De sabios es rectificar

La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña retrata sus prejuicios políticos y su falta de independencia. Han ejercido de juez y de parte, pero no son los únicos responsables del desaguisado estatutario. La responsabilidad política se reparte entre muchos más actores e incluye también a las fuerzas políticas del catalanismo.

Habrá tiempo para analizar el papel de cada uno en esta historia, pero en el momento actual es necesario señalar el problema de fondo. ¿Cuál es? La falta de visión y de sentido de Estado de los dos principales partidos españoles, el Partido Popular y el PSOE. Una vez más se han enzarzado en acusaciones infantiles sobre quién ha ganado o perdido. La sentencia del Tribunal Constitucional es una derrota para todos, no solo para los catalanes. Las Cortes Generales han quedado desautorizadas. ¿Es esto democráticamente lógico? ¿Ha pensado el presidente del Gobierno en la desautorización de dos ministros suyos, los ministros de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y de Justicia, Francisco Caamaño, que tuvieron un papel protagonista en las negociaciones con los parlamentarios catalanes? ¿Puede sensatamente el Grupo Socialista, mayoritario en el Congreso de los Diputados, aceptar sin más la sentencia como si se tratara de cuestiones poco relevantes? ¿En qué debería estar pensando la ministra Carme Chacón cuando afirmó que estaba satisfecha con la sentencia?

El ridículo del Partido Popular es todavía mayor. Los dirigentes de este partido político todavía no han digerido el consenso constitucional de 1978. Utilizan, que no defienden, el Estado autonómico. Un partido autonomista nunca hubiera presentado el recurso contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un partido democrático habría respetado la decisión del pueblo catalán en el referéndum del 18 de junio de 2006. Impugnan artículos del Estatuto catalán que votan en el andaluz. Increíble pero cierto. Los populares tienen genética preconstitucional y en los momentos decisivos les sale. Son, ante todo, los guardianes de la patria española. Otra vez este nacionalismo español tan particularista, tan primario, como el propio Ortega y Gasset denunciaba.

Se impone la rectificación. Ya es hora de que se haga un pacto de Estado por algo y no contra algo. Desde la LOAPA a la Ley de Partidos Políticos, el PSOE y el PP no han asumido que el desarrollo democrático de la Constitución se hace positivamente y no negativamente. Una Constitución bloqueada se queda obsoleta con el paso de los años. Al final sucumbe ante el orden político, que obedece el orden constitucional en el corto plazo, pero lo gana en el largo plazo. La lección es clara si la historia sirve para algo: el constitucionalismo español, siempre contrario a la enmienda constitucional,debe enmendarse. Los cambios inherentes a toda sociedad deben ser reflejados y regulados en la Constitución mediante la reforma constitucional. Esta es la vía inteligente de evitar la desestabilización política y las rupturas constitucionales. Han pasado más de 30 años desde la aprobación de la Constitución española de 1978. ¿Cuántos años más habrá que esperar para cambiar algunos artículos?

El problema de fondo que ha descubierto el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña es que no se quiere ver la necesidad de la reforma constitucional. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ceguera constitucional afecta igualmente al PSOE y al PP. Si recuperan la visión de Estado reconocerán las cuestiones capitales que afectan al buen funcionamiento de un Estado compuesto, que el consenso constitucional dejó pendientes, dadas las presiones políticas y las amenazas de involución política que pesaban sobre el proceso constituyente. Tres décadas después de aprobada la Constitución no es aceptable que estemos literalmente donde estábamos. ¿Cuáles son esencialmente las reformas que requiere el desarrollo democrático del Estado autonómico? Básicamente tres: 1. El reconocimiento en la equidad de la pluralidad nacional, lingüística y cultural de España. 2. La mejora de la organización institucional del Estado autonómico como Estado compuesto. 3. La aceptación positiva del federalismo como la vía demostrada en otras democracias de referencia para la distribución de competencias, financiación de la autonomía política y resolución de los conflictos de competencias.

¿Por qué al PP y al PSOE les resulta tan difícil reconocer España tal como es? España tiene textura plurinacional y el Estado debe reconocerlo para conseguir la lealtad de todos respetando la identidad nacional de cada uno. En una sociedad democrática todas las lenguas merecen igual reconocimiento. El catalán (valenciano o balear), el gallego y el vasco son lenguas que deben tener el mismo tratamiento oficial que el castellano y, en consecuencia, ser reconocidas como lenguas oficiales del Estado. Es lo que sucede en Suiza, en Canadá, en Finlandia, en Bélgica y es lo justo. ¿Se ha pensado alguna vez qué sucedería en Suiza si el francés o el italiano fueran tratados como el catalán en España? El uso en la igualdad de las distintas lenguas oficiales en las Cortes Generales, en los documentos de identidad, pasaportes, moneda, etcétera, tendría efectos extraordinariamente positivos para la unión política.

Es ineludible una mejora de la organización institucional del Estado autonómico. En primer lugar, no se entiende ni funciona un Estado compuesto con un poder judicial centralizado. El pecado original ya se cometió cuando se puso en el Título VI de la Constitución la denominación Del poder judicial en vez de De los tribunales y de la administración de la justicia (en coherencia con los Títulos III y IV). Porque la independencia de los jueces se manifiesta en la administración de la justicia y no como poder corporativo.

El poder judicial es la institución más preconstitucional y centralista del Estado democrático, con una sala de lo militar en el Tribunal Supremo cuya pervivencia insulta la justicia democrática. Asimismo causa sonrojo que todavía no se haya promovido la reforma del Senado como cámara territorial de las nacionalidades y regiones y, también, que la provincia se mantenga como instancia periférica del Estado y como circunscripción electoral. Todo ello distorsiona el modelo territorial autonómico.

De igual manera no hay que inventar nada sobre la distribución de competencias y recursos financieros entre entes políticos. El derecho federal comparado abre muchas soluciones. ¿Por qué hay tanto miedo a la normalización y uso de la teoría y práctica federales que tan buenos resultados ha dado en otros Estados democráticos? Un miedo que deviene paradójico en la cultura política española, porque mientras el nacionalismo español ve en el federalismo la semilla de la división, los nacionalismos periféricos lo ven como el riesgo de uniformidad.

Al final los nacionalismos enfrentados acaban sumando fuerzas contra la alternativa federal. Pero no hay proyecto compartido posible entre España y Cataluña que no sea federal y se fundamente en la plurinacionalidad del Estado. Así que los nacionalismos tendrán que reconocerse, dialogar y pactar soluciones, como se hizo en el consenso constitucional de 1978. Creo que es posible si se aparcan los esencialismos nacionalistas y hay voluntad política de seguir la senda del desarrollo democrático y autonomista de la Constitución. Pero es inexcusable saber que la política útil y positiva no vive de las esencias patrióticas, sino del dominio de los tiempos reales. Un tiempo real que hoy exige no solo para el bien de Cataluña, sino también para toda España, un lema tan justo y oportuno como: “Volem ‘tot’ l’Estatut“. Lo dijo Miquel Roca i Junyent en Catalunya Radio. Y acertó. Porque el autogobierno de Cataluña y la democracia española son interdependientes. Así se comprendió en la Transición e interesa a todos recordarlo.

Miquel Caminal, catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona y director del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.