De lo público y lo privado

En unos tiempos en los que las palabras parecen no significar nada o significar solo lo que quien las emplea les obliga a significar sustituyendo el significado propio por el subjetivo de cada hablante, a las palabras público y privado les ha llegado también su turno.

Es cierto que estamos acostumbrados a hablar de enseñanza pública y privada, aunque la realmente privada sea relativamente escasa en España. Cuando se habla de enseñanza privada nos referimos mayoritariamente a la concertada. Aunque para la cuestión que analizan estas líneas la distinción entre concertada y privada no es significativa. La diferencia mayor radica en la financiación: la concertada se sostiene, en buena medida, gracias a la subvención que reciben de las administraciones públicas, mientras que la más privada, al no recibir subvención alguna, puede ser llamada privada con algo más de razón.

A pesar de estas diferencias, algunos que han analizado el tema con la lógica del Estado aconfesional afirman, y creo que con mucha razón, que en los estados democráticos actuales, desde la Ilustración en concreto, toda la enseñanza es pública, independientemente de que los centros puedan tener una titularidad diferente de la Administración pública correspondiente. El sistema de enseñanza democrático o es público o no existe.

Que la enseñanza sea pública se deriva de las condiciones necesarias en las que debe tener lugar. Los programas que se enseñan obligatoriamente en las escuelas, sean de titularidad pública, concertada o más privada, son aprobados por los órganos estatales correspondientes. Son estos organismos públicos los que deciden lo que deben aprender los alumnos, a qué edad, en qué orden, cuándo y cómo tienen que dar cuenta de lo que van aprendiendo. No hay ninguna indicación programática por parte de los titulares de las escuelas concertadas y privadas. Tampoco debiera haberlas por parte de los que poseen como profesores de la pública una plaza en propiedad (bien privada y particular, por cierto).

Son los mismos organismos públicos los encargados de fijar las condiciones que deben cumplir los encargados de impartir la enseñanza en cualquier tipo de centro. Qué titulación universitaria se les requiere, cuáles son los centros superiores de enseñanza en los que han podido adquirir esa titulación. Son los organismos públicos los que deciden cuántos alumnos puede haber por clase, los que regulan el modo de acceso de los alumnos a qué centros y en qué condiciones. Incluso pueden entrar a detallar cómo debe ser el espacio en el que tiene lugar la transmisión de conocimiento, al igual que los espacios de recreo y deporte con los que debe contar cada centro, independientemente de su titularidad.

Todo lo importante que sucede dentro de una escuela en un estado democrático aconfesional está regulado por los poderes públicos. En ese sentido, no existe enseñanza privada en democracia: toda la enseñanza es pública, existe solo un sistema escolar público, aunque puedan existir distintos titulares que se responsabilicen de la gestión de esos centros. Existe además lo que se denomina la alta inspección estatal, además del sistema de inspección que funcione en cada provincia, en cada Comunidad Autónoma. Sistema de inspección que vela por el cumplimiento de todo lo que hace que la enseñanza se ajuste en todo y en todo momento a las exigencias que implica que el sistema único de enseñanza de un estado democrático sea público.

Siendo lo que antecede así, extraña que una y otra vez surja de las aguas de algún lago desconocido como fantasma el debate entre la escuela pública y la privada. Recientemente ha sucedido así a raíz de las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, rápidamente matizadas después de haber cumplido su función de alertar, introducir miedo en el debate, preparar el terreno o lo que fuera. En España está garantizado que la enseñanza es y será pública en los parámetros indicados en los párrafos anteriores, que son los que realmente importan. ¿Cuál puede ser la razón de que surja el debate una y otra vez? Varias son las razones posibles.

La primera es que para determinado progresismo e izquierdismo solo lo que nace de, es controlado por y está sometido a las directrices del Estado y de sus órganos administrativos es realmente público. Lo importante, la formación de las mentes de los futuros ciudadanos, debe estar completamente sometido a la gestión de los organismos públicos. En esa área tan importante de la preparación de los futuros ciudadanos no debe tener lugar ningún agente social y ciudadano. Casi ni siquiera los propios padres. Es por eso por lo que se impulsa con todas las fuerzas que la incorporación de los niños al proceso escolar se produzca desde los 0 años –y sé que la conciliación familiar, facilitar la incorporación de los padres, en especial de las madres, al mundo laboral es una razón seria–. Pero la sospecha de que detrás de todo ese esfuerzo se esconde la voluntad de control mental de los más jóvenes, de los más moldeables y desde el inicio, no dejando nada al azar ni a la libertad de otros agentes sociales y ciudadanos está ahí.

Una segunda razón puede radicar en percibir a la enseñanza concertada, siendo pública en su contenido y en la regulación, como elemento distorsionador del normal funcionamiento del sistema escolar. Puede propiciar la comparativa entre centros, puede impulsar la competencia, puede facilitar entre los padres el ejercicio de la libertad de elección, dentro de unos límites claro. Comparativa, competencia y libertad de elección: elementos todos ellos distorsionadores del orden racional establecido por los rectores de la cosa pública –se escriben estas líneas tras la demoledora sentencia de los ERE de Andalucía–.

Una tercera razón se deriva de la creencia de que el dinero destinado como subvención a la escuela concertada es un dinero de todos regalado a la Iglesia católica. La consideración de que la escuela concertada forma parte estructural del sistema único escolar público en España desmonta desde su propia raíz esta creencia. La subvención dedicada a las escuelas concertadas es dinero dedicado al servicio público de enseñanza. Y no solo eso: ahorra a las administraciones públicas una buena cantidad de euros. Basta para constatarlo mirar cuál es el coste de un alumno en una escuela concertada y uno en la escuela de titularidad pública. –Por la edad que tiene quien firma estas líneas, está en condiciones de recordar el debate que se produjo en los años setenta del siglo pasado entre el canciller Willy Brandt y los Jusos –las juventudes socialistas– que reclamaban acabar con las subvenciones dedicadas a lo que llamaban la sanidad privada que en realidad era sanidad concertada, pues así como en Alemania la escuela concertada es inexistente, la sanidad concertada tiene mucha presencia social, debate que acabó con la orden de Brandt mandando callar a sus jóvenes con las palabras: no tenéis ni idea de cuánto dinero ahorramos gracias a la sanidad concertada, dinero que podemos dedicar a otras políticas sociales.

Estamos en unos momentos en los que desde la izquierda y el progresismo se reclama el respeto al pluralismo. Pero parece que el único pluralismo que se tiene en cuenta y que vale es el pluralismo lingüístico, el pluralismo identitario y el territorial –parece que lo común ya no le importa a nadie–. Pero existe un pluralismo social que se manifiesta de muchas formas. Una de ellas es la libertad de creación de centros de enseñanza, y otra la libertad de elección de centro educativo. Y el respeto a este pluralismo no vale menos que el lingüístico, o que el territorial que tantos problemas parecen causarnos, cuando en el caso de la enseñanza concertada lo común está –quizá sería mejor decir puede estar– mejor preservado que lo común en los otros pluralismos citados aunque éstos estén haciendo mella y grave daño al cuidado de lo común también en las escuelas concertadas.

Una pregunta para terminar: ¿por qué en los últimos tiempos la progresía de izquierda que nos enseñó a todos que el ser humano se constituye en sus relaciones sociales ha derivado en la privatización de lo que más importa del ser humano predicando el discurso de «mi cuerpo es mío», «mi vida es mía», «mi muerte es mía», yo soberano que decido sobre todo ello sin tener en cuenta a nadie más que a mí mismo?

Joseba Arregi, ex consejero del Gobierno Vasco, es ensayista.

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