El lehendakari le debe una explicación al conjunto de la sociedad vasca. Debería explicar por qué dos días después de que la Guardia Civil detuviera a dos pistoleros de ETA, que han resultado ser miembros del comando que cometió el terrible atentado de Barajas, que asesinó a dos personas en la T-4 y que planeaba nuevas acciones criminales, reunió a su Gobierno, no para felicitar a las Fuerzas de Seguridad por una brillante operación que, probablemente, ha salvado muchas vidas, sino para extender sospechas sobre la actuación policial y exigir explicaciones «al Gobierno socialista» por las lesiones que obligaron a hospitalizar a uno de los detenidos.
Que nadie me interprete mal. Respaldar al Estado de Derecho, la acción contundente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el terrorismo, es perfectamente compatible con investigar las denuncias y ser exigentes con los protocolos de actuación de las policías, en cumplimiento de la legalidad y del respeto a los derechos humanos.
Lo que digo es que el Gobierno vasco debió actuar con más prudencia a la hora de señalar responsabilidades, debió esperar a la investigación judicial abierta, porque no puede ignorar que los terroristas de ETA y su entorno tienen instrucciones de denunciar sistemáticamente torturas con el propósito de desprestigiar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, también a la Ertzaintza, y deslegitimar al Estado de Derecho.
Ya es un sinsentido que Ibarretxe reúna a su Gobierno, no para gobernar como es su obligación; no para tomar decisiones sobre los asuntos que afectan cotidianamente a la ciudadanía (el conflicto en la sanidad pública, el problema de la vivienda o las amenazas de ETA al Tren de Alta Velocidad), sino únicamente para atacar al Gobierno de Zapatero y, de paso, al secretario general de los socialistas vascos, Patxi López.
Pero resulta inaceptable, es una irresponsabilidad y un despropósito, que la portavoz, Miren Azkarate, y consejeros de ese Gobierno, como Joseba Azkarraga, se apresuren a dar mayor crédito al colectivo de apoyo a los presos de la banda terrorista que al ministro de Interior. Es una terrible equivocación insinuar que el Gobierno español combate a ETA «achicando la democracia» y, además, aprovechar el viaje para criticar la política antiterrorista, legítima y necesaria; para cuestionar leyes democráticas, como la Ley de Partidos; o para poner en entredicho decisiones judiciales firmes.
El Gobierno vasco ha perdido, una vez más, la oportunidad de hacer pedagogía democrática contra ETA y su proyecto totalitario; la oportunidad de reforzar la unidad de quienes defendemos la democracia y las libertades en Euskadi. Ha preferido hacer guiños al abertzalismo radical. Y lo ha hecho por puro oportunismo político: para halagar los oídos de ese mundo, hacerse con un puñado de votos y, en último término, alimentar el frentismo de la época de Aznar que el actual inquilino de Ajuria Enea tanto parece añorar.
A los socialistas nos hubiera gustado ver al Gobierno vasco defendiendo los derechos de las 16 familias de Balmaseda que pasaron la Nochebuena lejos de sus hogares, al menos con el mismo énfasis que ha puesto en defender los derechos de un presunto terrorista, sin esperar a que concluya la investigación judicial en marcha para saber si esos derechos han sido violados. Pero no ha sido así. Para los vecinos de Balmaseda sólo hubo una declaración infumable «sobre el recrudecimiento de la violencia en Navidad», en la que se meten en el mismo saco el atentado de ETA que les dejó sin casa, la muerte en accidente de tráfico del familiar de un preso y el encarcelamiento de dirigentes de la ilegalizada Batasuna.
Basta de hipocresía. Basta de equidistancia y de mentiras, como decir que en este país se ilegalizan ideas. Ibarretxe no puede seguir ni un minuto más en la pose del Cristo entre dos ladrones: a un lado el Estado de derecho y al otro ETA. No puede poner al mismo nivel la actuación de un Gobierno democrático y la de una banda de asesinos.
Los socialistas vascos estaremos siempre en la defensa de la democracia y de la legalidad, y en el combate del terrorismo con las armas del Estado de derecho, y sólo con ellas. Y también en el reconocimiento al trabajo de quienes, con gran profesionalidad y eficacia, arriesgan sus vidas para que los ciudadanos de este país podamos vivir un poco más tranquilos.
Rodolfo Ares