Vivimos tiempos complejos, casi todos lo son, y nuevamente debemos llamar la atención sobre lo que es importante y relevante en nuestra vida pública, entre tanto marasmo, confusión y charlatanería. Jerarquizar lo que es esencial y marcarlo con claridad me parece prioritario, si se quiere avanzar y progresar de manera seria y responsable.
No cabe duda que hoy el tema de la organización territorial del Estado es clave y determinante en nuestra vida pública y política, gastando una parte muy significativa de nuestras energías políticas: el conflicto en Cataluña con el independentismo, la formación del Gobierno de España, la proliferación del nacionalismo. El debate nacional público y publicado –mediático– está dominado por este asunto muy por encima del resto, pues afecta a todo nuestro entramado institucional: poder legislativo, poder ejecutivo, poder moderador, poder autonómico, poder electoral, etc.
En situaciones complejas, y ésta sin duda lo es, siempre es recomendable atender a los principios básicos de la política desde hace milenios: el interés general, el bien común, los principios de libertad e igualdad, el respeto por la democracia que es lo mismo que el respeto por la ley, pues aunque algunos intenten tergiversarlo, la ley es la expresión o el fruto de un sistema democrático.
Hace no muchos días celebramos los 41 años de nuestra Constitución de 1978, la única que ha funcionado en nuestros dos últimos siglos de caos democrático y constitucional hasta el nacimiento de la misma, creo que tres guerras civiles en el siglo XIX, una terrible en el XX, varios golpes de Estado y dictaduras –una de casi cuarenta años–, dos repúblicas fracasadas y seis constituciones ineficaces, lo atestiguan. Estimo que es muy útil refrescar tan solo dos artículos que prácticamente abren el Título VIII de nuestra Constitución, que precisamente se titula De la organización territorial del Estado. El artículo 138.1 establece (por cierto, qué lastima –e irresponsabilidad– que la Constitución no se enseñe en todas nuestras escuelas, cuánto bien se haría a nuestra democracia) lo siguiente: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular». Esto significa varias cosas. Primero, que el Estado autonómico español tiene límites claros que la Constitución marca, no todo vale. Segundo, que se apoya y favorece la descentralización, pero nunca la injusticia entre territorios y, más importante, entre personas. Tercero, que el artículo 2, nada más y nada menos, apunta un principio del Estado autonómico: la solidaridad entre los españoles, sin que el territorio donde se viva signifique un desequilibrio económico. Y cuarto, que la solidaridad del artículo 2 no debe ser jamás un brindisalsol, por eso el artículo 138.1 repite y enfatiza muy claramente: «realización efectiva del principio de solidaridad». Tal vez pueda generar alguna duda el artículo 138.1, aunque yo pienso que no, pero si la hubiera, el siguiente apartado la disipa con rotundidad, pues el artículo 138.2 determina: «Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». Parece poco discutible que la Constitución no quiere Comunidades Autónomas de primera y Comunidades Autónomas de segunda, lo contrario sería admitir que en España hay españoles de primera y españoles de segunda, a nivel económico y social.
Creo que en estos momentos de debate político sobre las competencias, financiación y «determinados» derechos de los ciudadanos de algunas Comunidades Autónomas, debemos tener presentes estos preceptos. Por cierto, para despejar ya todo tipo de dudas, el artículo 139.1 establece que: «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado».
Hemos de tener presente que los poderes del Estado y sus diferentes actores deben desarrollar el marco político y, dentro del mismo, tienen todo el margen de maniobra que consideren, pero los límites que marca la Constitución son líneas rojas insalvables. Lo contrario implicaría la intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso o cuestión de inconstitucionalidad, a instancias de los órganos legitimados para ello.
Por lo demás, el Gobierno de España también tiene sus deberes. En este sentido el artículo 97 abre el Título IV de la Constitución Del Gobierno y de la Administración y dentro de las siete funciones principales que le atribuye, está la «defensa del Estado». Es esta una responsabilidad ineludible, el Gobierno de España debe obligatoriamente defender el Estado. ¿Qué significa esto? Muy sencillo, defender el Estado regulado en la Constitución. Y ya hemos visto cómo los señalados artículos 138 y 139 se refieren al Estado. El círculo democrático se cierra lógicamente con el artículo 9.1 de la Constitución: «Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». No sé qué parte de este artículo no ha entendido el Gobierno –y parte del Parlamento– de Cataluña. Reventar el sistema democrático español, donde viven 46 millones de personas, no sé si es muy democrático. A mí me recuerda a lo peor del siglo XIX y XX de la historia de España. Vuelta a no respetar la norma. Vuelta a no respetar las instituciones. Vuelta a la demagogia como degeneración de la democracia. Por cierto, dentro del no respeto institucional está el ninguneo a la Jefatura del Estado, esto es, al Rey de España, artículo 56.1 CE.
Vivimos tiempos raros, donde no se tienen claras las ideas básicas: qué es una democracia, qué es un Estado de derecho, qué es una Constitución, qué es un poder constituido –fruto de la Constitución y sometido a ella–, qué es un poder constituyente –el que elabora la Constitución, el único soberano pues, es decir, el pueblo español, algo que el nacionalismo independentista tampoco entiende–.
Termino. Creo que el nacionalismo tiene un peso absolutamente desorbitado en el entramado político e institucional de España. Hay principios esenciales a los que no se puede renunciar, como la libertad, la pluralidad –las sociedades cerradas y uniformadas características de cualquier nacionalismo: vasco, catalán o español, me producen vértigo–, la igualdad y el respeto a la norma que democráticamente nos hemos dado, y el nacionalismo está destrozando todos estos principios. Son principalmente el PSOE, el PP y Ciudadanos los que tienen que defender y respetar estos principios, si no la historia de la democracia española irá a un irreversible fracaso. Del resto de fuerzas políticas no espero mucho, primero por su carácter extremo, segundo por estar alejadas del interés general y el bien común de los 46 millones de españoles. Las pasadas elecciones generales dieron al nacionalismo un porcentaje de voto en ningún caso superior al 8%, me resulta muy difícil comprender y tener que aceptar, en términos democráticos, que menos del 8% de españoles marque la vida pública del restante 92%.
Ortega y Gasset, gran conocedor de la realidad española, abogaba por líderes que estén a la «altura de los tiempos». Es tiempo de grandeza, responsabilidad, sentido de Estado y perspectiva histórica, poco o nada se habla ya del interés general y el bien común de las 46 millones de personas que viven en España. Para mí esta es la única perspectiva legítima y democrática, el resto es demagogia. Los cuarenta y dos años de vivencia democrática que hemos tenido, se han basado principalmente en la moderación y la competencia política centrada, evitando siempre los extremos. Dos siglos de historia política extremista creo que son bastante para haber aprendido la lección, espero.
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.