ¿Por qué es incapaz de llegar a acuerdos previos con la mitad del pueblo español representada por el resto de partidos constitucionalistas?
Nuestro presidente debería saber que Cataluña no es Québec ni Escocia; Canadá y el Reino Unido tienen sistemas constitucionales distintos, cualquier jurista se lo podría explicar. Y es el Derecho el que determina la nacionalidad, pues constituye el pacto social que une a todos los que poseemos el mismo pasaporte. Si se rompe, nada es eterno, tendría que ser con nuestra voluntad. Nadie duda de que hay que buscar una generosa solución al problema catalán, pero si alguien llegara a pensar que cabe dividir, según líneas estrictamente geográficas a catalanes y andaluces, demostraría ignorancia e irresponsabilidad. ¡Sería un memo, vaya!
Plácido Fernández-Viagas es magistrado y letrado de Asamblea Legislativa. Doctor en Ciencias Políticas.