Por Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción (EL PERIÓDICO, 28/03/06):
El 27 de septiembre del 2005, el Congreso de Diputados aprobó por unanimidad tramitar la reforma de la ley de financiación de partidos políticos. La tramitación sigue lentamente, casi languidece. Y ésta es, al menos, la 14ª prórroga del plazo de enmiendas. La urgencia de esa reforma es un clamor desde hace mucho tiempo ante un estado de cosas insostenible.
Hace unos meses, el Barómetro global sobre la corrupción de Transparencia Internacional en 69 países --incluida España-- constató que los ciudadanos ven a los partidos como las entidades más corruptas. El Tribunal de Cuentas español ha confirmado con datos esa realidad en relación al ejercicio 2002 y denuncia la ausencia de reglas contables eficaces; que las entidades financieras no informan, o lo hacen de forma inaceptable, sobre la actividad econó-
mica de ciertos partidos; que no hay forma de conocer y controlar la clase de relación de algunos partidos con las sociedades mercantiles que tienen constituidas; y, en cuanto a ciertas formaciones políticas, constan datos preocupantes porque afectan a la independencia de las mismas y al sistema democrático.
Así, el endeudamiento con bancos y cajas. El de CDC sumaba 7.714.623 euros; el de UDC se elevaba a 4.410.888; el PP adeudaba 6.485.185, y el PSOE 30.472.914. El sistema genera, con el factor añadido de las donaciones anónimas, una forma de patrocinio sobre los partidos que distorsiona su representatividad de la voluntad popular.
Esta situación ha recobrado actualidad con la reciente conclusión del juicio oral sobre las llamadas comisiones del AVE Madrid-Sevilla. Los hechos son remotos, de hace 15 años, pero su gravedad, cualquiera que sea la sentencia, obliga a preguntarse cómo es posible que hoy continuemos con el mismo régimen de financiación que permitió aquellos hechos. Porque está acreditado que personas vinculadas al PSOE, interponiendo sociedades instrumentales, abrieron cuentas en la banca suiza donde las grandes empresas que participaron en aquella obra ingresaron elevadísimas sumas, muy superiores a los cuatro millones de euros, presuntamente destinadas al pago de comisiones ilícitas en el proceso de adjudicación de las obras.
El tribunal dirá si hubo o no corrupción, es decir, un delito de cohecho. Pero un juez de Ginebra, que intervino cuentas suizas y entregó al Estado español 2.337.386 euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes de esas operaciones, afirmó que "el patrimonio de Anstalt Salimas, Tralcorde y Tequila (sociedades creadas en Suiza por ciertos acusados) estaba constituido por una parte importante de comisiones ilícitas que intervinieron en el marco de las licitaciones públicas españolas relativas particularmente a los contratos de locomotoras vinculados al proyecto NAFA".
LA REFORMA de la financiación, sin embargo, no será suficiente si no se afronta definitivamente el otro gran pilar frente a la corrupción, un régimen más riguroso de incompatibilidades y de control de bienes y derechos de los altos cargos públicos. Así lo acordó el Congreso el 23 de abril del 2002. Entre otras razones, para que no vuelvan a reproducirse hechos como los siguientes. Hace cierto tiempo, diversos medios publicaron que 16 altos cargos del PP habían incumplido la ley de incompatibilidades y no habían hecho la preceptiva declaración de bienes y actividades al ocupar, permanecer y cesar en el cargo. Ese deber es una de las formas de velar por la transparencia de la Administración, que exige rendir cuentas para detectar posibles enriquecimientos ilícitos y así saber si cuando se toman ciertas decisiones políticas y administrativas está favoreciéndose a intereses particulares, ajenos o contrarios al interés público.
El problema es grave, dado que, según el Tribunal de Cuentas, el 90% de los donativos que reciben los partidos son anónimos, por lo que se desconoce quién es el donante y la relación que pudiera mantener con los políticos favorecidos y con la Administración. La consecuencia es que se desconocen quiénes fueron los 16 altos cargos del PP que incumplieron sus obligaciones legales. Es particularmente grave cuando el PP, en el 2001, percibió en concepto de financiación anónima 2.521.353 euros. Cabe preguntarse si hubo relación entre esa financiación y los altos cargos que ocultaron datos tan relevantes.
PERO LAS iniciativas emprendidas por el Gobierno son insuficientes. Hace un año, aprobó un Código de buen gobierno para ministros y altos cargos. Es un conjunto de principios éticos y de conducta, enunciados como pautas de comportamiento: "Se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Administración en el servicio a los intereses generales...". "Sus actividades públicas relevantes serán transparentes...". "La adopción de decisiones perseguirá siempre la satisfacción de los intereses generales y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común...". "El desempeño de los altos cargos exige plena dedicación...". "Administrarán los recursos públicos con austeridad...". Y, finalmente, se dice que en caso de incumplimiento de dichos principios, "el Consejo de Ministros ... adoptará las medidas oportunas", pero no se especifican.
En todo caso, no pasan de ser meros patrones de conducta que no sólo son de escasa o nula eficacia sino que pueden servir para ocultar la ausencia de reformas realmente efectivas. Además, el código trasluce una concepción conservadora de la corrupción, como si ésta fuera una desviación individual cuando, como es sabido, es un fenómeno político estructural que exige medidas más institucionales con garantías de efectividad y un preciso régimen sancionatorio.