Déficit patriótico

Los ciudadanos de este país hemos sufrido la peor crisis económica de la democracia, consecuencia de la fatal conjunción de la recesión global y del estallido de la burbuja inmobiliaria autóctona. En nuestro sino adverso han confluido, pues, un potente desencadenante externo, el hundimiento del sistema financiero; un elemento autóctono, el colapso súbito y en buena medida irreversible de la construcción residencial y del negocio inmobiliario; y, si se quiere, un elemento accidental, que es la gestión que los poderes públicos, el Gobierno en primer lugar, han hecho de la crisis.

El infortunio que se ha abatido sobre nosotros, de forma irremisible y del que solo hemos sido culpables en lo que se refiere a haber consentido el recalentamiento de la construcción (un pecado que habría que prorratear entre todos los gobiernos de los últimos 20 años), debió haber recibido a modo de respuesta la enérgica movilización de todas las fuerzas vivas e institucionales de la sociedad civil. Eso hubiera sido lo lógico ante un turbión de descomunales proporciones que lanzó en pocos meses al pozo del desempleo a más de dos millones de personas.

Sin embargo, solo el Gobierno ha cumplido con su obligación y ha reaccionado ante la adversidad. Lo hizo probablemente tarde, aunque no más tarde que la mayoría de los gobiernos occidentales, y con decisiones cuando menos controvertidas ya que aplicar medidas keynesianas a la gran recesión acabó pareciendo aquello de matar el cáncer con aspirinas. De cualquier modo, solo el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero interpuso diques a la crisis, que fue desbordándolos sucesivamente, hasta que, en un momento límite, el presidente del Gobierno entendió que la terapa adecuada exigía su inmolación política: fue el 12 de mayo del 2010, cuando anunció el gran ajuste, impuesto por unos mercados que supeditaban la financiación de nuestra deuda a unos estrictos compromisos de rigor presupuestario.

Pese a lo extremo de la coyuntura, el Gobierno no consiguió apoyo para llevar a cabo aquel sacrificio, del que dependía la intervención o no de la economía española, en riesgo de sufrir un rescate al que ya se estaba sometiendo la economía griega: el colosal ajuste de unos 15.000 millones de euros, que representa una reducción adicional del déficit del 1,5% del PIB en el 2010, salió adelante en el Congreso por un solo voto gracias a la abstención de CiU, CC y UPN, y con el voto en contra del Partido Popular, que jugó a derribar al Gobierno aunque fuese a costa de la humillación española.

Pero no solo los partidos no vinculados al Gobierno se han desentendido completamente de la dura e impopular terapia que requiere la crisis. También los empresarios y los sindicatos han sido incapaces de acordar las reformas indispensables para que este país materialice el cambio del patrón de crecimiento que determine nuestra modernización. Los agentes sociales fueron incapaces de consensuar la reforma laboral, tan tímida que resultó seguramente insuficiente, y ahora, tras escarceos indecorosos, han fracasado también en su intento de acordar la reforma de la negociación colectiva.

Quizá convenga recordar que estas piruetas se han producido sobre un trasfondo trágico de casi cinco millones de parados y en el marco de un tejido empresarial exhausto, elementos que arrojan cierta indecencia sobre el tablero de las negociaciones. Porque quienes las han frustrado no pueden ignorar que la eficacia de la reforma es diferente si proviene de un pacto social o de un decreto ley del Gobierno.

Es triste comprobar, en fin, que las grandes instituciones sociopolíticas de este país, los partidos de oposición, los sindicatos, las organizaciones empresariales, no han respondido a la gran recesión con la entrega y la magnanimidad que hubieran sido deseables en momentos de gravísima adversidad para una mayoría social, que sufre en términos muy duros las consecuencias directas de la crisis. Al contrario que en la transición española, en que hubo que acometer difíciles decisiones constituyentes en medio de una grave crisis económica y se contó con la patriótica buena disposición a la moderación y al pacto de todas las organizaciones políticas y sociales, esta vez no hemos estado a la altura de los requerimientos y se ha advertido un gran déficit patriótico, una falta penosa de sentido del Estado. Ello explica sin duda la indignación, solapada o explícita, que se advierte en el cuerpo social, harto de que las instituciones políticas, las intermedias y los más influyentes grupos sociales se desentiendan del fracaso colectivo de un país que fue inducido a vivir por encima de sus posibilidades.

Nadie debería creer que las próximas elecciones generales, gane quien gane, pondrán fin a esta irritación generalizada que se ha adueñado de las articulaciones de este país: habrá de haber cambios mucho más profundos para que la democracia se reconstruya y la sociedad recupere su confianza en un modelo democrático deteriorado a conciencia por muchos de sus actores más caracterizados.

Antonio Papell, periodista.

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