Déficit o crecimiento, falsa polémica

Como es conocido, la producción de la economía española en el último trimestre de 2011 fue más reducida que la del anterior y parece que la del trimestre actual se reducirá aún más respecto a la del final del pasado ejercicio. Lo que nos espera, al menos para los tres primeros trimestres del año en curso, es una caída continuada en la producción con inevitables aumentos en el paro. La Comisión Europea así nos lo ha anunciado, al pronosticar una reducción del 1% en nuestro PIB pese a no haber tenido en cuenta el efecto negativo de los nuevos ajustes que tendremos que efectuar durante este año. El Banco de España coincide en ese pronóstico, aunque lo sitúa en el 1,5%. Y el Fondo Monetario Internacional estima que la caída de nuestra producción durante 2012 llegará al 1,7%. Tres predicciones que caritativamente se acompañan, como suele ser costumbre, con lo que suelo denominar el síndrome del segundo semestre, es decir, con la ingenua esperanza de una mejora durante los meses finales del año que tantas veces termina fallando.

Hay otra noticia que ha pasado casi desapercibida para el público. Recientemente la Comisión Europea ha desarrollado 10 indicadores para evaluar los desequilibrios macroeconómicos en los países miembros, que son el saldo de la balanza corriente, la posición neta en inversiones internacionales, el tipo de cambio efectivo deflactado, los costes unitarios del trabajo, la cuota de exportaciones, los precios del mercado inmobiliario, el flujo de crédito al sector privado, los niveles de deuda privada y de deuda pública y la tasa de paro. Casi todos esos indicadores se valoran por sus cambios en periodos definidos según los casos, y se comparan con niveles de referencia elegidos por la Comisión. Pues bien, España, junto con Chipre, Irlanda y Portugal, cumple sólo cuatro de esos 10 criterios, lo que de siempre ha significado un suspenso. El resto de los países de la Unión falla en algunos de ellos, pero no en tantos como España y los países citados. Los indicadores en que fallamos señalan la existencia de graves problemas de fondo que son los que afloran en la caída de la producción y del empleo.

El nuevo Gobierno ha comenzado su política económica por donde debía, es decir, por la reducción del déficit público, que es factor clave para la estabilidad y elemento esencial para la recuperación económica, al frenar las necesidades públicas de crédito y, consecuentemente, la sustitución del dirigido al sector privado por el concedido al sector público. También para ampliar el espacio de actuación de la empresa privada. Pero, al mismo tiempo, la magnitud de esa tarea, al partir de un déficit acumulado por el Gobierno anterior muy superior al previsto -8,51% del PIB en lugar del 6% que convino y anunció- y tener, además, que efectuarse en un año para el que se espera una caída en la producción en lugar de su crecimiento, ha abierto la polémica de si los objetivos comprometidos de déficit no serán excesivamente duros y darán origen a un mayor retroceso de nuestra economía. Si el PIB en términos monetarios no crece o lo hace muy débilmente, la recaudación tributaria disminuirá propiciando un mayor déficit, pese a la reducción de los gastos públicos. Además, un mayor esfuerzo en la reducción de gastos podría afectar negativamente a la demanda global, hundiendo aún más la producción. Por eso, aunque el Gobierno todavía no lo haya pedido, son muchos los que solicitan metas más asequibles para nuestro déficit público. Sin embargo, como ha recordado el gobernador del Banco Central Europeo, esa relajación del objetivo de déficit podría desencadenar una reacción negativa en los mercados y dificultar seriamente la necesaria financiación de nuestro país. No estaría, pues, exenta de riesgos, especialmente sin la ayuda del Banco Central Europeo.

En esa tesitura, quizá la solución del dilema anterior tenga que venir dada por la combinación de tres acciones simultáneas. La primera, la de mantener por ahora los objetivos ya comprometidos en cuanto a déficit público sin negociar su reducción, con lo que evitaríamos la presión inmediata de los mercados. Esos objetivos nos obligan a alcanzar un valor del 4,4% del PIB para el déficit en 2012. La segunda, la de concentrar el esfuerzo sobre la disminución de los gastos públicos sin ningún nuevo aumento de impuestos. Eso conduciría a estructuras más ligeras y flexibles de nuestro sector público, especialmente en el ámbito de su organización territorial y de sus empresas y fundaciones, y a evitar una caída en la renta disponible de las familias por mayores impuestos que nos llevaría a un menor crecimiento del PIB. La tercera, una selección muy cuidadosa de los gastos que deberían eliminarse, comenzando por los gastos superfluos y las duplicidades de muchos servicios del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y siguiendo con la reducción de los que tengan menor incidencia sobre la producción nacional y, en último extremo, también de los que pudieran afectar más directamente al PIB.

Pero la acción esencial en este año 2012, sólo aparentemente perdido para nuestro crecimiento y nivel de empleo, debería ser la de continuar con firmeza y dar pronto término al programa de grandes reformas que tan audazmente ha emprendido el nuevo Gobierno. Esas reformas no generarán mejoras en el déficit público pero promoverán cambios institucionales muy profundos que nos abrirán las puertas de una nueva economía mucho más competitiva y eficiente, permitiéndonos superar la crisis y sobrevivir en un mundo bien distinto al que estábamos acostumbrados. Para promoverlas se necesita de mucho entusiasmo y del impulso concertado que debe caracterizar a los equipos gubernamentales coherentes, pero también de mucha firmeza para resistir la presión de la calle, artificial y desvergonzadamente promovida, ya sin tapujos, por quienes nos llevaron a la lamentable situación de ahora. Una situación mucho más grave de lo que indican las menguantes cifras que se esperan para el PIB pero que fácilmente se adivina tras nuestros pobres resultados en el reciente examen de la Comisión Europea.

Algunos todavía piensan que deberíamos ocuparnos menos del déficit, negociando una relajación de los objetivos convenidos. No es ése el camino. Esa relajación frenaría inevitablemente el impulso que necesitamos y retrasaría aún más la salida de la crisis. Apretemos los dientes frente a la dificultad y emprendamos, por el contrario, una decidida reducción del déficit vía menores gastos, sin fijarnos otras metas que las ya convenidas y con la firme pretensión de alcanzarlas, esforzándonos todo lo que podamos a la vista de lo que vaya sucediendo con la producción y el empleo. Al tiempo, pongamos rápidamente en marcha todas las grandes reformas proyectadas. Sin caer en el síndrome del segundo semestre, es muy probable que, más pronto que tarde, reducción del déficit y reformas propicien la aparición del deseado crecimiento del PIB.

Por Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de El Mundo.

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