Una perspectiva un poco diferente a la habitual sobre un hecho acaecido allende los mares esta semana pasada tal vez amplíe nuestra visión sobre la política española. Proponemos observar un detalle de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de los EE.UU. que tanta convulsión ha propiciado. No teman, no entraremos en el proceloso tema del aborto, eternamente debatible desde muy distintos enfoques, confusamente entremezclados (morales, jurídicos, prácticos, económicos, religiosos, ideológicos, etc…) sino que repararemos en que la sentencia emitida critica y denuesta con la mayor contundencia dos sentencias anteriores del mismo Alto Tribunal a las que califica de grandes errores jurídicos. No es frecuente que unos colegas jueces destrocen, técnicamente, la labor de compañeros de profesión con esa severidad. En esencia, entendemos que vienen a decir que eso es lo que pasa cuando en vez de juristas de alto nivel los tribunales se “infectan” de activistas políticos (y no digamos de militantes partidistas…).
Ello nos ha hecho recordar, en primer lugar, la legalización de Bildu impuesta por el Tribunal Constitucional español (TCE) en contra de lo sentenciado por el Tribunal Supremo español, y, a partir de ahí, cierta cantidad de sentencias claves del TCE que nos han dejado boquiabiertos a los que teníamos uso de razón en 1978 y sabemos leer y recordamos cómo se nos presentó y vendió la Constitución Española a la hora de votar. Hablamos de temas y Leyes torales para la convivencia democrática, la vertebración de la sociedad, la igualdad ontológica de los españoles, la lucha contra la discriminación y el racismo, etc…Hablamos de educación y de la única lengua común de los españoles, hablamos de pérdida de derechos civiles, hablamos de la indispensable unidad de mercado, hablamos de España como conjunto de ciudadanos libres iguales y solidarios sin discriminación, muy por encima de territorios, como depositarios únicos de la soberanía, y un largo etc… de derechos fundamentales constitucionales. En todos esos campos llevamos decenios acumulando pronunciamientos del TCE siempre en el mismo sentido de favorecer la fractura social, de permitir la creación de ciudadanos de diferentes categorías según regiones, de acabar con la movilidad de los españoles en su patria, de aniquilar la unidad de mercado, de facilitar supremacismos y desigualdades antidemocráticas…. Sabemos que son Ustedes conscientes de ello, le den la importancia que le den, pero si quieren un análisis detallado e impecable les recomendamos el indispensable libro de Don Santiago Trancón: ”España sentenciada”. Tal parece que tras haber aprobado la Constitución de 1978, los Partidos políticos se hayan dedicado a ponerse de acuerdo para pervertirla, distorsionarla, prostituirla y darle vuelta como un calcetín.
Parafraseando a un antiguo Vicepresidente de Gobierno : ”tras 40 años de Constitución no la reconoce ni la madre que la parió (los votantes)”. Para alcanzar este punto, la complicidad del TCE, o de varios TCE’s ha sido y es indispensable, y para ello los Partidos se han dedicado a trufar el alto Tribunal de adeptos, militantes de Partidos y así convertir el TCE en una tercera cámara (no electa). Tienen una excelente descripción del desastre en un artículo del profesor Sosa Wagner en el diario El Mundo del sábado pasado. Y aquí recalcamos la segunda noticia importante de la semana: la pirueta grotesca del SPS de desregular su propia norma sectaria anterior en parte para permitir que el actual CGPJ sí pueda nombrar dos magistrados en la renovación del TCE, pero sólo eso, y así poder introducir magistrados afines a los Partidos del actual Gobierno SPS. Una burla esférica.
Por eso la primera noticia comentada nos hace pensar, con la verdad por delante, que tal vez para salir del abismo político existencial en que nos encontramos será necesario revisar con toda severidad muchas de las sentencias anticonstitucionales que se han producido. Soñar no cuesta nada.
Por Enrique Calvet Chambon, ex europarlamentario y Presidente de ULIS.