De otros manifiestos

«La memoria es infiel: no sólo borra y confunde, sino que, a veces, inventa, para desorientarnos» (A. Machado, «Lo que yo recuerdo de Pablo Iglesias», La Vanguardia, 16/8/1938)

En marzo de 2017, dos conocidos profesores norteamericanos -Robert P. George (Princeton) y Cornel West (Harvard)- hicieron pública una declaración sobre la búsqueda de la verdad, la democracia y la libertad de pensamiento y expresión, que ha obtenido el apoyo de miles de profesores e investigadores de todo el mundo.

Lo llamativo del caso es que, como se ha subrayado en muchos medios de información, los dos profesores están situados en posiciones muy distintas, casi enfrentadas, del espectro ideológico. Uno de ellos pertenece a la corriente del pensamiento conservador mientras que el otro es un activista de izquierdas. No es el momento de señalar ahora quién es el progre y quién el conservador, pero se les puede encontrar sin problemas en la red y se les distingue fácilmente por sus peinados. Incluso antes de empezar a conocer sus interesantísimas opiniones.

Entienden ambos que el amor a la verdad, la humildad y la apertura de mente deben estar en la base del avance del conocimiento y de la preservación de una sociedad libre y democrática. Eso exige prestar atención y respeto a personas inteligentes que pueden opinar de una forma diferente a la nuestra.

Lo que no es de recibo, por más que sea demasiado frecuente en estos días, es tratar de silenciar -con la violencia o la descalificación personal- a quien opina de una forma distinta a la nuestra. En el imperio de lo políticamente correcto no son ya infrecuentes los intentos de hacer callar, incluso por medio de coacciones legales, a quienes disienten.

Ni que decir tiene que la advertencia que hicieron esos dos profesores no ha perdido nada de su actualidad ni respondía a circunstancias específicas de la vida norteamericana. Habían sido también muchos los historiadores y politólogos franceses que se movilizaron en el año 2005 para reclamar «Libertad para la historia», frente a leyes que, desde 1990, venían a restringir la libertad del trabajo para los que se dedican al estudio del pasado. En un Estado libre y democrático -se leía en el manifiesto que hicieron público entonces- no corresponde, ni al Parlamento ni a los jueces, definir la verdad histórica, que es ya, por sí misma, un objetivo suficientemente complicado, aunque no se deba renunciar a ella.

Se asiste en estos días, con preocupación para muchos, al uso político del pasado histórico con medidas que alteran sensiblemente la vida de los ciudadanos y que conmocionan sentimientos muy arraigados. Se ha hecho por medio de la utilización del concepto de memoria que no ha encontrado el respaldo de ningún historiador serio; desde Santos Juliá, en España, a Tony Judt o Tzvetan Todorov.

La injerencia de la autoridad política en el trabajo del historiador no es algo que deba sorprender a cuantos nos dedicamos al estudio del pasado, pero es de reconocer que, en los últimos tiempos, se vienen sucediendo algunos hechos preocupantes, y aún se podría pensar que estamos experimentando una cierta aceleración en ese proceso.

La furia que hemos presenciado recientemente, en varios lugares del mundo, con la destrucción de estatuas y otros recuerdos del pasado, serían buena muestra de la generalización de unas actitudes que, al pretender eliminar esos testimonios, pretenden también una reelaboración del pasado en función de los intereses del presente. Estas actitudes iconoclastas parecen buscar, de forma deliberada, cualquier referencia al pasado histórico, con la presuntuosa pretensión de empezar de cero en la organización de una nueva sociedad.

En relación con algunas medidas recientemente adoptadas en nuestro país hemos encontrado descalificaciones personales de personajes históricos, que en nada contribuyen al clima de sosiego y a la altura de miras que debe presidir el trabajo de los historiadores. Un marxista revolucionario no puede ser convertido, de la noche a la mañana, en un demócrata parlamentario, ni le redime el hecho de su declarado antifascismo. Pero tampoco es admisible el que un político, con muy escasas credenciales de historiador, le descalifique de un brochazo calificándole de canalla.

La amplitud de miras y la generosidad de una corporación municipal que, en 1995, decidió reconocer a otro político, del que le separaba una extraordinaria distancia ideológica, operó, por el contrario, en la línea de magnanimidad y de respeto que debería presidir siempre las decisiones de los políticos.

Ahora nos encontramos con un proyecto de ley en el que se prevé la creación de una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la Dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

La intromisión en el terreno de trabajo de los historiadores es patente y sólo cabe lamentar el cobarde silencio de muchos profesionales ante el cercenamiento de la independencia que debe presidir su trabajo del estudio del pasado. Da la impresión de que algunos de ellos se muestran contentísimos con la posibilidad de erigirse en los definidores de la Historia que debe ser convertida en relato oficial y enseñada a las nuevas generaciones. Una verdad oficial y única de un evidente tono totalitario.

Existe, además, en la propuesta la descarada intención de llevar esa nueva «verdad histórica oficial» hasta el mismo momento de la entrada en vigor, en diciembre de 1978, de la actual Constitución española, lo que equivale a arrojar una sombra de duda a un periodo que muchos españoles recuerdan con orgullo como fue el de la Transición española.

Tres años en los que, venciendo extraordinarias dificultades, la sociedad española supo encontrar el camino desde un régimen autoritario no democrático hasta una democracia parlamentaria con pleno reconocimiento de todas las libertades personales y de los derechos sociales. Un logro por el que muchos españoles nos sentimos satisfechos y dispuestos a no doblegarnos ante la deriva totalitaria que algunos pretenden imponer ahora.

Octavio Ruiz-Manjón es académico de la Real Academia de la Historia.