Déficit o reactivación económica

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, no pierde ocasión de pedir una reducción del número de funcionarios y exigirles más sacrificios para salir de la crisis dado que son los únicos que tienen un trabajo asegurado. Una salida sin coste, pues, para los que más tienen. El conseller de Salut, Boi Ruiz, pide a los sanitarios públicos que acepten una nueva reducción de sueldo para poder cuadrar las cuentas del sector. Los portavoces del centralismo más torpe no cesan de berrear contra las comunidades autónomas porque suponen una duplicidad de funciones no asumible por las arcas del Estado. Y los políticos lo fían todo a la reducción del déficit, con lo que justifican los actuales recortes de sueldos y de políticas sociales.

Ciertamente, la situación es crítica, pero no hay fórmulas mágicas para combatirla. Es una crisis global que afecta particularmente a la zona del euro y que amenaza con llevarse por delante el proyecto de la UE ante la ineficacia de los políticos y del BCE. En nuestro país, donde la crisis se ve agravada por la burbuja inmobiliaria, la situación se afrontó tarde y mal. Pero vayamos por partes.

En el caso de los más de 2,5 millones de trabajadores del sector público en España (1 de cada 18 habitantes), se olvida que está por debajo de la media de la UE (y en todo caso de países como Suecia, Finlandia, Bélgica, Francia, Holanda), que el 40% no tienen plaza en propiedad y, por tanto, se encuentran en condiciones similares de precariedad que los trabajadores del sector privado y, además, que ya han sufrido una reducción salarial de un 5% de media y, en muchos casos, apenas son mileuristas. En un caso que conozco bastante bien, el de la Universidad de Barcelona, resulta que de los 4.995 profesores que había en el 2010, solo el 51% eran funcionarios. En el caso del personal de administración y servicios, la situación todavía era peor, ya que de un total de 2.348, solo el 45% eran funcionarios. El sueldo de los profesores asociados -el 69% de los que tenían una vinculación no permanente con la universidad- no llegaba, por término medio, a los 500 euros mensuales. Claro que en la empresa privada la situación de los trabajadores no es mejor y la pérdida de poder adquisitivo ha venido de la mano de las quiebras, los ERE, la reducción forzada de la jornada laboral, la externalización del trabajo, convenios negociados a la baja, etcétera.

Ciertamente, hay duplicidad de funciones administrativas. En Catalunya se superponen la estatal, la autonómica, la provincial, la comarcal y la municipal. Hace falta, sin duda, una racionalización y un adelgazamiento, pero no en detrimento de la capacidad de autogobierno, sino del principio de subsidiariedad: lo que hacen unas administraciones no es necesario que lo hagan otras, y las diputaciones no parece que en el marco autonómico tengan mucha razón de ser (tampoco todos los consejos comarcales). En todo caso, según un estudio de Foment del Treball, en el 2007, en Extremadura, los empleados públicos representaban el 28,7% de los ocupados, mientras en Catalunya, solo el 9,8%, el último lugar del ranking. Así pues, para que Catalunya se aproximara a la media estatal hacían falta 124.000 empleos públicos más o sobraban 781.000 en España. Pero la reciente reforma exprés de la Constitución fija unos límites de déficit que penalizan las instituciones más cercanas a los ciudadanos, mientras permiten un déficit más elevado al Gobierno central.

Pero hay quien no lo fía todo a la reducción del déficit, porque en una situación de crisis profunda empieza a ser urgente incrementar la capacidad productiva para reactivar los ingresos y reducir el paro. En Estados Unidos, Francia o Alemania, insignes fortunas han pedido un incremento de impuestos a los más ricos. El denominado impuesto de los ricos no solucionará el problema del déficit, pero es un gesto de solidaridad que favorece la cohesión social en unos momentos difíciles. Pero aquí ninguna insigne fortuna ha abierto boca. Es más, muchos grandes empresarios, ¡patriotas ellos!, amenazan con trasladar las sedes de sus empresas a Madrid si la Generalitat opta por incrementar los impuestos.

Continuar solo con una política de recortes y de reducción de sueldos, mientras sube el precio del gas, la electricidad, los productos básicos…, nos hundirá aún más en el pozo y hará imposible para muchas pequeñas y medianas empresas y para las clases medias y populares hacer frente a los gastos ordinarios (incluidas las hipotecas, porque las cuotas no se reducirán a pesar de la desvalorización del precio de las viviendas). No hay recetas mágicas y la zona euro amenaza con quebrar, pero el desmantelamiento del Estado del bienestar y los recortes en políticas sociales no serán suficientes para salir del túnel. Quizá se llegará a controlar el déficit, pero al precio de comprometer la reactivación económica e incrementar el desempleo y la desprotección social. Necesitamos un imposible, más Europa, y políticas más imaginativas que reactiven la economía y permitan salir del callejón sin salida, porque fiarlo todo a la reducción del déficit es pan para hoy y hambre para mañana.

Por Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la Universitat de Barcelona.

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