Decretazo ideológico, no sanitario

Leo frecuentemente en artículos de opinión y análisis políticos distintas teorías sobre cuál pudo ser el germen que provocó el virus independentista catalán. Qué acciones o decisiones, políticas o judiciales, pudieron provocar la gesta de un golpe de Estado contra nuestras instituciones sin que, aparentemente, fuéramos capaces de prever hasta qué punto el órdago independentista iba a acabar con la convivencia en Cataluña durante generaciones. Mi opinión sobre el nacionalismo y sus métodos es muy clara. Es una ideología totalitaria con un propósito a largo plazo muy bien definido, la independencia. Y para ello requiere alcanzar una serie de metas, claramente establecidas a lo largo del tiempo, y que poco a poco provoquen un cambio social que aleje a los ciudadanos de la idea de España y lo que representa.

Precisamente porque estoy convencido de cuál es el planteamiento estratégico del nacionalismo, defiendo que el germen de la deriva independentista no es producto de una acción concreta, sino la suma de pequeñas decisiones que por oportunidad política o por mera connivencia ideológica han ido instaurándose en nuestra sociedad sin que se les diera la importancia que merecían.

El caso catalán nos ha servido para hacer un recorrido por todas aquellas acciones que han podido contribuir al auge independentista. Una concesión económica de más, un Estatuto acordado por mera oportunidad política, total permisividad con su modelo educativo adoctrinador… Acciones que, aún siendo graves de manera individual, son aún más letales consideradas en el plano colectivo. Ahora muchos ciudadanos se preguntan cómo fue posible que no nos adelantásemos a los distintos pasos de la hoja de ruta nacionalista.

La realidad es que en muchos casos se hizo, pero en otros faltó claramente visión de Estado, dándose prioridad al interés puntual del momento. Un ejemplo muy claro de ello es el que sufrimos en la Comunidad que tuve el honor de presidir: Islas Baleares.

El pasado viernes el Consell de Govern, capitaneado por la socialista, y cada vez más nacionalista, Francina Armengol, aprobó un decreto por el cual se priva a los ciudadanos de nuestras islas del derecho a contar con los mejores profesionales sanitarios. Por culpa de esta medida los funcionarios públicos del sector que quieran trabajar en nuestra Comunidad tendrán que saber catalán como requisito indispensable para poder ejercer. Además de lo dramática que es la situación para todos aquellos profesionales que se van a ver obligados a abandonar las islas por culpa de la medida, los ciudadanos que vivimos en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera no podremos recibir asistencia sanitaria por parte de los mejores profesionales de España, al contrario de lo que ocurre en el resto del país.

En nuestra Comunidad, que está en la misma situación de penetración nacionalista que la que tenía Cataluña hace unos años, se ha primado la imposición lingüística por encima de la salud y el bienestar de los ciudadanos de Baleares. Plataformas surgidas de la propia sociedad civil llevan ahora la bandera de la defensa de la igualdad de oportunidades para los profesionales sanitarios y la lucha contra el despropósito que supone que en una de las regiones más internacionales de Europa se prime una lengua no necesaria para el ejercicio profesional frente a cualquier tipo de experiencia o cualificación sobre la materia. Una materia que, además, es tan relevante para salvar vidas. Los cargos públicos y los partidos políticos constitucionalistas tenemos un deber inexorable con los ciudadanos a la hora de defender sus derechos.

Tenemos que ser implacables, no sólo porque queremos que si el mejor neurólogo madrileño o la mejor cardióloga sevillana quieran venir a ejercer a Mallorca el catalán no sea un impedimento para que lo hagan, sino también porque debemos saber que esta medida es sólo un paso más en la dirección de acabar con la identidad balear que, a su vez, es indisoluble de la de España.

Si permitimos, ya sea por acción o por omisión, que decretos como estos queden sin contestación política, ciudadana o mediática, estaremos permitiendo que los independentistas impongan su modelo totalitario en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad. Precisamente porque estoy preocupado por lo que pasa en nuestras islas es por lo que desde nuestro Govern redujimos a mérito el requisito del catalán, aplicamos el trilingüismo y aprobamos la Ley de Símbolos que blindaba a las islas de los ataques identitarios catalanistas.

Y es por lo que no dejo, ni dejaré, de denunciar situaciones como estas, porque Baleares no es inmune al virus del independentismo, como claramente se puede ve con decisiones y momentos como los que estamos viviendo. La imposición del catalán al colectivo médico no es sino un tentáculo nacionalista más.

Espero que cuando de verdad queramos darnos cuenta de lo que significaban cada una de estas pequeñas acciones, tal y como ha ocurrido con Cataluña, no sea demasiado tarde para España.

José Ramón Bauzá, senador del PP y expresidente del Gobierno Balear.

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