Cuestión de libertad
La portavoz de Vox en la Comunidad de Madrid defiende la implantación de una herramienta para combatir la hegemonía de lo que denomina la dictadura progre y el adoctrinamiento ideológico en las aulas.
La izquierda sectaria siempre ha pensado en la educación de nuestros jóvenes como el espacio idóneo para colocarnos su ideología caduca y trasnochada. Apoyada en un Estado que aumenta sus atribuciones para desarrollar su agenda política, las familias observan con perplejidad cómo se produce la merma de su autonomía para criar y educar a los hijos.
El pin parental, amparado en el artículo 27.3 de nuestra Constitución, es un proyecto pensado para devolver autonomía a la sociedad civil, para que sean los padres quienes, mediante un ejercicio responsable, decidan si sus hijos deben participar o no en actividades que se sitúan al margen de los contenidos establecidos por el currículo educativo.
El escándalo mediático que ha producido nuestra propuesta demuestra lo inquieta que está la izquierda ante el desafío a sus políticas de supremacismo cultural. Acostumbrada, como estaba, a hacer y deshacer en el ámbito educativo y a que la derecha practicara una política continuista, comienza a percatarse de que Vox ha venido para dar voz a los que no la tenían, para poner en el centro de las políticas a los padres y las familias frente a su ideología totalitaria.
Nosotros siempre hemos sido muy claros respecto al rol que deben jugar las familias y, más concretamente, los padres en la educación de los hijos, por eso resulta sorprendente la actitud del Partido Popular o de Ciudadanos. Son estos partidos los que deben decidir si posicionarse del lado de quienes pretenden imponer medidas como el plan Skolae, que implica la enseñanza de juegos eróticos a los niños de 0 a 6 años, o quienes queremos hacer que el Estado respete el derecho de los padres a proporcionar a sus hijos una formación conforme a sus principios.
El desmedido y sospechoso interés en adoctrinar a los niños que tiene la izquierda encuentra su explicación en actitudes como la de Boti García, nueva directora de Diversidad Sexual, quien, a pregunta del actual vicepresidente de España, confesó haber mantenido una relación con una alumna menor de edad, lo que es un ejemplo de manual de abuso sexual. Por eso hemos pedido su cese.
Si ese es el concepto de educación que maneja el actual Gobierno, se entiende que el pin parental es una propuesta de mínimos, defensiva frente al ataque de este tipo de desaprensivos. Pretendemos ir más allá y derogar leyes como la ley Cifuentes, redactada por el Partido Popular y aprobada por el resto de los partidos que conforman el consenso progre; y que implica que pueda ser sancionado todo aquel que no esté dispuesto a asumirla o que se atreva a criticarla.
Además, nuestra propuesta también persigue que los profesores vean reforzado su papel como autoridades en sus asignaturas, de modo que no tengan que preocuparse por la planificación de actividades que, ni gozan del consentimiento de los padres, ni están contempladas en el currículo de las asignaturas.
El pin parental no es más que un primer paso para rearticular un sistema educativo que se ha convertido en objeto de deseo de separatistas, activistas y de todo tipo de movimientos disgregadores de la nación, favorecidos por un Estado de las autonomías que está deshaciendo la unidad nacional que nos queda.
Los españoles comienzan a darse cuenta de que Vox es más que un partido, es un instrumento creado para la defensa del bien común, de la nación y de sus ciudadanos, una herramienta que desafía el monopolio cultural y moral de la izquierda, un bastión que hace frente tanto a los complejos del Partido Popular y Ciudadanos como al totalitarismo propio de la izquierda.
La dictadura progre ha penetrado de manera muy intensa en nuestro país, imponiendo cuestiones como el cambio climático o la ideología de género y creando disensiones ficticias entre unos españoles que se han visto obligados a transigir hasta ahora. Y todo ello, promovido por unas élites progresistas, irresponsables, caprichosas y privilegiadas que no tienen inconveniente en diseñar experimentos ideológicos con los niños de los demás.
Con la irrupción de Vox emerge la promesa de la lucha incansable frente a este consenso totalitario, que entiende la educación como un instrumento ideológico, disuelve la jerarquía en la relación entre profesor y alumno y destruye la libertad de las familias y el derecho fundamental a la educación.
Rocío Monasterio es presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid y portavoz del partido en la Asamblea autonómica.
‘Fake pin’
La diputada de Ciudadanos considera que todos los alumnos tienen derecho a recibir una educación plural y en valores democráticos, evitando la opción de una educación a la carta e ideologizada.
Las cortinas de humo son clave en la batalla por la opinión pública. PSOE y Vox lo saben y por eso se han aliado. La polémica del llamado pin (por la ultraderecha) o veto (por la ultraizquierda) parental ha copado portadas. Pero mientras unos animaban a concentrarse en Consejerías y otros filtraban vídeos fakes, el PSOE: 1) pactaba presupuestos con Bildu; 2) mantenía «encuentros» con el Gobierno de Maduro; y 3) prometía un indulto encubierto. Paralelamente, la presunta financiación iraní de Vox pasaba de soslayo. El pin parental ha tenido una gran utilidad comunicativa y política tanto para Redondo como para Monasterio.
Vayamos al fondo. Los padres tienen derecho a decidir sobre la educación de sus hijos pero también los niños tienen derecho a recibir una educación plural y en valores democráticos. Ambas cuestiones deben ser compatibles. Constitución y legislación educativa establecen los contenidos curriculares, es decir, obligatorios a impartir en las aulas (el qué). Los docentes saben cómo transmitirlos y la administración, a través de los mecanismos establecidos, tiene que garantizar la calidad y ausencia de distorsiones no sólo en contenidos, sino también en métodos. Para eso hay mecanismos establecidos que deben funcionar correctamente (el cómo).
Vox propone con su pin «que se necesite consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívico morales o sexuales». Es decir, incide directamente en el qué. Se abre la opción de una «educación a la carta» que puede generar una peligrosa desigualdad. Pero además, el pin permite a individuos (por el mero hecho de ser padres) interferir en la docencia y distorsionar el conocimiento de un niño. El pin abre la puerta a que todos, incluidos los más extraños «agraviados del planeta» quieran transmitir a sus vástagos peculiares visiones del mundo. Así, ¿tendríamos que eximir a niños de clases sobre la Reconquista o el descubrimiento de América, que algunos consideran un genocidio? ¿Qué hacer con hijos de terraplanistas o antivacunas? Más allá de estos ejemplos, negar información rigurosa y sensata sobre educación sexual (como sucede en la mayoría de colegios) aboca a nuestros jóvenes a educarse peligrosamente con el porno.
La vía para mejorar el qué es fijar contenidos en el currículum que no contengan fake facts, que no creen agravios en función del lugar en el que se vive, que nos permitan ser competentes, autónomos, críticos, respetuosos y felices. Si hay cuestiones curriculares que modificar hagámoslo en el marco de la ley de educación para cuya confección pedimos hace ya dos legislaturas un pacto que el PSOE voló.
Pero pasemos al cómo. Vox esgrime su pin para evitar el adoctrinamiento cultural. En esto Ciudadanos no admite lecciones: fuimos los primeros en denunciar la manipulación en los libros de texto y las extorsiones en las aulas y en exigir al PP y al PSOE que dejen de hacer dejación de funciones. Judicializar un pseudoproblema cuando se tienen varios informes (uno de la Alta Inspección) con pruebas del adoctrinamiento y no se ha hecho nada es vergonzoso.
La calidad en el cómo se garantiza con mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas no con instrumentos que conducen a señalamientos en clase. Desde Ciudadanos planteamos que todas las actividades complementarias se conozcan detalladamente con antelación, se incluyan en la programación docente anual, justifiquen por qué y cómo se imparten, sean aprobadas por el Consejo Escolar y, en el caso de mala praxis, se paren inmediatamente por la inspección. Hemos pedido el desarrollo de la Alta Inspección y plateamos la revisión del sistema de participación de las familias, alumnos y docentes en la toma de decisiones. El PSOE y Vox quieren sacar tajada política de la Educación, usándola como arma arrojadiza. En Cs preferimos trabajar para garantizar los derechos de padres y niños. Sin pines ni cortinas de humo.
Marta Martín es catedrática, responsable del Área de Universidades de Ciudadanos y diputada en representación de este partido en las Cortes por Alicante.