La cuarta presidencia española de la UE se ha desenvuelto en el contexto más difícil que se pueda recordar desde la puesta en marcha de la construcción europea: tiempo de transición en el marco de una crisis que arrancó en un crash financiero y trascendió a la economía real para causar un tremendo impacto social, destruir millones de puestos de trabajo en toda Europa y ensañarse con España. Pero esta crisis ha impreso también su propio carácter político, con una redefinición del mapa de poder en Europa en que muchos entrevén una sequía de ideas y de credibilidad de la socialdemocracia. Su más directa expresión sería el declive de la participación. No solo en las elecciones al Parlamento Europeo sino en las nacionales, cada vez más ciudadanos desdeñan las urnas desde el escepticismo, el cinismo o el desprecio a la política. Pero también porque hemos visto, elección tras elección, emerger un populismo conservador que propugna respuestas simples (pero equivocadas y por ello inútiles, cuando no directamente estúpidas) a los problemas más complejos, y aboga por el regreso a lo local frente a las incertidumbres y el vértigo a la globalización.
Para la izquierda europea, la deriva antipolítica de esta dimensión de la crisis reviste especial gravedad. Primero, porque ninguno de los desafíos del tiempo que nos toca vivir puede ser acometido a escala meramente local, ni siquiera nacional: el envejecimiento y estancamiento demográfico; el suministro energético y su sostenibilidad; la corrección de la desigualdad en origen y la erradicación de la pobreza y el hambre, son asuntos que requieren, hoy más que nunca, de estrategias y de actores globalmente relevantes. Pero también, y sobre todo, porque no puede aceptarse desde la resignación que la izquierda parezca ahora menos viva que antes, de modo que se escuche y se lea con insistencia acerca de una incontestada hegemonía de la derecha en el manejo de una crisis sin precedentes y del dominio del recetario y conductas de la "revolución conservadora".
Tanto para contestar esta impresión extendida como para actuar desde una ofensiva progresista, lo primero es constatar en positivo la aportación socialdemócrata: los estímulos fiscales y el posterior mecanismo europeo de estabilidad financiera tuvieron su formulación primera en los socialistas europeos, obligados a recordar que la austeridad nunca ha sido un fin en sí, como tampoco la razón última de ser de la lucha contra el déficit: lo es la facilitación del crecimiento y el empleo para la refinanciación de la política social. Por su parte, el déficit no es en sí el peor mal cuando ha ayudado a sostener el gasto social y la inversión, no digamos ya el "rescate" de lasentidades financieras y sectores productivos a punto de derrumbarse. El proyecto de la izquierda no se agota en el neokeynesismo de la demanda, sino que comprende también tanto la redistribución de las oportunidades de prosperidad como la aseguración de la equidad intergeneracional, transnacional y global.
El horizonte sigue siendo, ahí es nada, plantar cara a quienes pretenden que la Unión Europea se deslice hacia un parque temático de prestaciones sociales, para que sea más justa y siga siendo sostenible.
Nada en este debate le resulta ajeno a España, tampoco, por supuesto, el riesgo del populismo y abandono de las urnas al rebufo de una ola de descrédito de la política.
Reafirmando la vocación reformista del proyecto socialista, el presidente del Gobierno sentó las bases de una respuesta progresista y proactiva ante la crisis en su comparecencia ante el Congreso en diciembre de 2009, con la iniciativa conocida como Estrategia de Economía Sostenible: más formación e innovación; energías renovables, ecoindustrias, biotecnologías, TICs y servicios sociales avanzados. Es ahora parte de un proyecto de reformas -productivas, energéticas, educativas, laborales y de garantía de las prestaciones sociales- provisto de largo aliento y requerido sin duda de sacrificios compartidos, con alcance más allá y por encima de cualquier señalamiento electoral en 2011 y 2012.
Precisamente porque bregamos en medio de tan duras pruebas, es hora de que la izquierda aprenda de una vez a madurar el tránsito de sus estados de ánimo, de sus problemas de autoestima y de confianza en sí misma, dejando atrás la tentación de argüir el derrotismo y la habitual autocrítica como bula para la inacción. El progresismo europeo no padece ninguna crisis de inteligencia colectiva. Lejos de eso, llama la atención el contraste entre la lucidez de sus análisis y el pesimismo de su voluntad, algo mucho más peligroso y dañino para sus propios intereses que el clásico pesimismo de la inteligencia.
Y es importante recordarlo en España, donde es un hecho que la derecha ha renunciado a proponer, reagrupar y liderar las respuestas ante la ciudadanía desde un compromiso de país.
El proyecto de la derecha no pasa por ilusionar ni por ofrecer esperanza: hoy se limita a explotar el malestar generado por los daños de la crisis. Su estrategia no es crecer ni ganar nuevos apoyos, sino esperar a que una parte de la ciudadanía progresista desista de la política y deserte de las urnas. Distintamente, la respuesta progresista pasa, sí, por apuntar la salida de este bache y por exprimir y explicar las inaplazables lecciones de tan ingrata experiencia para que nuestra economía no vuelva a extraviarse de nuevo en los errores del pasado. Pero también por afirmar: en esta crisis, aún más que antes, "¡es la política, estúpido!". Y esto requiere voluntad -nada de pesimismo-, coraje y determinación para plantear, impulsar y conducir las reformas y estrategias que preserven la política y la responsabilidad de los Gobiernos frente a la irracionalidad de los llamados "mercados" especulativos, mediante las necesarias alianzas sociales, sindicales, intelectuales y cívicas.
No saldremos de esta si no es remando juntos, en Europa y desde Europa, actuando localmente y pensando globalmente. Pero que nadie se engañe: la izquierda europea debe asumir como un deber no solo su contribución a la recuperación y generación de empleo, sino a la preservación de la confianza en la política como espacio de debate y decisión en democracia; esa misma política de la que solo los muy ricos, y los que no se complican con los escrúpulos que hacen del espacio público un lugar habitable, pueden permitirse el lujo de prescindir o despreciar.
Juan F. López Aguilar, presidente de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo.