La cumbre de Lima sobre el cambio climático acabó el pasado fin de semana con un acuerdo débil in extremis. Según este los países se comprometen a presentar de forma genérica compromisos individuales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con fecha 31 de marzo del 2015, con la perspectiva de la cita de París de diciembre del mismo año para sustituir al protocolo de Kioto. En Lima se vivió la tensión entre países desarrollados y en vías de desarrollo. Estos últimos exigen ayuda para limitar sus emisiones porque no se consideran responsables de las emisiones realizadas ya por los países desarrollados desde el principio de la revolución industrial. El gran problema del protocolo de Kioto es que no fue un acuerdo global de reducción de emisiones sino limitado a una treintena de países. Ni EE.UU. ni China ratificaron el protocolo. Los objetivos ambiciosos de la Unión Europea en conservación han servido para que otras regiones del mundo expandieran la producción y las emisiones. Así China e India han primado obtener una energía a bajo coste mientras que EE.UU. ha priorizado la seguridad del suministro energético. Sólo Europa ha primado el (caro) objetivo de la energía limpia. Es el conocido problema de la “fuga del carbono”; la UE aporta sólo el 11% de las emisiones globales de CO . La conservación es un bien público cuyo coste muchos países desean que sea asumido por el vecino. El problema persiste a pesar del avance que supuso el acuerdo de intenciones reciente entre China y EE.UU. sobre el control de emisiones. La ambición de la cumbre de París es establecer por primera vez un acuerdo global que reparta los costes de la lucha contra el cambio climático de manera equitativa, con compromisos por países que se deberían implementar a partir del 2020. No será fácil y será necesaria la imaginación y generosidad en las propuestas, sobre todo por parte del mundo desarrollado.
He dado por hecho que hay que luchar contra el cambio climático. Según los paneles científicos sobre el tema, un calentamiento de más de dos grados centígrados por encima de la época preindustrial puede desestabilizar el clima y provocar efectos devastadores. La cuestión es que la desestabilización no es una certeza sino un escenario probabilístico. ¿Por qué hay que actuar? Actuando se evita la posibilidad, aunque sea un tanto remota, de que ocurra un desastre de gran magnitud. Es como asegurar la casa contra un incendio. La probabilidad del desastre puede ser baja pero si ocurre es devastador. Vale la pena incurrir en un coste cierto pero acotado para evitar un escenario potencialmente catastrófico. Para limitar el aumento de temperatura a dos grados hay que reducir las emisiones de manera sustancial en el horizonte del 2050 para que en el planeta no se emita más que una determinada cantidad adicional de CO . El esfuerzo será enorme pues la proyección es que las emisiones globales van a seguir creciendo hasta la década del 2030.
La UE planteó el paquete 20-20-20 en el 2007 para el 2020. Se trataba de reducir como mínimo un 20% las emisiones con relación a 1990, obtener un ahorro energético del 20% sobre las proyecciones, y una cuota de energía renovable del 20%. Estos objetivos están en proceso de ser cumplidos y ahora la UE ofrece un recorte de emisiones del 40% para el 2030 en relación con 1990 y un aumento de la cuota de las renovables de hasta el 30% así como de la eficiencia energética. La UE ha desplegado una batería de medidas y regulaciones para cumplir los objetivos del cambio climático: un sistema de certificados de emisiones que pueden ser comerciados en el mercado, ayudas a las tecnologías renovables y directivas de ahorro energético. Si el objetivo es reducir las emisiones, en principio un solo instrumento sería suficiente, ya sea poner un impuesto sobre el carbono o unas cuotas de emisión equivalentes al impuesto (el sistema de certificados de emisión). Utilizar más instrumentos puede tener efectos no deseados, como hemos visto en el caso de las renovables. En efecto, la mala calibración de los subsidios a las energías renovables ha llevado a una mala asignación de recursos. El caso de España es paradigmático: algunos objetivos se alcanzaron en meses en lugar de años y la sobreinversión ha inducido una marcha atrás en las remuneraciones que dejan malparada la seguridad jurídica en el Estado Español. En el 2008 España era el mercado más grande del mundo para la nueva generación solar pero tanto la manufactura como la instalación de nueva capacidad se colapsaron en el 2009 cuando se redujeron los subsidios. Un fenómeno similar ha sucedido en Alemania entre el 2008 y el 2010. La ayuda a las renovables se justifica a veces también por los efectos inducidos en la estructura industrial en base a la teoría de la industria naciente. El subsidio a una industria nacional sujeta a la curva de aprendizaje, en donde una mayor producción acumulada rebaja los costes, le proporciona una ventaja en la competencia internacional que redundará en beneficio de todo el país. En la práctica, esta política de algunos países europeos ha dado excelentes resultados para desarrollar la industria de paneles solares de China y Taiwán.
La crisis económica rebajó las emisiones de modo notable pero la bajada del precio del petróleo tenderá a reanimar el consumo de los combustibles fósiles. El control del cambio climático seguirá siendo un tema de primer plano y habrá que afinar los instrumentos de política económica para evitar errores pasados. Todas las decisiones difíciles se han pospuesto a la cumbre de París. Si de ella sale un acuerdo global vinculante de control de emisiones y, aunque sea implícitamente, un precio adecuado para el carbono, se habrá avanzado de manera muy importante.
Xavier Vives, profesor del Iese.