Las medidas severas tomadas por el gobierno de Grecia contra el partido de extrema derecha griego Amanecer Dorado han reanimado un interrogante perturbador que parecía haber desaparecido con el fin de la Guerra Fría: ¿existe un lugar dentro de las democracias liberales para los partidos aparentemente antidemocráticos?
Sin duda, las democracias liberales se han sentido amenazadas desde la caída del comunismo en 1989 -pero la amenaza principalmente provino de terroristas extranjeros, que normalmente no forman partidos políticos ni ocupan bancas en los parlamentos de estos países-. Entonces, ¿los partidos extremistas que intentan competir dentro del marco democrático deberían ser proscriptos o una restricción de estas características a la libertad de expresión y de asociación minaría en sí misma este marco democrático?
Por sobre todas las cosas, es crucial que estas decisiones les sean encomendadas a instituciones no partidarias como los tribunales internacionales, no a otros partidos políticos, cuyos líderes siempre se sentirán tentados a proscribir a sus opositores. Desafortunadamente, las medidas tomadas contra Amanecer Dorado se identifican esencialmente con los intereses del gobierno, en lugar de ser percibidas como el resultado de un criterio cuidadoso e independiente.
Frente a esto, la autodefensa democrática parece un objetivo legítimo. Como señaló el juez de la Suprema Corte de Estados Unidos Robert Jackson (quien también fue el principal procurador de Estados Unidos en Núremberg), la constitución no es "un pacto suicida" -un sentimiento del que se hizo eco el jurista israelí Aharon Barak, quien enfatizó que "los derechos civiles no son un altar para la destrucción nacional".
Sin embargo, el resultado de tanta autodefensa democrática, en definitiva, puede ser que no quede ninguna democracia por defender. Si el pueblo realmente quiere terminar con la democracia, ¿quién lo va a detener? Como dijo otro juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Oliver Wendell Holmes, "si mis compatriotas quieren ir al infierno, yo los voy a ayudar. Ese es mi trabajo".
Así las cosas, parece que las democracias están condenadas si prohíben y condenadas si no prohíben. O, en el lenguaje más elevado del filósofo liberal más influyente del siglo XX, John Rawls, este parece ser "un dilema práctico que la filosofía por sí sola no puede resolver".
La historia no ofrece ninguna lección clara, aunque a muchos les gusta pensar lo contrario. En retrospectiva, parece obvio que la República de Weimar se podría haber salvado si se hubiera proscripto al Partido Nazi a tiempo. Como todo el mundo sabe, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda de Hitler, se regodeó después de la Machtergreifung & (toma del poder) legal de los Nazis diciendo: "Esto será por siempre una de las mejores bromas de la democracia: les dio a sus enemigos mortales los medios con los cuales aniquilarla".
Sin embargo, una prohibición tal vez no habría impedido el desencanto general del pueblo alemán con la democracia liberal, y de todas maneras siempre habría venido después un régimen autoritario. De hecho, mientras que Alemania occidental prohibió un partido neonazi y al Partido Comunista en los años 1950, algunos países -particularmente en el sur y el este de Europa, donde se llegó a asociar a la dictadura con la supresión del pluralismo- han extraído precisamente la lección contraria en cuanto a impedir el autoritarismo. Esa es una razón por la cual Grecia, por ejemplo, no tiene estipulaciones legales para proscribir a los partidos.
El hecho de que Grecia, de todos modos, esté intentando en efecto destruir a Amanecer Dorado -el parlamento acaba de votar para congelar el financiamiento estatal del partido- sugiere que, en definitiva, la mayoría de las democracias querrán trazar la línea en alguna parte. ¿Pero dónde, exactamente, se la debería trazar?
Para empezar, es importante reconocer que la línea tiene que ser claramente visible, inclusive antes de que surjan los partidos extremistas. Si ha de imponerse el régimen de derecho, la autodefensa democrática no debe parecer ad hoc o arbitraria. En consecuencia, los criterios para las prohibiciones deberían be detallarse con antelación.
Un criterio que parece universalmente aceptado es el uso, estímulo o al menos condonación de la violencia por parte de un partido -como evidentemente sucedió con el papel que tuvo Amanecer Dorado en los ataques contra los inmigrantes en Atenas-. No existe tanto consenso respecto de los partidos que incitan al odio y están comprometidos con la destrucción de los principios democráticos medulares -especialmente porque muchos partidos extremistas en Europa se esmeran por enfatizar que no están en contra de la democracia; por el contrario, luchan por "el pueblo".
Pero los partidos que intentan excluir o subordinar a una parte del "pueblo" -por ejemplo, los inmigrantes legales y sus descendientes- están violando principios democráticos medulares. Incluso si Amanecer Dorado -un partido neonazi en apariencia y contenido- no se hubiera involucrado en actos de violencia, su postura extrema contra los inmigrantes y su incitación al odio en un momento de gran agitación social y económica lo habrían convertido en un candidato plausible para una proscripción.
Los críticos advierten sobre una situación resbaladiza. Cualquier desacuerdo con la política inmigratoria del gobierno, por ejemplo, podría llegar a calificarse de "racista" y resultaría en una restricción de la libertad de expresión. Algo como el clásico patrón norteamericano -el discurso que se cuestiona debe plantear un "peligro claro y presente" de violencia- es por lo tanto esencial. A los partidos marginales que no estén conectados a la violencia política y no inciten al odio probablemente se los debería dejar en paz -por más desagradable que pueda resultar su retórica.
Sin embargo, los partidos más próximos a asumir el poder son una cuestión diferente, incluso si prohibirlos pudiera parecer automáticamente antidemocrático (después de todo, ellos ya tienen diputados en los parlamentos). En un caso famoso, la Corte Europea de Derechos Humanos concordó con la prohibición del Partido del Bienestar de Turquía mientras era el miembro sénior de una coalición gobernante.&
Es un mito que las proscripciones convierten en mártires a los líderes de los partidos extremistas. Muy pocas personas recuerdan quién lideraba a los neonazis y los comunistas alemanes en la posguerra. Tampoco sucede siempre que los partidos tradicionales pueden recortar el respaldo a los extremistas eligiendo selectivamente sus quejas y demandas. Algunas veces esta estrategia funciona y a veces, no; pero siempre implica jugar con juego.
Prohibir a los partidos no tiene que implicar silenciar a los ciudadanos que se sienten tentados a votar por los extremistas. Sus preocupaciones deben ser oídas y debatidas; y a veces la proscripción se combina mejor con esfuerzos renovados en materia de educación cívica, enfatizando, por ejemplo, que los inmigrantes no causaron los males de Grecia. Es verdad, estas medidas podrían parecer condescendientes -pero estas formas de compromiso público son la única manera de evitar que el anti-extremismo termine pareciéndose al extremismo.
Jan-Werner Mueller is Professor of Politics at Princeton University. His most recent book is Contesting Democracy: Political Ideas in Twentieth-Century Europe.