La reciente polémica que ha originado la prolongación por cuatro años de la vida de la central de Garoña ha estado marcada y polarizada por actitudes pro o antinucleares, que suelen tener un gran componente visceral pero, como indicaba Natalia Fabra en un artículo del pasado 2 de julio en Cinco Días, ha servido para poner de manifiesto otros aspectos de gran trascendencia que van más allá de la cuestión nuclear y que conviene que sean también examinados y debatidos.
Detrás del debate nuclear hay intereses económicos muy importantes, aunque hay que distinguir claramente entre las posibles nuevas centrales nucleares a instalar y las ya existentes. Las primeras están sometidas a muchos riesgos e incertidumbres económicas, por lo que sólo podrán ser abordadas si cuentan con un elevado apoyo institucional y social. Sin embargo, las nucleares existentes tienen altos beneficios, al vender toda su producción a un elevado precio.
Éste viene establecido por el precio de mercado que la Ley Eléctrica de 1997 establece como el coste que tienen que satisfacer los consumidores, pero esto no significa que ése sea el coste en el que incurre la empresa que produce la electricidad. En el caso de las centrales hidráulicas y nucleares existentes, que generan un 40% de la electricidad total, dicho coste es muy inferior al de la central más cara de gas o carbón que determina el precio de mercado, como ha puesto de manifiesto la Comisión Nacional de la Energía.
El precio de mercado es un indicador relevante para decidir hacer nuevas inversiones en centrales, pero no tendría que aplicarse como precio de venta de la energía producida por las centrales que ya existían al aprobarse la ley de 1997, cuya decisión de inversión se tomó en base a la ley anterior, que les reconocía la recuperación de los costes, que les fueron luego asegurados por los CTC (Costes de Transición a la Competencia) que cobraron íntegramente.
La regulación vigente se ha desarrollado además admitiendo que si las tarifas eléctricas, establecidas por el Gobierno, no se igualan al precio de mercado se genera una diferencia que el Estado reconoce y avala a las empresas, que es el artificiosamente denominado déficit tarifario que no implica, en modo alguno, un déficit entre tarifas y costes de producción.
Por otro lado, el sistema regulatorio vigente es intrínsecamente amenazante para los consumidores, porque incentiva a que las empresas traten de equilibrar la demanda con la oferta de la central más cara, que marcará el precio al que les tendrán que remunerar toda su producción, incluida la de las centraleshidráulicas y nucleares. Este incentivo hace que también puedan tratar de aumentar sus beneficios incrementando puntualmente la demanda con exportaciones o con bombeo, para casarla con una oferta marginal más cara que determinará un precio más alto para toda su producción.
Todo ello genera un sobrecoste eléctrico que es gravoso para todos los consumidores, que dificulta la competitividad de las empresas españolas y genera desconfianza en el precio de mercado.
¿Cómo puede liberarse a los consumidores eléctricos de esta especie de nuevo impuesto feudal? Al eliminarse -como está previsto- las tarifas, desaparece el concepto de déficit tarifario, pero los consumidores permanecen inermes ante unos comercializadores que les suministran una energía que tienen que seguir adquiriendo a los generadores al precio de mercado. Para liberar a los consumidores hay que ir al fondo y solucionar el problema de inequidad entre generadores y consumidores eléctricos, modificando la regulación para que estos últimos puedan obtener la energía de las centrales hidráulicas y nucleares a un precio relacionado con su coste.
Hay que señalar al respecto la enorme cuantía de la diferencia entre los costes de producir la electricidad en las centrales existentes, tanto nucleares como hidráulicas, y el precio de venta de mercado. En el caso de Garoña, esta diferencia puede alcanzar en 10 años de prolongación de vida un orden de magnitud de 1.500 millones de euros. Para la totalidad del parque nuclear, podría suponer en 10 años entre 15.000 y 25.000 millones de euros; para el conjunto de hidráulicas y nucleares, unas cifras dobles de las anteriores.
El diagnóstico de dicha falta de equidad y su solución son conocidos y ya han sido recomendados por el Libro Blanco sobre la reforma de la regulación de la generación eléctrica en España, de 2005, y por la Comisión Nacional de la Energía (CNE); pero además, como el problema no es sólo español, pues se deriva de una regulación de la UE, también la ha propuesto recientemente en Francia la Comisión sobre la Organización del Mercado Eléctrico (Champsaur), creada por los ministros de Economía, Industria y Energía.
El Libro Blanco proponía "mantener el equilibrio económico equitativo entre generadores y consumidores" y consideraba "gravoso para los consumidores el continuar pagando a precio de mercado la electricidad producida por instalaciones cuyos costes de inversión han sido ya totalmente garantizados (hoy pagados) por estos mismos consumidores". En sus recomendaciones consideraba diferentes alternativas, entre ellas la de liquidar la energía producida en dichas centrales por diferencias entre el precio de mercado y el aceptado por las empresas en la promulgación de la ley de 1997, con las actualizaciones correspondientes, de forma que se minorara el precio a los consumidores
La CNE ha puesto de manifiesto en su Informe Complementario sobre precios y costes de la generación eléctrica de mayo de 2008 "su preocupación en relación con los altos precios del mercado que están poniendo de manifiesto una importante y sostenida divergencia con los costes de generación". Indica asimismo que "los cambios producidos en el modelo regulatorio retributivo han desconfigurado su coherencia interna y disminuido su capacidad para revelar los costes de generación, poniendo de manifiesto la apertura de una importante brecha entre los precios que determina el mercado para la generación de la electricidad y los costes de generar esa misma electricidad".
En Francia se da la paradoja que con un 90% de la electricidad producida por centrales hidráulicas y nucleares, la mayor parte de los consumidores pagan la electricidad al precio más elevado de las centrales de gas y aunque esto se equipara más con un verdadero impuesto, en la medida en que Électricité de France (EDF) es propiedad del Estado, la Comisión Champsaur ha diagnosticado, el pasado abril, la situación como insostenible desde el punto de vista de equidad y económico. Para solucionarla considera posible tanto el establecimiento de un impuesto a EDF para redistribuir el beneficio a los clientes finales, como el acceso regulado de todos los comercializadores a la producción de bajo coste de EDF, recomendando finalmente esta última vía.
Las eléctricas españolas consiguieron que el Gobierno de Aznar les aprobara un alargamiento de vida a 65 años de las concesiones hidroeléctricas, sin subastarlas y sin ninguna elevación del canon para compensar el sobre beneficio regulatorio por pasar, con la ley de 1997, de vender la electricidad a un coste de "barril de agua" a un precio de "barril de petróleo". Ello implicó una apropiación privada de un beneficio generado por una decisión normativa, con manifiesto perjuicio del interés general.
La petición de alargamiento de vida de Garoña ha supuesto, bajo el camuflaje de una mera autorización técnica, un intento similar en relación con las nucleares, pero -en este caso- no lo han conseguido.
En beneficio de todos y para no prolongar la incertidumbre generada en parte por su intención de maximizar sus beneficios a costa de los consumidores, las eléctricas deben salir del búnker seudorregulatorio y hacer un pacto con la realidad económica, o sea, con los costes de generación. El mercado eléctrico debe seguir funcionando y hacerse más competitivo, pero la renovación de las autorizaciones de funcionamiento de las nucleares debe establecer su remuneración a un nivel que reconcilie los precios que deban pagar los consumidores con sus costes de generación.
Martín Gallego Málaga, ex secretario general de la Energía.