Un profesor universitario me contaba, hace algunos días, una anécdota de sus tiempos de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, allá por la segunda mitad de los años 90. Le habían ofrecido presentar a un alto cargo de la Administración del Estado que iba a acudir a esa Facultad para impartir una conferencia y, con el propósito de desarrollar la función encomendada de la mejor forma posible, mi amigo no dudó en entrar en contacto con el gabinete del conferenciante, a fin de recabar su trayectoria profesional y académica.
Su sorpresa fue mayúscula al recibir el documento pedido. Nuestro hombre era licenciado en Derecho, es verdad. Ahora bien, su curriculum vitae no era más que un elenco de cargos orgánicos ocupados en el seno del partido político en el que militaba -entonces en el poder-, simultaneados con el desempeño de diversos puestos electivos, desde concejal de Ayuntamiento a diputado nacional, pasando por parlamentario autonómico. De ahí que en el apartado profesión de aquel documento que mi interlocutor recibió se consignara, sin rubor, pero también con honestidad -todo hay que decirlo- la palabra «político».
La anécdota habla bien a las claras de una figura que, desde hace lustros, se halla presente en nuestro país y que ya a pocos extraña: la del político profesional. Aunque parece evidente que «ser político» y «estar en política» son cosas bien distintas, la experiencia de las últimas décadas demuestra que el nivel de confusión entre ambas ha alcanzado magnitudes insospechadas.
No hace falta ser un gurú para detectar que la regeneración democrática que, según todos los sondeos, la sociedad demanda, se concilia mal con el mantenimiento de un grueso humano -de dimensiones nada desdeñables- que han convertido la actividad política en su profesión, en un medio de vida. Personas que llevan «en esto» 20 o más años y a quienes no se conoce trabajo o carrera distintos de la sistemática ocupación de cargos públicos -en diferentes niveles de responsabilidad- o puestos electivos. De hecho, no faltan voces que ponen de relieve lo insólito de que muchas de estas personas enarbolen la bandera de la regeneración cuando, de algún modo, ellas mismas han contribuido a crear el estado de cosas que es preciso regenerar.
En vísperas de unos comicios electorales, con la necesaria -y previa- confección de las listas con las que cada formación política va a concurrir, la realidad apuntada se manifiesta, si cabe, con una especial intensidad. Es en esos momentos cuando puede apreciarse el nerviosismo, los movimientos estratégicos en pro de la aproximación a los líderes y, en muchos casos, los codazos -la position yourself anglosajona- para lograr o mantener un puesto en la lista que garantice, lo más posible, la elección y, cómo no, otros cuatro años más de profesión. Tras la cita con las urnas, en el bando vencedor se experimentará lo propio, en este caso, para lograr los ansiados puestos de eventual o alto cargo, cuya ocupación por quienes carecen de la condición de funcionario público representa otra tendencia al alza, sobre todo en algunas Administraciones locales y autonómicas.
Claro que, la mayor de las veces, el político profesional no está solo en su andadura. En función de su posición en la cadena de mando, se halla circundado por una corte de fieles -no se sabe si lo seguirán siendo el día en que el líder deje de detentar poder-, para quienes éste, en buena parte de los casos, es un ejemplo a seguir. De ahí que la necesaria conservación de los puestos, la llamada subsistencia, imponga un voto de mansedumbre -cuando no de peloteo puro y duro-, con frecuencia irresistible para el que manda.
Pues bien, una reforma que parece imperiosa es la conducente a la extinción del político profesional y a la recuperación de la idea -ya desprovista, por cierto, de toda ingenuidad, dado el posicionamiento social actual- de que en política «se está» temporalmente, de manera que dedicar algunos años a la cosa pública -como paréntesis en la profesión individual- sea visto de nuevo como una actitud de servicio al interés general y a los demás, no como algo que redunda en el interés particular. Tampoco, obvio es, como un medio de vida.
Ese deseable cambio de tendencia exige la adopción de algunas medidas. En primer lugar, se hace urgente prestar especial atención a la idoneidad de quienes aspiran a puestos públicos, de forma proporcional a la mayor representación y visibilidad de éstos. Va resultando cada vez más difícil asimilar que la confección de listas electorales o la designación para cargos se base en algo tan frívolo como la simple afinidad personal o el compartir el gusto por algún deporte -por poner ejemplos reales-, al margen de la competencia técnica y profesional.
La paradoja queda sobre la mesa. A nadie extrañan, en los tiempos actuales, los rigurosos procesos de selección seguidos en la empresa privada, orientados siempre a la búsqueda de la excelencia en cada posición a cubrir. Sin embargo, en la empresa más importante, aquella cuyas decisiones afectan a todos y que se ocupa de la gestión de la cosa pública, hemos dejado caer los brazos, para aceptar, por el simple devenir de los hechos, que para esa empresa vale cualquiera. A partir de ahí no puede sorprender la toma de algunas decisiones -por rocambolescas que puedan parecer- o la creencia, tan extendida en algunos políticos profesionales con cargo, de que sus decisiones o deseos son ley, al margen de lo que impongan los textos que sí merecen técnicamente esa denominación.
De otro lado, la imperativa temporalidad en el desempeño de cargos públicos deber erigirse en una de las reglas básicas del juego.
Ha de convenirse con Cazorla Prieto en que «la permanencia demasiado prolongada en el desempeño de los cargos públicos puede facilitar la creación de un caldo de cultivo que redunde en perjuicio de la ética individual. Tal permanencia puede favorecer la laxitud en los comportamientos éticos en general, y el surgimiento de intereses creados y la falta de diligencia generada por la rutina».
Hay, incluso, quien detecta una enfermedad típica de los políticos, bautizada como hybris y consistente en el aferramiento al poder a toda costa. Para erradicarla, el papel de los partidos políticos se revela como esencial.
Se ha destacado frecuentemente que los partidos de la Transición tenían procedencias muy diversas: unos venían del franquismo y otros del exilio, y otros estaban en la oposición ilegal del interior. No tenían ni espíritu de gremio ni un interés particular como colectivo.
En las últimas décadas, sin embargo, se ha asistido en España a un cambio de tendencia. De los políticos de distinta procedencia hemos pasado a lo que apuntábamos al comienzo de estas líneas, esto es, al predominio de quienes han hecho casi toda su carrera en los órganos del partido político y, singularmente, quienes proceden de sus estructuras juveniles. Esta tendencia trae consigo consecuencias devastadoras para nuestro sistema político, a saber:
1. No es infrecuente que el político de estas características, una vez alcanzado un concreto cargo público tras largos años de andadura en los meandros orgánicos de la formación a la que pertenece, considere que el puesto es suyo, que se lo merece y que es la recompensa por los servicios y trayectoria desplegada en el seno del partido. Lejos queda la debida concepción del cargo público como empresa trascendental al titular coyuntural. Como si de una carrera de relevos se tratara, el cargo público impone recibir el testigo y entregarlo al sucesor, a ser posible, en mejores condiciones que las heredadas. Pero siempre desde la premisa de que el testigo no nos pertenece.
2. La aparición de un espíritu gremial o de grupo. La larga permanencia en las estructuras orgánicas de los partidos y el frecuente desconocimiento de otras realidades impiden, a menudo, anteponer el interés general a los intereses particulares o parciales, al tiempo que fomentan una situación de claro aislamiento de estos políticos que crecen a la sombra del partido.
Y un apunte final. Al leer estas líneas, muchos podrán pensar que rebosan ingenuidad. Es posible. Pero no olvidemos que los grandes cambios siempre han partido de ideas ingenuas e ilusionantes.
Carlos Domínguez Luis es abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.