Por Elena Espinosa Mangana, ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación (ABC, 10/03/06):
EL pasado 1 de marzo se cumplieron veinte años de aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España. El proceso de definición y desarrollo de la PAC, desde el origen de la CEE, permitió configurar un modo de afrontar y resolver problemas comunes, consagrándose como «motor» de la unidad europea. Sin embargo, hoy en día es señalada por algunos como un «lastre» en la evolución de la Unión Europea, tal y como quedó de manifiesto en el reciente debate de las perspectivas financieras comunitarias. Por el contrario, en mi opinión, se trata de una política necesaria para Europa y beneficiosa para España.
La mayoría de los países disponen de políticas públicas para el sector agrario. Los motivos se fundamentan en mantener unas estructuras productivas que aprovechen los recursos naturales y garanticen un cierto grado de autosuficiencia alimentaria. Se trata de ofrecer alimentos a la población en cantidad y en unas condiciones de seguridad suficientes. Estas cuestiones responden a una preocupación legítima de la que no pueden desentenderse las Administraciones Públicas. Además, por motivos de ordenación y ocupación del territorio, conservación del medio ambiente y del paisaje, o incluso arraigo de la cultura rural, la agricultura tiene una importancia social y política mayor de la que le correspondería desde un prisma económico.
Así, si comparamos el apoyo a la agricultura en relación con el número de agricultores, observamos que la UE se sitúa en el entorno de la media de los países de la OCDE, por detrás de Suiza, Noruega, Japón e incluso EE.UU. La UE tiene una política agraria eficaz, relativamente barata en términos consolidados de PIB europeo, que ha sabido ir adaptándose a las reglas internacionales del comercio y dar respuesta a las sensibilidades de los ciudadanos en materias tales como preocupación medioambiental, seguridad alimentaria, bienestar animal o trato preferencial para los países en vías de desarrollo y menos avanzados.
Pocos estados miembros en Europa, o ninguno, estarían dispuestos a prescindir de una política agraria. La cuestión que plantean algunos es si se quiere que ésta sea «común». Es un tema relacionado con la cuestión de «hacer más o menos Europa», en el sentido de si para abordar nuevas políticas comunitarias hay que reducir asignaciones financieras a las que existen o incrementar el presupuesto comunitario.
Pero la PAC no es sólo una política necesaria, sino que ha sido, y es, una política beneficiosa para España. Es indudable el éxito con que la agricultura española ha sabido adaptarse a la integración en la UE, aunque también con costes inevitables. Hace veinte años, la integración en el mercado único supuso un reto de apertura real al exterior para el sector agrario español, pero al mismo tiempo la aplicación de la PAC en España iba a acompañar este proceso de modernización.
El saldo de la adaptación de la agricultura española a la apertura puede evaluarse a través de la evolución del comercio exterior y de la renta agraria. Las exportaciones del sector agrario no han dejado de crecer desde 1992, y en los últimos diez años la balanza comercial ha arrojado saldos positivos. En relación con la renta agraria, las subvenciones de la PAC han constituido un apoyo claro al sostenimiento de las rentas de la agricultura española. Desde su incorporación a la CEE, España ha incrementado la renta agraria por trabajador, situándose por encima de la media comunitaria y sobrepasando la de países como Alemania o Suecia, lo cual ha supuesto una mejora de vida para los habitantes del medio rural. Evidentemente, en esta evolución ha sido determinante la disminución de la población activa agraria. No obstante, esta caída es una evolución propia del desarrollo económico que habría sido, sin duda, más intensa sin la PAC.
En estos veinte años, la agricultura española ha sido un ejemplo de capacidad de adaptación, dando un salto cualitativo de modernización real para integrarse en una economía de mercado competitivo, utilizando al máximo los instrumentos de regulación de la PAC. Esta integración se hizo, además, de una forma armoniosa, sin grandes problemas ni desajustes estructurales. Los protagonistas del cambio son los agricultores y el conjunto del sector agroalimentario, que en todo momento han tenido como apoyo y orientación una referencia de la política agraria nacional y comunitaria.
Si bien es cierto que la importancia de la agricultura en la economía española es relativamente modesta, hay que tener en cuenta que la industria agroalimentaria española es el primer sector industrial del país. Esta industria, como elemento más dinámico y por su posición intermedia entre la producción y el consumo, va a actuar como catalizador para impulsar el funcionamiento del sistema agroalimentario.
La iniciativa empresarial y la potenciación de los planteamientos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) deben permitir conectar con los objetivos de la Estrategia de Lisboa y configurar una industria agroalimentaria potente y sostenible, tanto en el aspecto de la viabilidad económica como en el del cumplimiento de las exigencias medioambientales.
Con estas referencias, nuestra agricultura, en el marco de la PAC y de la política agraria nacional, tiene un objetivo prioritario y concreto: consolidar e incrementar una producción segura y de calidad, orientada al mercado, competitiva en términos absolutos y relativos, sostenible, tanto en lo que se refiere a la viabilidad económica y social como al respecto de normas medioambientales, y que cumpla, además, las funciones no directamente productivas que le asigna la sociedad.
Y para ello debemos orientar los recursos financieros comunitarios y nacionales que, complementados con otros tales como una estrategia de economía del agua y de reacción ante la sequía mediante la modernización del regadío, nos permitirán cumplir con el compromiso de este Gobierno de asegurar el futuro de la agricultura y de la industria agroalimentaria española ante los desafíos que plantea la economía del siglo XXI.