El verano siempre esconde sorpresas entre su exceso de grados. El calor, destilado y concentrado en el mes de agosto, termina por subirse a la cabeza como si se tratara de una bebida espirituosa. Y cuando en la azotea craneal se encuentra con pensamientos en ebullición, el resultado suelen ser los malos humos que reflejan algunas opiniones y que, como la humareda al fuego, revelan conflictos ocultos. La igualdad y la violencia de género es uno de estos temas que agosto suele recalentar.
El pasado día 4 el Ministerio de Igualdad, como el pasado año, presentó el balance de la evolución de la violencia de género y el resultado de un estudio sociológico sobre actitudes y percepciones ante esta violencia. Todo este tema, rodeado de desconocimiento, ignorado históricamente, camuflado entre la normalidad de las costumbres y la tradición cultural y que además se traduce en consecuencias tan dramáticas como son cada uno de los asesinatos, exige mucho conocimiento e identificar claves de comprensión para avanzar en su solución. Es lo mínimo.
Pero el objetivo, al menos para una parte de la sociedad, es el contrario. Parece que molesta delimitar la realidad de la violencia de género para mostrarla tal y como es. Como se deduce de algunos artículos y opiniones aparecidos estos días, hay quien prefiere esconder la realidad de fondo bajo argumentos basados en percepciones individuales que se apoyan a su vez en datos aislados e inconexos. Sorprende que la llamada a la responsabilidad individual de las personas encargadas de la respuesta profesional se entienda como una culpabilización, en lugar de ver una apelación al compromiso que todos debemos tener ante el problema.
Como es época de sorpresas, el azar nos aborda ahora con un debate sobre el significado de la violencia doméstica. Incluso se discute la constitucionalidad de la Ley Integral Contra la Violencia de Género, a raíz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que absuelve a un hombre de un delito de violencia de género, por no apreciar en los hechos «un móvil de dominación machista».
En este punto, se hace necesario recordar que la Ley Integral nace de la voluntad unánime de acabar con la violencia de género en la sociedad española, que a través del Parlamento se ha dotado de un instrumento para conseguirlo, actuando sobre la prevención y sobre los casos que se producen. La Ley Integral parte de la especificidad de la violencia de género y sus diferencias respecto al resto de la violencia interpersonal, que no está en el resultado, en el hecho de agredir a otra persona -en esto todas las violencias son iguales (terrorista, racista, mafiosa…)-, sino en su origen, en la motivación de la que parte y en los objetivos que pretende conseguir.
El modelo ecológico de la violencia que recoge el Informe Mundial de la OMS (2002) sitúa el origen de la violencia de género en el contexto sociocultural, que envuelve al resto de circunstancias entre las que, en la parte final, se encuentran los factores individuales que caracterizan la conducta desarrollada. Las causas de la violencia contra las mujeres no están en los elementos individuales que definen la relación de pareja (si ella gana más dinero que él o tiene más estatus, si existe dependencia material, si la agresión ha sido de un modo u otro…). Esos aspectos concretos matizan los hechos, pero no los definen.
La violencia surge de la desigualdad existente en la sociedad, que lleva a muchos hombres a mantener una posición de referencia o de autoridad -o lo que es lo mismo, una posición de poder- sobre la cual corregir o imponer sus criterios recurriendo, incluso, al uso de la violencia. Y para ello cuenta con la normalización de esta violencia que hace la propia víctima y la sociedad, y la legitimidad que le da el ejercerla desde esa posición de poder. No por casualidad existe una incidencia tan alta de violencia de género -no sólo homicidios-, ni tampoco resulta casual que más del 80% de las mujeres asesinadas no hayan denunciado, ni que las que lo hacen sean cuestionadas con argumentos falaces, por amplificados, como el de las denuncias falsas.
El artículo 1 de la Ley lo recoge de forma clara: la violencia de género es aquella que se ejerce «como manifestación de la discriminación, situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres…». No es una violencia que busca esos objetivos, sino que nace de esas circunstancias, y no como parte de un contexto individual de relación de pareja, sino como una situación general traída por la desigualdad atávica. Y no hay que escandalizarse por ello, sino resolverlo.
Cuando las declaraciones internacionales y la Constitución hablan de que no se puede discriminar por razón de ideología, raza, sexo, creencias… lo que nos están diciendo es que todas esas discriminaciones existen. Y si existe la discriminación por razón de sexo, significa que son las mujeres las que la han sufrido en una historia que abraza al presente. La violencia de género surge de ese contexto sociocultural y la Ley Integral busca acabar con ella para avanzar hacia la igualdad como valor interiorizado, no sólo como referencia externa exigible por ley. Por eso sanciona con más gravedad lo que es más grave, puesto que la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres en las relaciones de pareja cuenta con el beneplácito de una cultura que la ha normalizado y que cuestiona más a las víctimas y a quienes hablamos de ella que a los agresores y a quienes, de alguna manera, minimizan el calado de esa violencia.
No se puede ser simplista y decir que es una Ley contra los hombres. No es así; sólo actúa contra quienes se aprovechan de las circunstancias que la cultura sitúa a su alcance para ejercer la violencia, algo que no pueden hacer las mujeres. Pero ello no significa que ellas no sean sancionadas cuando agreden: lo son de manera proporcional al significado de la violencia que ejercen, y no sólo al resultado de la agresión.
La Ley Integral exige la concurrencia de elementos que confieren a la conducta una mayor gravedad sobre la base de las referencias culturales que la han normalizado e invisibilizado. Por eso el agresor tiene que ser un hombre, la víctima una mujer, y las circunstancias la relación de pareja. No es una normativa contra los hombres, pues a quienes no ejercen la violencia frente a sus parejas, o aquellos que agreden a una mujer fuera de la relación de pareja o atacan a otros hombres, incluso dentro de las relaciones de pareja, no se les aplica esta norma.
La Ley Integral refleja la voluntad ciudadana de acabar con la violencia de género, y eso significa abordar las circunstancias que dan lugar a ella, no sólo actuar sobre sus manifestaciones. La igualdad es la mejor medida de protección que podemos darnos para conseguirlo, y por ello tenemos que trabajar para alcanzarla y para velar por su cumplimiento.
Quien teme a la igualdad es un poco como el verano, aparentemente estable y claro, pero cargado de tormentas sorpresivas que buscan arrastrar lo nuevo para dejar las raíces de siempre.
Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la Violencia de Género.