Corría el año 1990 cuando ya se fraguaba en Euskadi uno de los escándalos más importantes y lesivos que ha vivido la historia democrática de nuestra comunidad autónoma en lo que afecta a las responsabilidades gubernamentales. En el seno del Gobierno vasco presidido por Ardanza, y más concretamente en la cartera socialista de Sanidad, se fraguó un fraude que tuvo como marco y como escenario la convocatoria y celebración de oposiciones en diferentes categorías profesionales de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.
Algunos de los principales directivos y responsables de la sanidad pública vasca idearon, planificaron y llevaron a cabo el mayor fraude que se ha producido en España para que personas militantes o afines al Partido Socialista de Euskadi y a la UGT, como se puso públicamente de manifiesto, accedieran a puestos estatutarios dentro del sistema público haciendo saltar por los aires la ley y los principios de mérito y capacidad que exige cualquier oposición pública, y lógicamente destripando el principio de libre acceso en condiciones de igualdad que debía de presidir la superación de las correspondientes pruebas selectivas a los empleos públicos que necesitaba nuestra red pública de salud.
Y actuó la Justicia y los organizadores del fraude pagaron con condenas y con penas de prisión. Y cumplió el Parlamento vasco en la 4ª legislatura constituyendo una comisión de investigación, en dos intentos. El primero fue rechazado por la mayoría gubernamental en 1991, pero después de posteriores aportaciones e informaciones sobre la magnitud del fraude la comisión especial de investigación vio la luz en 1994, de la mano del Partido Popular y de EA, y de otros partidos hoy no parlamentarios, y analizó y concretó, en inequívocas conclusiones en julio de 1994, lo que fue uno de los ejemplos de manipulación y fraude más clamoroso de los últimos años.
Aquella investigación parlamentaria se centró en analizar las responsabilidades políticas surgidas de las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza de 1990 y ahora se hace necesario abordar en sede parlamentaria un proceso, una comisión de investigación, que también analice la utilización del dinero público en lo que es la gestión y la Administración del Museo Guggenheim-Bilbao.
El desfalco y las irregularidades en la contabilidad y en el control administrativo y económico surgidas de la dirección financiera del museo hacen que, en paralelo a la investigación judicial, penal, de un fraude continuado en el tiempo, desde hace más de diez años, sea necesario una investigación política.
El dinero público es lo que fundamentalmente nutre a la Fundación Guggenheim Bilbao y lo que hace que sus sociedades, Tenedora e Inmobiliaria, funcionen tratando de gestionar la compra de obras de arte y la adquisición y administración de los edificios del museo. El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya son los financiadores del mismo y quienes tienen un deber ineludible de vigilar la correcta aplicación de las partidas de los presupuestos generales vascos o vizcaínos al fin cultural perseguido. Y esa vigilancia ha fallado, unida a la clamorosa desidia observada en el control interno de la propia Fundación y a las dificultades con las que de una manera patente se ha encontrado el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas en sus trabajos de fiscalización, y que se han puesto de manifiesto en informes y en declaraciones del propio Tribunal. Urge, pues, la investigación.
Es imprescindible identificar y calificar los delitos cometidos, y eso lo harán los jueces en el proceso penal que se abrirá, que esperemos no se dilate mucho en el tiempo. También es preciso verificar las responsabilidades políticas y públicas, recordando que el Museo se financia con dinero de los contribuyentes vascos, analizar el descontrol y la falta de vigilancia de los recursos del común durante más de diez años y, además, es moralmente exigible -el Guggenheim constituye algo más que un museo, es un símbolo- limpiar una imagen dañada dentro y fuera de Euskadi.
Y lo que está claro es que han de ser tres fases las que se articulen en el proceso de organización de la comisión parlamentaria de investigación. La primera es la declaración pública, de la mano de la iniciativa del Grupo Popular, de visto bueno para constituir ese órgano de identificación de responsabilidades, haciendo que la Cámara se coloque a la cabeza del esclarecimiento de lo sucedido: será una buena noticia. La segunda es que la capacidad de exigir del Parlamento puede hacer aflorar datos, testimonios y documentación esencial para saber lo que pasa en la gestión financiera del dinero público. Y de esto se beneficia la sociedad en su conjunto y también las investigaciones fiscales y judiciales. Y la tercera fase, la de las conclusiones, además de identificar las responsabilidades políticas sirve para que se adopten medidas concretas en relación con la gestión de las sociedades participadas por las instituciones públicas, y constituye un llamamiento a la transparencia y a la claridad en la administración de los presupuestos y puede regenerar el valor y la dignidad de lo que algunos han querido mancillar con sus actuaciones.
El gran museo de Bilbao y lo que representa como símbolo han sufrido mucho en los últimos meses y no podemos permitir que se instale en nuestra sociedad una sensación de que existen tres Guggenheim. El artístico, exitoso y referencial, unido a la modernidad y a la vanguardia creativa, pero debajo de él, un Guggenheim financiero, tramposo y oscuro, que ha sorteado los controles de la ley y del procedimiento administrativo y fiscalizador y, a la vez, un Guggenheim político de complicada pero indubitada expresión.
El PNV ha acaparado históricamente las tres patas que conforman la Fundación Guggenheim. Las dos institucionales, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, asientan y han asentado sus departamentos de Cultura en el control político de responsables íntimamente ligados a la disciplina jeltzale. Desde la concepción inicial del proyecto de pinacoteca y desde Ardanza a Ibarretxe o desde Bergara a Bilbao pasando por Azkarate, Garmendia, Azua, Uribetxeberria, Madariaga, Greaves, Aristondo, todo, absolutamente todo ha estado supervisado dirigido y controlado (es un decir) por Sabin Etxea. Y la tercera pata es la del interior. Un sencillo análisis, empezando por su director general, de la obediencia política a la que rinden cuenta los directivos y altos responsables de la Fundación confirman todo lo anterior. Nada en el Guggenheim ha escapado desde su constitución al control del PNV. Todo ello sin contar al Ayuntamiento de Bilbao, con menos responsabilidades en la gestión financiera de la Fundación y de las sociedades pero igualmente presente en toda su andadura. Alguna reflexión crítica merece, desde mi punto de vista, tanta presencia unidireccional y unilateral.
¿Tres Guggenheim? ¿Un cúmulo de desaciertos e irresponsabilidades negligentes? ¿Consagración consciente de la opacidad? ¿Una sola firma gestionando millones de euros? ¿Falta deliberada de control? ¿Prepotencia? ¿Desidia? Muchas preguntas y, de momento, pocas respuestas.
La inicial apariencia de corrección ha dado paso a la sospecha constante. Primero con la pérdida de mil millones de pesetas en una oscura y arriesgada operación de compra de divisas, sin seguro de cambio, y de la que aún no se conocen todos los extremos y que fue gestionada por el Departamento de Finanzas del propio museo. Después nos hemos encontrado con infinitas dificultades para conocer el precio pagado por las obras de arte y las formas de pago de las mismas entre bancos internacionales y paraísos fiscales y, finalmente, aflora un desfalco instalado en el tiempo que también se une a una alteración fraudulenta y continuada de documentos, firmas suplantadas o falsas, contabilidad alterada y desaparecida, utilización ilegítima de claves telemáticas, etcétera.
Está claro que la investigación parlamentaria es oportuna. Lo fue en el escándalo de las oposiciones de Osakidetza y también es procedente y atinada en lo concerniente a la administración del Museo Balenciaga y su expresión en el derroche y desaparición de fondos públicos vinculados a la obra del ilustre modisto de Getaria, como ya lo ha certificado el Parlamento. Ahora la Cámara debe trabajar para identificar la verdad de lo sucedido y para rehabilitar el buen nombre de uno de nuestros símbolos culturales de mayor proyección, el Guggenheim.
Carmelo Barrio Baroja