Defensora de derechos y libertades

Los derechos y libertades se defienden todos los días. Así ocurre en las democracias. Es algo que no tiene fin. Esto es lo que hace la institución del Defensor del Pueblo. Y cuando una defensora concluye su mandato vendrá otro defensor o defensora, elegido por las Cortes Generales que continúe con el trabajo, pues quienes buscan protección seguirán solicitándola: personas que esperan una sentencia judicial desde hace mucho tiempo; personas con discapacidad que anhelan la supresión de barreras en su ciudad, personas que no pueden hacer frente a sus deudas. Miles y miles escribirán al defensor, a lo largo de un año, para contarle sus problemas, el derecho que les asiste y las esperanzas que tienen.

Es difícil encontrar una institución, sin poder ejecutivo pero con autoridad, que pueda ayudar tanto a muchos. Porque a ella acuden personas de todas partes y en muy diversas situaciones, y aunque no todas las veces se logran respuestas favorables, siempre se encuentra el apoyo, la orientación y el amparo que puede servir para nuevas acciones a emprender. Suecia, allá por 1809, creo la figura del Ombudsman para controlar si el Gobierno cumplía con los derechos que los ciudadanos tenían reconocidos. Y así se desarrolló una institución que se extendería por las democracias, ampliaría sus funciones y se convertiría, además en defensor de derechos.

Y como en las democracias se han extendido y multiplicado los poderes que gobiernan, legislan e interpretan las leyes, alguien que pueda señalar a aquel poder que no cumple, que ignora o infringe derechos prestará un servicio a los ciudadanos. Siempre, siempre, habrá que recordar que detrás de una «queja» hay una persona que solicita, reclama o recuerda que le asiste un derecho, y la Administración no puede ignorar esa «queja», y si lo hiciera sería considerada como Administración entorpecedora. Ayer se decía ante una «queja» aquello de «vuelva usted mañana». Hoy eso no es aceptable; los ciudadanos serán cada vez más exigentes hacia las administraciones sobre sus derechos, pues a ellos se les exige el cumplimiento, cada día, de un mayor número de normas, de reglamentos y de leyes.

Las nuevas tecnologías de la comunicación y transmisión de datos han abierto un inmenso campo de actuación y de repercusión a la institución del Defensor del Pueblo; son nuevas vías para proteger, ayudar o defender. Hoy se puede poner una «queja» desde un teléfono móvil; se puede saber cuál ha sido la respuesta de la administración y cuánto ha tardado; se puede saber si se va a reiterar por no ser suficiente la respuesta; se puede saber qué otras actuaciones similares ha habido y cuáles los resultados. Se puede conocer quiénes son las administraciones que no responden, y cuáles han sido denunciadas a la fiscalía por ello.

También es posible saber qué visitas se han realizado a centros penitenciarios, cuándo y que recomendaciones se han hecho para garantizar los derechos de las personas internas, pues España es un ejemplo en la defensa de los derechos humanos aunque algunos tribunales europeos todavía tengan de nuestro país una imagen del pasado, de cuando no éramos un Estado de Derecho.

Estar al frente de una institución que se preocupa por la acogida de refugiados en momentos de enormes desplazamientos humanos hacia Europa, por razones de guerras, de persecución y de hambre, es tener la posibilidad de ayudar a quienes están en situaciones tales que arriesgan sus vidas en unas travesías que con frecuencia acaban en dramas.

El poder unir la voz a otras muchas para solicitar justicia, y contribuir a guardar la memoria de aquellos que han sido víctimas del terrorismo es, también, tener la posibilidad de insistir en una de las causas más justas que una puede imaginar: no olvidar a quienes murieron por ser ciudadanos de un Estado de Derecho, de un estado donde se respetan los derechos y las libertades, en una democracia. Fueron muchas las víctimas; otras pudimos haber estado entre ellas.

Ha sido un gran honor el intentar cumplir con el mandato de la Constitución española de defender derechos y libertades, ser alta comisionada para la defensa de los derechos humanos y prevenir tratos inhumanos o degradantes. Y poder hacerlo sin presiones, sin injerencias, solo condicionada por mi propia capacidad o por mi propia insuficiencia.

La Defensora es seguramente la única persona que no puede formular «queja» alguna; por el contrario, solo tiene palabras de gratitud para todos aquellos que le han permitido ejercer esa función durante cinco años.

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.

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