De repente, la desigualdad

«A finales del siglo XIX, el nuevo sistema económico y el desarrollo de la industria llevaron a que en la mayor parte de las naciones la sociedad se viera cada vez más dividida en dos clases: una, poco numerosa, que disfrutaba de la casi totalidad de los bienes, y otra, integrada por multitud de trabajadores, que vivía oprimida por una miseria de la que en vano pugnaba por liberarse. Había quienes juzgaban que era una situación impuesta por leyes necesarias de la economía y que todo afán por aliviarla debía confiarse exclusivamente a la caridad, como si ésta debiera encubrir la violación de la justicia, no sólo tolerada, sino incluso sancionada por los legisladores». El 15 de mayo de 1931 Pío XI recordaba así, en la encíclica Quadragesimo Anno, la defensa que León XIII hizo cuarenta años antes de la causa de los obreros entregados «a la inhumanidad de los empresarios y a la desenfrenada codicia de los competidores». Era el inicio de la doctrina social de la Iglesia que Pablo VI impulsó con la Populorum progressio y Juan Pablo II con la Sollicitudo rei socialis: «Una de las mayores injusticias del mundo contemporáneo consiste en que son relativamente pocos los que poseen mucho, y muchos los que no poseen casi nada». La Iglesia lleva mucho tiempo denunciando que cuanto más aumenta la riqueza global más crece la desigualdad en un modelo de desarrollo económico sin dirección y sin alma.

Hoy, cuando parece que salimos de la crisis y el uno por ciento de la población mundial está a punto de atesorar más riqueza que el noventa y 99 por ciento restante, se diría que no necesitamos ya ni de la Providencia ni de grandes ideas: el sistema capitalista y el Estado liberal tendrían suficiente capacidad de adaptación para, ajustando finamente algunos resortes de la economía, llevarnos de vuelta a la senda del progreso. Sin embargo, como afirma el último Informe Foessa auspiciado por Cáritas Española, la crisis no es la causa de la brecha social que vivimos, sino su consecuencia. El crecimiento económico registrado hasta 2008 no se aprovechó para consolidar un marco de protección social frente a los riesgos de la desigualdad, ocultando «un modelo de integración precaria, inundado por la economía, donde el crecimiento era considerado como un requisito imprescindible para proceder después a la distribución y a la implementación de políticas de inclusión y cohesión social». Hemos pasado del tótem del crecimiento al del ajuste, posponiendo la solidaridad hacia los débiles sin cuestionar tanto gasto público innecesario y una estructura productiva cuyo abordaje sólo se contempla para cuando vengamos a mejor fortuna. Es evidente que, aunque la crisis económica haya exacerbado la desigualdad hasta extremos insoportables, la recuperación económica, por sí sola, no va a revertirla.

Quizás por ello está cambiando en Occidente la percepción de la desigualdad, infiltrada en la inquietud de los electores hasta reventar las costuras de unos viejos partidos sin respuestas. Probablemente la desigualdad no alcanzó esta dimensión existencial cuando en el siglo XIX la cuestión social se enfrentaba desde la moral y la filosofía. Ahora, los ensayos sobre la desigualdad se multiplican atravesados por un sentimiento de urgencia. De los estudios académicos de James K. Galbraith o Branko Milanovic a El precio de la desigualdad de Stiglitz o El capital en el siglo XXI de Piketty, polémico por justificar con datos que las rentas del capital superan al crecimiento económico acelerando la desigualdad. También los ensayos de Suzanne Mettler (Degrees of inequality) y Robert D. Putnam (Our kids) sobre el sueño americano de la igualdad de oportunidades en un escenario de quiebra de las familias y dominio del sistema educativo por la economía de mercado; las propuestas realistas de Anthony B. Atkinson (Inequality, what can be done?) asumiendo la ética de la globalización; o el historicismo de Carles Boix (Political order and inequality), que, remontándose a Hobbes, Locke y Rousseau, sigue viendo la desigualdad como el precio del bienestar ligado al origen del Estado. En general, hay más diagnósticos que pronósticos y los remedios quedan muy pegados al suelo de lo políticamente correcto, incluyendo el impuesto global sobre la riqueza de Piketty o la propuesta de Atkinson de sustituir aquel antiguo 0,7% por un 1% del PIB de los países ricos como ayuda al desarrollo. Fuera de recetas demagógicas, la imaginación al servicio de las humanidades no alcanza todavía para un cuestionamiento profundo del sistema.

Académicamente hablando, caben contra la desigualdad políticas fiscales de redistribución de la renta, políticas sociales que favorezcan la creación de empleo y moderen la dispersión de los ingresos, y políticas educativas que, a través de la enseñanza pública, aumenten la igualdad de oportunidades, algo que si bien no elimina la desigualdad la hace menos injusta a un coste asumible (¿tan difícil es reconocer el valor esencial de la educación?). Pero no es suficiente. Además de remoralizar la vida pública y exigir más austeridad (que, a diferencia de los ajustes, empieza por uno mismo y el propio entorno), debemos comprender que las políticas a cargo de los gobiernos no nos eximen del compromiso individual con la igualdad. Existen mecanismos de redistribución que nos interesa ver como marginales: las aportaciones gratuitas de los ciudadanos –en tiempo, recursos, iniciativas– dirigidas a reequilibrar los desbalances que imponen la naturaleza, el mercado y la incompetencia ajena. Algo semejante a la economía del don y la fraternidad que anunciaba Benedicto XVI en la Caritas in veritate. Los conceptos de «caridad» o «amor» en el latín de las encíclicas tal vez suenen en oídos endurecidos como el eco cándido de una oración para antes de dormir; pero es posible una economía real que integre como elemento básico auténticas prestaciones colectivas de ayuda y cooperación –gratuitas y libres– imprescindibles para la supervivencia de la sociedad global.

Es cuestión de actitud. La desigualdad tiene que dejar de tratarse como un fenómeno meteorológico: ahora, por ejemplo, hace mucha desigualdad, como si lloviera o hiciera sol. Los índices de Gini (el coeficiente que mide el área entre la recta de la igualdad en la distribución de la renta y la curva de los ingresos acumulados por un porcentaje de la población) trazan el mapa de isobaras de la riqueza/pobreza sobre el que Júpiter lanza sus rayos contra los mortales, a diestro y siniestro. Al norte o al sur del mar que con infinita ironía seguimos llamando Mare Nostrum, la frontera ancha y honda donde naufragan nuestros desiguales embarcados en el norte de África hacia un paraíso que nadie les ha prometido, mil o dos mil muertos en lo que va de 2015. Tan desiguales que ni siquiera tienen número; que ignoramos si, al ponerse el sol, vuelven a sus refugios o engrosan la estadística de inmigrantes desaparecidos el fin de semana; da igual, pronto serán sepultados por el terremoto de Nepal o por el olvido. Qué mayor desigualdad que la que separa a quienes son de quienes no sabemos si son. A un lado u otro de la valla, bajo la mirada líquida del guardián de la frontera que pagamos entre todos para que cumpla órdenes y rechace al desigual. Cada uno de nosotros somos ese guardián de un mundo borroso persiguiendo a tientas una efímera seguridad. Aún hay quienes juzgan que es esta una situación impuesta por las leyes de la economía y que todo afán por aliviarla ha de confiarse a la prudencia de quienes no deberían desafiar su destino con un embarque improbable, o a la caridad de quienes quedamos de este lado, como si así se encubriera la violación de la justicia, no sólo tolerada sino incluso sancionada por los legisladores, los mismos que en otro tiempo sancionaron la esclavitud. La desigualdad, de repente, cae como la noche en el jardín del bien y del mal.

Antonio Hernández-Gil, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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