Deberes para el próximo gobierno (o coalición)

Las elecciones del día 20 de diciembre constituyen un antes y un después en nuestra historia política reciente. El modelo bipartidista de alternancia imperante desde las primeras elecciones democráticas, parece tener los días contados. Todas las encuestas anuncian que el resultado de las próximas elecciones será un gobierno de coalición entre dos partidos nacionales. Una novedad en nuestros cuarenta años de vida constitucional, muy habitual, sin embargo, en Europa y que no tiene por qué ser mala, si es capaz de sumar audacia, prudencia, experiencia e innovación.

La condición es que no se limite a un mero reparto de poder, sino que se establezca un compromiso público de actuación en los grandes problemas que tiene planteados España. El catálogo de problemas nacionales es amplio, pero no infinito. Entre ellos hay algunos que condicionan ciertamente el futuro de nuestra democracia e incluso, nuestro futuro y nuestra convivencia. Nuestra democracia ha tenido no pocos aciertos, pero también empieza a surgir entre los españoles un cierto hartazgo de la forma en que se han hecho algunas cosas. La irrupción con fuerza de nuevas alternativas políticas confirma lo anterior. Existe la sensación de que hay cosas que es necesario mejorar. Los repartos de poder pueden y deben ser mutables, pero los problemas están ahí. Por ello, esperamos mucho del patriotismo, la responsabilidad y el sentido común de los partidos que los españoles elijan.

Deberes para el próximo gobierno (o coalición)El problema más inmediato, y que afecta a la vida cotidiana de millones de españoles y de sus familias es el desempleo. Mucho se ha escrito y hablado sobre ello. Opinar es libre, pero como decía refiriéndose a otra cuestión el maestro Julián Marías «todas las opiniones son respetables, pero no todas son igual de valorables». Los parados y sus familias no se merecen un debate ideológico: necesitan urgentemente soluciones, que sean válidas.

Sin ánimo de encontrar la piedra filosofal que acabe con el paro en España, sí parece pertinente recordar dos realidades de nuestra economía sobre las que existe un cierto consenso científico. La primera es que un aumento del gasto público no va a ofrecer soluciones duraderas, salvo que ese dinero fuese empleado en inversiones que pudieran aumentar nuestra productividad (hablaremos luego de la enseñanza, que es un buen ejemplo de esto). Los españoles tenemos muy fresco aún en la memoria el famoso plan E para recordar que ese tipo de cosas no funcionan, y, además, luego hay que pagarlas. La segunda es que el actual modelo de contrato laboral, pese a lo mucho que ha mejorado, continúa siendo una barrera disuasoria para el empresario que se plantea contratar nuevos trabajadores. El actual estado de cosas, y repito lo mucho que se ha avanzado, sencillamente no nos lo podemos permitir a largo plazo. El nuevo Gobierno debe aplicar medidas valientes, porque son necesarias. El consenso sería deseable, pero tampoco es un tótem al que se deban sacrificar reformas imprescindibles.

La enseñanza es la segunda gran cuestión que merece un serio debate nacional. El informe Pisa subraya las carencias de nuestro actual modelo de enseñanza, carencias que desgraciadamente no son una sorpresa para los españoles. Las medidas correctivas de los últimos años, particularmente la Lomce, van en la buena dirección, y el actual ministro de Educación está actuando seriamente en este terreno, escuchando y analizando interesantes propuestas de la sociedad civil. Este esfuerzo no debe decaer, ya que España y nuestros estudiantes no se merecen estar a la cola de Europa. Nuestro futuro está en juego.

Por último, cerrando una lista que no puede ser forzosamente exhaustiva, debe abordarse el problema territorial. El estado de las autonomías es hoy una realidad en la vida de los españoles, pero algo no está funcionando bien. España es un estado de estructura compleja en el que falla la lealtad territorial. Esta lealtad debe ser reforzada desde la corresponsabilidad de todos. Debe definirse el modelo territorial delimitando las funciones de cada administración y estableciendo un marco común de servicios para todos los españoles, dotando a las autonomías de la financiación necesaria. Aquí, sí que sería necesario el mayor consenso posible. Todos los españoles somos iguales ante la ley, y es esencial garantizar esta igualdad.

Estos son, a mi juicio, los deberes que los españoles le ponemos al Gobierno que saldrá de estas urnas. Hay evidentemente más cosas que hacer, pero estas tres tareas, paro, enseñanza y lealtad territorial, me han parecido las más trascendentes, al menos por ahora. Quizás más adelante podamos hablar de otros problemas como la justicia, la demografía o la corrupción, por citar algunos. Confiemos en que dentro de cuatro años podamos ponerle una buena nota a ese Gobierno. Nos va mucho en ello.

José María Gil-Robles, académico de la Real de Ciencias Económicas y Financieras y presidente del Centro de Estudios Comunitarios.

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