Defenderse del independiente

Buscar un acuerdo que haga más clara y transparente la acción política es siempre una positiva aproximación a la gran actualización pendiente.

A los propios problemas de nuestro sistema electoral por dicha falta de adaptación a las dinámicas sociales y la inherente oxidación de la maquinaria por no renovarse, se suma un escenario de participación política mucho más líquida, que choca con el actual formato, encorsetado, de partidos políticos.

Así, bajo la fórmula jurídica y conocida de los partidos tradicionales, se presentan desde hace tiempo a las elecciones siglas que en realidad son partidos instrumentales, a caballo entre la coalición y la suma de independientes que –por no tener otra forma de participación– deben integrarse en candidaturas cerradas.

Defenderse del independienteDe igual forma, entran nombres independientes en las listas de los partidos tradicionales con mayor asiduidad. Personas sin carnet, sin militancia, que prestan su nombre a un partido para una campaña y una acción política concreta.

Ahora bien, esa independencia que aparece –o no– especificada entre paréntesis en las listas electorales no tiene ninguna garantía ni protección para que se mantenga una vez se realice el recuento.

Al día siguiente, los partidos esperan una lealtad absoluta, una votación unánime, una acción sincronizada con el resto del grupo. Se trata de una incoherencia mayúscula y un engaño al elector que termina o bien eliminando por completo la publicitada independencia o una tensión interna por poder ejercerla.

El nuevo Pacto por la estabilidad y la lucha contra el transfuguismo político suscrito por la totalidad de las principales fuerzas políticas no hace sino reforzar esa situación de preeminencia que ostentan las cúpulas de los partidos políticos y que, unido a la falta de igualdad en el valor del voto, supone el principal problema que arrastra el sistema político español.

Puede resultar lógico que, en plena efervescencia política, con mociones de censura, disoluciones de cámaras, convocatoria de elecciones anticipadas, etc., haya emergido, como resorte activado de manera automática por el sistema, un mecanismo de autodefensa contra el transfuguismo, al que se le ha colocado eufemísticamente el prefijo Pacto por la estabilidad institucional.

Si algo teme la dirección de todo partido político concebido bajo la égida de un sistema de listas cerradas y bloqueadas es, precisamente, que el representante pueda minar la ley de hierro de la oligarquía que se crea a su amparo.

Por eso no ha habido nunca tanto consenso, hasta el punto de llegar a la unanimidad de los grandes, en ninguna otra materia política. La gestión de la pandemia, la administración de las vacunas, la crisis económica rampante, la gestión de la ingente cantidad de ayudas provenientes de Europa no han sido materias lo suficientemente importantes para generar un consenso, ya no digamos la unanimidad de la clase política. Que una ovejilla se desvíe del camino sagrado marcado por la ortodoxia, sí.

A simple vista, daña a los ojos de cualquiera que se haya aproximado mínimamente a la ciencia política el concepto que preside el pacto. Buscar la estabilidad en un régimen parlamentario con un sistema electoral proporcional (con sesgo mayoritario debido a la circunscripción provincial) es, por definición, una aporía.

Y a poco que se profundice, es fácil inferir que el argumento de pretender lograrla a través de la lealtad es un perfecto sofisma, por varias razones.

En primer lugar, porque implicaría intentar destruir por la puerta trasera el régimen parlamentario que instauró la Transición y consagró la Constitución del 78. Es perfectamente lícito querer sustituir este régimen por otro como, por ejemplo, el de una república presidencialista, por buscar su polo opuesto. Pero habrá que hacerlo respetando las reglas de juego actuales y no valiéndose de lo que a todas luces sería considerado un fraude de ley.

En segundo lugar, porque, en la política, el concepto de la lealtad tiene las miras más altas. Cuando el pacto por la estabilidad se refiere a ella, está pensando en la fidelidad de carácter personal a la disciplina de partido. Es decir, la del siervo al amo, a quien debe su soldada. Y, sin embargo, la lealtad a la que se debe moralmente un representante es (tendría que ser) a la de sus votantes, que en última instancia son aquellos que han decidido colocar al representante en su escaño. El hecho de que haya elecciones periódicas se debe, entre otras cosas, a que la democracia representativa exige, para que se le pueda llamar así, de un control sobre el representante, ya sea a priori, durante o a posteriori de su mandato.

En tercer lugar –aunque es una derivada de lo anterior–, porque exigir lealtad del representante al partido en vez de al votante o ciudadano, teniendo el primero la capacidad punitiva si su autoridad o control se ve disminuido, es lo mismo que reconocer que nuestro sistema no es una democracia representativa de los ciudadanos, si no de los partidos. Y a ese régimen o modelo político, perfectamente teorizado por el constitucionalismo alemán de principios del siglo pasado (Leibholz, Schmitt, Kelsen), se le llama partidocracia. Teoría que, para legitimar la ruptura del lazo representativo entre la sociedad civil y el poder político, idea el concepto de identidad ideológica. El texto del pacto es muy claro al respecto; entre sus objetivos se encuentra el «reforzar el criterio de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos».

Ahora, además, el pacto pretende extender la figura del tránsfuga no solo a quien cambia de partido sino a quien vota en contra, si quiera puntualmente, de la disciplina que marca el partido. Incluso aunque sea por coherencia, si el partido la ha perdido, como tantas veces ocurre.

En cuarto lugar, porque, si no son suficientes los anteriores argumentos morales, existe otro de carácter legal que, a nuestro entender, ha hecho que el siguiente acuerdo no haya pasado de un mero pacto entre oligarcas: suprimir por la vía de la legislación ordinaria el mandato representativo es sencillamente inconstitucional, en virtud del art. 67.2 de lo consagra.

El transfugismo no es la causa del problema institucional ocasionado por las partidocracias, sino una de sus consecuencias. Solo existe el transfuguismo en donde no hay una verdadera libertad política de los ciudadanos. Pues solo ellos, en virtud de otro mandato constitucional que les otorga la soberanía política, deben premiar o castigar a sus representantes

Como hemos intentado describir, no se trata de eliminar la indisciplina de partido. Esta puede ser incluso saludable en un entorno apropiado. De lo que se trata es de que sean los ciudadanos quienes la juzguen y no los oligarcas que la sufren. Y para ello lo que nuestro país necesita perentoriamente no es un pacto anti-tránsfugas sino una reforma de la ley electoral.

Estaremos ante un riesgo grande de que bajo la acusación de tránsfuga en realidad se estén cercenando las posiciones de independencia originales de los nombres electos como tales. Eso no va a mejorar la estabilidad del sistema político, simplemente eliminará derechos políticos de los cargos electos en favor de la oligarquía dominante del partido o de quienes se configuren como mayoría en el grupo.

No se puede usar el transfuguismo como excusa para cercenar la independencia política, pues su significado es lo suficientemente relevante como para distorsionar su gravedad, alejándonos de la tan necesaria reforma electoral que sea capaz de dar cabida a estas nuevas realidades.

Lorenzo Abadía ha sido profesor de Sociología Política y Derecho Constitucional. Alberto Sotillos es sociólogo y analista político.

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