En estos días se reúne la III Cumbre Erensya que permite el encuentro, cada dos años, de la diáspora sefardí. Impulsadas por el Centro Sefarad-Israel, su propósito es estrechar los vínculos entre España y las comunidades sefardíes establecidas por todo el planeta. Es la primera vez que la reunión se celebra en nuestro país y no es casualidad que lo haga coincidiendo con la aprobación de un proyecto de ley de envergadura histórica, el que permitirá reconocer la nacionalidad a los sefardíes que han mantenido a través de los siglos y de la distancia una especial vinculación con España.
Desde la expulsión de los españoles que profesaban la fe judía en 1492 de los reinos de Castilla y de Aragón, y en 1498 del reino de Navarra, los judíos de origen español han llevado a España en el corazón, con verdadero cariño, con una inmensa nostalgia y sin ningún rencor. Han mantenido con tenacidad su idioma, el judeoespañol, el folclore y los ritos de la España medieval; los judíos sefardíes han sido durante más de cinco siglos auténticos embajadores de nuestro país, de su país, de Sefarad. Un fenómeno que no encuentra parangón en el mundo.
Solo puede entenderse esta nueva ley en toda su dimensión como colofón a una larga trayectoria histórica, política y legislativa de reencuentro y de reconciliación. Apenas hace dos siglos no había en España ni un solo judío. La uniformidad religiosa, entendida como un instrumento fundamental sobre el que articular la unidad nacional, se mantuvo con firmeza a través de una férrea política legislativa y gubernativa que impidió la presencia de ciudadanos de confesión judía en territorio español. Fue a mediados del siglo XIX cuando los sectores más liberales y progresistas comenzaron a relacionar la decadencia española con la presión ejercida por la intolerancia religiosa. Y fue entonces cuando se puso como máximo exponente de esa actitud el ejemplo de la expulsión de los judíos y de sus nefastas consecuencias. Tuvieron una enorme relevancia estudios como los de Amador de los Ríos o Rafael Altamira. Sin duda tuvo también un gran impacto la guerra de África, y los relatos de los soldados que desembarcaron y, sorprendidos, fueron recibidos entre vítores por ciudadanos que les hablaban un extraño español, la haketía, y les recibían como auténticos libertadores. Habló de este tema Emilio Castelar en su famoso discurso sobre la libertad religiosa y fue un senador progresista, Ángel Pulido, quien en 1903 por primera vez trajo la realidad de los judíos sefardíes al Senado español.
Se recuerda con frecuencia una frase muy elocuente que pronunció en 1915 Isaac Alchech y Saporta, enviado al frente de una delegación de sefardíes que empezaban a sentir la persecución en Grecia, y que proclamó: españoles fuimos, españoles somos y españoles seremos. En 1916 se firmó con Grecia el primer tratado por el cual España tomó bajo su protección a los sefardíes de origen español. Se les dio el tratamiento de nacionales y se estableció que, en el caso de que hubiese litigios sobre sus personas o sus bienes, serían los diplomáticos españoles los que deberían prestarles asistencia y defensa. Los sefardíes desde ese momento pudieron obtener pasaporte español y eso, aunque no implicase reconocimiento de nacionalidad, supuso sin duda un paso crucial.
Ese es el precedente de acuerdos similares posteriores y de la ley de Primo de Rivera de 1924, por la que se concedía la nacionalidad española por carta de naturaleza a los protegidos de origen español; no se mencionaba en el texto su carácter de judíos. Ese conjunto de normas, laxamente interpretadas, permitieron durante la II Guerra Mundial escribir al servicio exterior español una de sus páginas más gloriosas. Figuras como la de Sanz Briz, Romero Radigales, Ruiz de Santaella, Rolland de Miota, Julio Palencia, José de Rojas, Martínez de Bedoya o Eduardo Propper, algunos de ellos reconocidos como Justos entre las Naciones en Yad Vashem, el centro mundial de documentación y conmemoración del Holocausto, contribuyeron a salvar de los campos de exterminio nazis a miles de judíos, encarnando así nuestra mejor historia contemporánea.
Fue Ernest Lluch quien consiguió en 1981 la introducción en el Código Civil de la equiparación de los sefardíes con los nacionales de los países iberoamericanos, de Filipinas y de otros antiguos territorios españoles a efectos de la obtención de la nacionalidad por residencia. Ahora el pueblo español, representado en las Cortes Generales, pretende culminar una vía de reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de quienes fueron expulsados hace 500 años y han mantenido vivos sus vínculos durante tan largo tiempo. El debate en el Congreso se resolvió con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa y en las próximas semanas completará el Senado la tarea.
Nunca mejor que ahora podemos dar la bienvenida a estos españoles que lo han querido ser a pesar de persecuciones y de padecimientos, de la ignorancia y del olvido, y a los que hoy abrimos los brazos para un definitivo reencuentro.
Gabriel Elorriaga Pisarik es presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y ha sido ponente en el proyecto de ley de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes.