¿De verdad la independencia es el (único) problema?

Es bastante probable que el Gobierno del señor Puigdemont declare pronto la independencia. Y que lo haga, además, con el cariño y la comprensión de unos cuantos miles de españoles. Los mensajes que pueden leerse en las redes y las opiniones que se expresan en algunos medios así lo atestiguan. Uno muy repetido es que la democracia sólo es un medio y que la legalidad, por tanto, tiene un valor relativo, según el momento y la finalidad ideológica. Esto es justo lo que hace falta para desbordar a la democracia por el lado de la revolución, que es, al fin y al cabo, lo que están protagonizando una parte de los catalanes en las calles y desde las instituciones, por paradójico que parezca. Que muchos españoles e incluso el propio Gobierno no se acaben de enterar resulta comprensible. La ventaja de los desbordamientos revolucionarios siempre ha sido la misma: la incredulidad de los moderados. Hoy, además, han recuperado una ventaja gracias a la resurrección de algo que parecía conjurado en tiempos de Felipe González, esto es, el viejo PSOE amante de la ambigüedad con las cosas de comer: revolución sí, pero no; democracia sí, pero no burguesa; legalidad sí, pero según y cómo; Estado sí, pero represión policial no…

Todo esto no es casualidad. Muchos sectores de la izquierda española nunca aceptaron que la renuncia al marxismo y la conciliación de socialismo y democracia, caso de ser posible, dejaba en ridículo a sus antepasados ideológicos y suponía la victoria aplastante del constitucionalismo liberal. Eso sí, se esforzaron por inventar una historia de España en el siglo XX que les presentara como defensores de la libertad y la democracia, sin molestarse mucho en explicar a qué se referían con ambos conceptos. A día de hoy, a nadie puede extrañar que estén desarmados ante las exigencias que implica la defensa de la democracia formal frente a los nacionalrevolucionarios. Y que reproduzcan sus típicos llantos hipócritas cuando el Estado actúa en defensa del orden constitucional, el mismo que ampara el pluralismo sin el que ellos dejarían de existir en Cataluña. Todo esto ya lo hemos visto antes.

El colosal complejo de superioridad que nutre las mentes nacionalistas está de suerte. Ya ni siquiera necesita apelar a agravios inventados. Ahora tiene animadores y admiradores entre aquellos a los que humilla. Y es que ambos, maltratador y víctima, han recuperado viejas alianzas, sabedores de que comparten un mismo objetivo; y no es la independencia de Cataluña, que como tal constituye un simple paso intermedio.

La desafiante posición de Podemos después del 1 de octubre tiene raíces antiguas. Es la coartada perfecta para justificar el victimismo nacionalista: también a ellos les roba España; roba a los trabajadores, al pueblo, como roba a las naciones a las que oprime. España es un invento demoniaco para mantener la unidad de mercado en beneficio de la opresión, la de los pueblos y la del pueblo. Quienes la defienden, a España, sólo son nacionalistas de un subtipo impuro y negativo, encastillados en la legalidad para proteger una Constitución que impidió romper con la dictadura y ajustar cuentas tras siglos de represión. Puesto que, por otra parte, todas las naciones serían inventadas, sólo cabe respetar que los pueblos oprimidos hayan inventado la suya. Aceptemos, pues, su derecho a tener un Estado propio y aprovechemos para reinventar la nueva España poscolonial (donde, lógicamente, la alternancia no será necesaria; desaparecida la opresión, desaparecerá también su principal agente, la derecha).

Lo que subyace a todo esto debería estar claro: la victoria de los nacionalistas conducirá a la refundación de España. Rotas las cadenas de la opresión centralista sólo habrá que acudir al diálogo y la empatía, todo en ausencia de la fuerza, para recomponer una nueva España (federal, asimétrica, confederal, ibérica, etc.) entre verdaderos demócratas. Porque lo que a día de hoy todavía impide esta refundación nacional no es el nacionalismo catalán o el vasco sino el español (por definición, una patología de la derecha).

Con estas premisas, cualquier argumentación basada en datos económicos, políticos o sociales sobre el gigantesco progreso de la sociedad española en los últimos 40 años es inútil. Estamos ante un discurso tan simple como impenetrable que oculta un odio furibundo a la democracia del 78 y un afán apenas contenido de aprovechar la “oportunidad” que brinda el nacionalismo para superar un “régimen” supuestamente defectuoso (y su consecuencia más inaceptable, la alternancia).

Y aquí es donde reside el mayor de los peligros a los que nos enfrentamos. No en el hecho de que los nacionalistas hayan movilizado a minorías revolucionarias y lleven décadas monopolizando la producción de ideología excluyente dentro de Cataluña. Tampoco en la desgraciada circunstancia de que su victimismo encuentre llantos desconsolados por doquier: todos esos tuiteros cobardes, movidos por su pasión revolucionaria, lamentándose de la actuación de la Policía. No, el verdadero peligro está en transformar el asalto a la democracia desde la periferia en un asalto a la democracia desde el interior.

Por eso, siendo inquietante lo que ha pasado en Cataluña recientemente, es todavía más grave que los asaltantes tengan ganada la voluntad de algunos cuya función es repelerlos. Con ayuda de cierto periodismo que ha trabajado profusamente para analfabetizar políticamente a los españoles y un sector del profesorado universitario que, desde las ciencias sociales y las humanidades, ha capitaneado el asalto demagógico contra la democracia representativa, se empieza a extender la peligrosa e infundada tesis de que Cataluña es un síntoma de una enfermedad española. Sin embargo, nada será más catastrófico para nuestro país que asumir crédulamente que la revolución nacionalista es el fruto de una quiebra constitucional y una crisis de la democracia española. Primero, porque ningún dato objetivo lo avala. Los problemas de desarrollo constitucional o de perfeccionamiento de la democracia que podamos tener no son exclusivos nuestros. Así lo prueba el que los compartamos con países de nuestro entorno donde no hay nacionalistas. Segundo, porque la idea de que la democracia está en crisis es fruto de una conciliación perversa de intereses entre los dos principales representantes del odio al pacto de 1978: los dirigentes de Podemos y los del nacionalismo en sus múltiples variantes. La admisión candorosa de su denuncia, confundiendo los problemas de consolidación democrática con defectos de fondo e incluso de origen, no hará sino contribuir a lo que más desean los nacionalistas. Y esto no es la independencia de Cataluña, sino la destrucción de la democracia española.

El Gobierno tendrá que aceptar que Pedro Sánchez no parece comprender que todo Estado democrático, y el español lo es, tiene el monopolio legítimo de la violencia para poder seguir siendo democrático. Si vacila o renuncia a utilizar la fuerza legal contra los que aspiran a destruir el pluralismo, habrá rendido la fortaleza de la democracia y el único sustento de la alternancia. Y tras eso, ya sabemos lo que viene. Para el PSOE, desde luego, nada bueno.

Manuel Álvarez Tardío es profesor de Historia del Pensamiento Político (Universidad Rey Juan Carlos).

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