La mayoría absoluta del PP en las elecciones generales del 20-N no puede interpretarse como un apoyo masivo de la población a la política que está desarrollando. En primer lugar, porque apenas el 44% de los votantes depositó su confianza en el partido de Rajoy, que gobierna holgadamente gracias a las distorsiones de una Ley Electoral que blinda el bipartidismo y margina a la izquierda no domesticada. Y, en segundo término, porque la campaña electoral del PP adoleció de cualquier tipo de concreción en las propuestas programáticas (“haremos lo que hay que hacer” se limitaba a decir el entonces candidato y ahora presidente) y podemos recordar promesas (no abaratar el despido, no subir los impuestos…) olvidadas al llegar a la Moncloa. Si Zapatero puso en marcha los recortes sociales por rendición a la presión de los mercados, Rajoy está poniendo toda su convicción en la demolición de nuestro inacabado Estado del bienestar.
En el País Valenciano vivimos este proceso en una situación inédita en las tres décadas de historia de nuestra autonomía. Políticamente, tenemos un Consell intervenido de facto por el Gobierno central, que, a cambio de avales y anticipos de transferencias con las que la Generalitat va sorteando el temido default, impone un durísimo ajuste presupuestario que se ceba en el sector público. Que el presidente anunciara un recorte de más de 1.000 millones de euros del Presupuesto de la Generalitat sólo dos días después de su publicación en el DOCV supuso una quiebra del principio de separación de poderes (entre el ejecutivo y el legislativo) y de la capacidad de autogobierno (pues en realidad fueron Rajoy y Montoro quienes nos impusieron este primer “plan de rescate”, al que ya sabemos que seguirán otros). Pero, principalmente, el Decreto Ley 1/2012 ha significado un hachazo brutal a los derechos laborales y a la prestación de los servicios públicos.
Tras haber derrochado miles de millones de euros en proyectos faraónicos, grandes eventos y fastos a mayor gloria de unos gobernantes megalómanos, el PP pasa la tijera por la parte más débil. El personal interino ha visto reducirse en un tercio su jornada, su salario y sus cotizaciones para que la Generalitat ahorre menos de lo que cuesta el canon anual de la fórmula 1, que seguirá celebrándose en el circuito urbano de Valencia. El personal sanitario y docente pierde hasta 500 euros al mes para conseguir aproximadamente lo mismo que ha costado el aeropuerto sin aviones de Castellón. No se recorta sólo el salario de los empleados públicos sino también el servicio prestado a los usuarios. ¿O alguien cree que se pueden quitar 440 millones de euros del presupuesto de sanidad (ya infradotado inicialmente) sin que se resienta la atención a los pacientes? Por supuesto que no, y eso lo saben perfectamente los dirigentes del Partido Popular valenciano, por mucho que tiren de argumentario.
Las medidas de ajuste de Rajoy y de Fabra no tocan los privilegios de los bancos ni de los grandes patrimonios, que siguen beneficiándose de inyecciones de dinero público y de bonificaciones fiscales. Con la política de recortes son, una vez más, los trabajadores del sector público y el conjunto de la ciudadanía quienes pagan las consecuencias del colapso de un modelo de (sub)desarrollo basado en la especulación y estrechamente vinculado a la corrupción. Y con la reforma laboral se pone fin a derechos laborales y sociales que, como la negociación colectiva, suponíamos consolidados y protegidos por la Constitución. Frente a la furibunda campaña de la derecha mediática contra los sindicatos, no hay mejor antídoto que recomendar la lectura del BOE para entender las razones de la huelga general. Los trabajadores deben saber que, si no se consigue derogar esta reforma, su empresa podrá unilateralmente bajarles el sueldo, modificarles el horario o las funciones, e incluso despedirlos por estar enfermos. Vuelta al siglo XIX.
Hace falta que la mayoría social tome conciencia de lo mucho que está en juego en este envite y en los que pueden venir a continuación. Se trata de un ataque directo al Estado social, utilizando la estigmatización de la acción colectiva (tanto la política como el sindicalismo) y el descrédito de lo público (comenzando por sus trabajadores) para generar un clima de opinión favorable a los recortes y las privatizaciones. Con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las oportunidades de negocio para las grandes empresas ya no están en el ladrillo sino en nuestra salud, nuestra educación e incluso nuestra seguridad. Si además se precarizan las condiciones de trabajo y se rebajan salarios y cotizaciones, el desequilibrio en la correlación de fuerzas se acentúa a favor del capital y en contra de la clase trabajadora. No dejemos nuestras vidas en manos de entidades financieras. No permitamos que nos quiten nuestros derechos y los de nuestros hijos. Defendamos lo público, que es de todos.
Ignacio Blanco es diputado de Esquerra Unida en las Cortes Valencianas.