De Mesina a Berlín

Por Josep Borrell Fontelles, presidente del Parlamento Europeo (EL PAÍS, 23/06/06):

Al final del “periodo de reflexión” 16 países, contando con Finlandia, habrán ratificado el Tratado Constitucional. Pero otros tres, o más, no están decididos a intentarlo. Y Francia y Holanda no van a re-votar el mismo texto ni después de sus próximas elecciones. Así, entre la difícil ratificación y la prematura revisión, el Consejo ha decidido que era urgente esperar.

Las instituciones seguirán funcionando normalmente en lo cotidiano. Pero los problemas de dimensión, legitimidad y eficacia de la Unión Europea pueden entrar en un círculo vicioso que los retroalimente.

Por ello, no basta con dar tiempo al tiempo. El Tratado Constitucional no fue un capricho estético de los que desean una visión global de la Europa política. Surgió del convencimiento de que el Tratado de Niza no ofrece una base viable para seguir el proceso de integración europea.

A lo largo del “periodo de reflexión” hemos recibido de los ciudadanos muchos mensajes, a veces contradictorios. Y escuchado los mismos temores puestos de manifiesto durante los referendos en Francia y Holanda.

La globalización infunde temor. Con razón o sin ella, el 47% de los europeos la considera una amenaza. Las ampliaciones inquietan. La competencia internacional cuestiona los sistemas de protección social. La inmigración y el envejecimiento de la población alteran las estructuras sociales. Las identidades nacionales se sienten amenazadas. Regiones cercanas muestran una inestabilidad peligrosa y la amenaza terrorista sigue presente.

¿Cuál es el papel de Europa frente a estas inquietudes? Los europeos creen que Europa está demasiado presente allí donde no se la ve necesaria, o está demasiado ausente allí donde sería más útil. Piden más Europa, pero para resolver problemas para los que sus gobiernos no han querido darle competencias.

Los europeos perciben poco los beneficios globales de su Unión. Europa aparece menos por sus ventajas que por los problemas que plantea o las soluciones que no aporta. Una enorme tarea pedagógica sigue siendo necesaria.

La ampliación ha sido objeto de frecuente debate. ¿Cuál es la “capacidad de absorción” de nuevos miembros, más allá de los 27 que seremos con Rumania y Bulgaria? ¿El límite es psicológico o económico? ¿Está en la mente o en el bolsillo? ¿Es un problema de viabilidad operativa o de naturaleza del proyecto?Las ampliaciones, con todas sus dificultades, han sido el mayor logro estratégico de la construcción europea. Han reforzado la estabilidad política y la prosperidad económica del continente europeo. Y han reunificado Europa por medios pacíficos.

Pero también han aumentado, y aumentarán, nuestra heterogeneidad. Europa es hoy un mundo en miniatura. Con diferencias de renta que van de 1 a 20. Y con historias diferentes que producen diferentes visiones del mundo y de la misma Europa.

Por ello, acuerdos basados en la unanimidad son cada vez más difíciles. Con frecuencia acuerdos mínimos que generan más frustración que soluciones.Reglas de decisión inadaptadas al número generan ineficacia. Y la ineficacia deslegitima. Éste es el círculo vicioso al que antes me refería.

No es sensato seguir añadiendo pisos a un edificio sin preocuparse por la solidez de sus cimientos. El Parlamento Europeo cree que con el marco institucional en vigor no es posible continuar el proceso de ampliación. Razón de más para salir del impasse constitucional. Y poder así cumplir con la perspectiva europea que hemos ofrecido a los Balcanes.

Para evitar que cada vez haya más europeos pero cada vez menos Europa. Y para que la ampliación no reduzca su ambición política.

Ampliación e integración deben guardar un equilibrio complementario. Y hoy muchos europeos perciben el desequilibrio entre una dimensión que no cesa de aumentar, objetivos cada vez menos claros e instrumentos cada vez menos adaptados.

Por todo ello, hay que acompañar la reflexión con la acción. Primero, continuando el proceso de ratificación. La unanimidad es necesaria pero no es lo mismo que sean sólo dos, o más o menos de cinco, los países que no hayan ratificado. Segundo, preservando el sistema institucional propuesto en el Tratado Constitucional. Será muy difícilconstruir la unanimidad sobre otro diferente. Y tercero, desarrollar políticas más ambiciosas con los medios de los que disponemos.

Si los Estados miembros quieren, es posible hacer más y mejor con los actuales Tratados. La “Europa de los proyectos” no es una alternativa a un proyecto para Europa, pero es necesario hacer más perceptibles los efectos positivos de las políticas europeas.

La insuficiente coordinación de las políticas económicas o de la cooperación judicial y policial no son un problema técnico ni institucional sino de falta de voluntad política.

Lo mismo ocurre con la inmigración. Si Europa quiere influir en la mundialización, sobre todo en África, he aquí la gran prioridad. Pero, siete años después de Tampere, sólo hemos avanzado realmente en uno de los cuatro aspectos de una política común de la inmigración: la lucha contra la inmigración ilegal.

En los otros tres: inmigración legal, cooperación con terceros países e integración de los inmigrantes, hemos avanzado poco o nada. La regla de la unanimidad bloquea la toma de decisiones. Para avanzar hay que aplicar el voto por mayoría calificada en el Consejo y la codecisión con el Parlamento Europeo y ello es perfectamente posible con el actual Tratado.

El Tratado Constitucional preveía la comunitarización de la cooperación policial y judicial. Pero los Tratados actuales ya permiten hacerlo. Esto significaría más rapidez, más eficacia y más control democrático.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia anulando, a iniciativa del Parlamento Europeo, una decisión del Consejo y de la Comisión sobre la transmisión a las autoridades americanas de los datos personales de los pasajeros aéreos, se hubiera podido evitar si lo hubiéramos hecho antes.

Cualquier revisión que sea necesaria del Tratado Constitucional debe incorporar la dimensión parlamentaria. Europa no se seguirá construyendo sin sus ciudadanos, es decir sin una mayor implicación de sus Parlamentos. Es una de las grandes lecciones de esta experiencia.

Esperemos haberla aprendido cuando se redacte la “Declaración de Berlín” con la que el Consejo se propone celebrar medio siglo del Tratado de Roma, buscando la huella de los padres fundadores en la Declaración de Mesina.

Ciertamente, Mesina, en 1955, fue el antídoto del fracaso de la Comunidad Europea de Defensa. Pero Mesina no hablaba sólo de un mercado común. Su relectura sorprende por la profundidad de su ambición política.

Ya se proponía una política común de energía y armonizar las políticas sociales, un tema hoy tabú. Y reglas comunes sobre el tiempo de trabajo, acuerdo todavía imposible de lograr.

A la vista de esta realidad, no recordemos Mesina para decir menos entre más. En Berlín, ¿reafirmaremos los valores y objetivos de la Unión, que ya hemos definido en el Tratado Constitucional, o nos embarcaremos en una nueva y difícil negociación?

En los referendos el problema suele no ser el texto sino el contexto. Pero no utilicemos los contextos como pretextos. Porque cualesquiera que sean los textos sobre los que los europeos nos pongamos de acuerdo, sólo tendrán valor por las convicciones compartidas que reflejen y por la voluntad política de aplicarlos.