Debajo de una lona azul descansa su oxidada estructura, apoyada sobre ladrillos en lugar de ruedas. Dentro de la carrocería, solo se ve el metal ya corroído donde una vez estuvo el timón y algunas bolsas de basura tiradas desde las ventanillas sin cristales. Para este Lada fabricado en 1978, la nueva ley de compra y venta de autos llegó demasiado tarde. Su dueño no pudo sostener económicamente el cambio de las llantas, los frenos ni el parabrisas y lo vio deteriorarse poco a poco a la par que a él le afloraba la calvicie y las ilusiones políticas le menguaban. La suya no es una historia aislada, pero afortunadamente será más inusual a partir de ahora.
El Decreto 292 recién aprobado por el Consejo de Ministros, establece nuevas y más flexibles regulaciones para la transmisión de vehículos automotores en Cuba. Quienes una vez obtuvieron estos trofeos a través de la selectividad ideológica y laboral, ahora podrán comercializarlos o traspasar su propiedad a algún familiar.
Sin embargo, a pesar del revuelo triunfalista de los periódicos alrededor de la nueva legalidad, el absurdo no ha terminado. Más bien los ciudadanos hemos quedado divididos entre un grupo de elegidos que logrará adquirir autos muy modernos -incluso nuevos- en los concesionarios estatales y aquellos que solo podremos aspirar a comprar un Lada, un Moskovich o un Fiat polaco, la mayoría de estos con más de 15 años de explotación. El banderín se ha levantado, pero no a la misma altura para todos los ciudadanos. Curiosa paradoja, que esta vez los méritos profesionales y políticos no se materialicen en un vehículo fabricado en algún país socialista, sino que permitan a su poseedor adquirir la preciada mercancía llegada desde Japón, Francia, Argentina. El dinero tampoco es el mismo, depende mucho en mano de quién esté. Según consta en este nuevo decreto, los ingresos deben ser primero santificados por una institución estatal para luego convertirse en un reluciente Peugeot o en las suaves curvas de un Audi. Quienes reciban remesas, alquilen habitaciones a extranjeros o hayan ganado premios no validados por un organismo oficial, tendrán que conformarse con el mercado de los carros de uso. La novedad tecnológica, el automóvil de última fabricación, solo podrá alcanzarse combinando recursos financieros y esa otra moneda que es la incondicionalidad ideológica. Lo cual da una fórmula bastante cínica, pero ya conocida: a mayor fervor militante, menos años tendrá el carro que se podrá obtener.
En un sector tan largamente cerrado como ha sido el de la compra y venta de vehículos en esta Isla, basta agregar un par de flexibilizaciones para que sus componentes se muevan como fichas de dominó sobre una mesa. De ahí que La Habana amaneciera el primero de octubre con cierta alborozada esperanza. Pocos comprendían bien el entramado de incisos que se incluye en las 16 páginas del nuevo decreto, pero al menos su aprobación confirma la idea de que la inercia se ha roto.
Los símbolos de estatus social han estado durante demasiado tiempo bajo el estricto control del Estado, en aras de evitar las marcadas diferencias sociales que negarían el proclamado carácter igualitario de la Revolución Cubana. Para mantener ese supuesto equilibrio material entre los individuos, se controlaron en exceso todas las vías para obtener una casa, un carro, un viaje al extranjero. En realidad, una buena parte de la gente no renunció a disfrutar de ellos, sino que empleó la simulación política para alcanzarlos, se zambulló en el mercado negro donde se compraban y vendían dichas propiedades o decidió emigrar en busca de horizontes de desarrollo menos estrechos. Varias generaciones fueron condenadas por tan estricta legislación a ser meros pasajeros o transeúntes, sin ninguna posibilidad de sentarse tras un timón.
El Gobierno ha tenido que ceder ante la presión de la inconformidad y abrir el mercado automotriz. Pero lo ha instrumentalizado legalmente de la única forma en que sabe hacerlo, con muchas limitaciones para los suyos y con pocas ventajas para quienes no les simpatizan. Ha creado también un nuevo andamiaje para validar los ingresos y determinar quién se merece un vehículo nuevo y quién no.
Resulta contradictorio que en medio de un proceso para disminuir el aparato burocrático, se haya agregado más ascendencia a este y más poder a determinados funcionarios. Gente que tendrá la posibilidad de decidir si aquel auto de turismo con un farol roto podrá ser comercializado a algún artista, militar o productor de tabaco o si el reporte de ganancias presentado por un deportista es suficiente para desplazarse en cuatro ruedas.
La piñata, en el caso cubano, ha empezado por repartirse el parque rodante de la nación, después vendrá la legalidad sobre las casas que ya podemos imaginar igual de limitada y selectiva. Para cuando se hayan distribuido los símbolos de estatus según considerandos políticos, entonces quedarán visibles todas aquellas diferencias sociales que quisieron tapar, los desequilibrios materiales que durante todos estos años solo han estado agazapados.
Yoani Sánchez, periodista cubana y autora del blog Generación Y. © Yoani Sánchez / bgagency-Milán.