Contra viento y marea el ministro Montoro ha conseguido que el déficit público de 2013 fuera inferior al que se había presupuestado para las tres Administraciones Públicas. El déficit total alcanzó 67.755 millones de euros, frente a los 68.340 millones presupuestados. Que suponen el 6,62% de los 1.023.000 millones de euros de un PIB inferior en más de 24.000 millones de euros al que se suponía iba a alcanzar el PIB de 2013.
El objetivo de déficit para 2014 es de 60.700 millones de euros, un 5,8% de un PIB que se supone de 1.047.000 millones. Un resultado fácil, hoy, de alcanzar, tanto por la previsible evolución de los ingresos como de los gastos. Los presupuestos generales del Estado fueron muy conservadores en sus previsiones. En los ingresos por impuestos se suponía que crecerían apenas 1.200 millones en 2014 y que los ingresos por cotizaciones a la seguridad social se reducirían en casi 4.000 millones respecto a 2013. Extrapolando los ingresos por impuestos durante los tres primeros meses de 2014, que se comportan como corresponde a una economía que crece algo más del 1%, –sustancialmente más del 0,5% previsto–, la recaudación por ingresos de todo tipo podría crecer en un mínimo de 8.000 millones de euros, en lugar de decrecer en 2.800 millones. Habría un margen positivo de casi 11.000 millones.
El crecimiento económico también se pone de manifiesto en muchas partidas de gasto. Los pagos de pensiones se suponía que iban a aumentar hasta los 127.000 millones, pero la evolución reciente permite aventurar que se gastarán 2.500 millones menos. Para desempleo, la cifra presupuestada asciende a 27.500 millones. Probablemente 25.000 millones serán suficientes. Para intereses de la Deuda Pública, el presupuesto suponía un gasto de 36.000 millones en correspondencia con una prima de riesgo de 230 puntos. El gasto –con una prima de riesgo en torno a 170 puntos y a los tipos de interés actuales– no debería sobrepasar los 32.000 millones. En conjunto, por tanto, el gasto público por esos conceptos podría descender en 9.000 millones sobre lo presupuestado. La combinación de mayores ingresos y menores gastos, fruto de una política económica y, sobre todo, fiscal, de austeridad, podría reflejarse en una reducción del déficit de 20.000 millones de euros en 2014. El déficit podría alcanzar los 48.000 millones de euros, lo que significaría un 4,6% del PIB, en lugar del 5,8% que tenemos como objetivo acordado con la Comisión Europea.
Esta es la magia de la recuperación económica en los ingresos y gastos públicos. Ese es el juego de lo que se denomina «estabilizadores automáticos» de los ingresos y los gastos públicos. Una reducción del déficit público tan acelerada –excepto que se abra la mano y se permita el aumento de otros gastos, corrientes o de inversión– da margen para plantearse si se pueden bajar algunos impuestos. El objetivo de déficit para 2015 es el 4,2% del PIB de ese año. En números, eso se traduce en 45.000 millones de euros, si el PIB crece alrededor del 1,7% en 2015, como pronostican la mayoría de los expertos. Es decir, 3.000 millones menos de déficit de lo que podría alcanzarse en 2014. Todos estos números son necesarios para explicar las tensiones que ha producido el anuncio del ministro Montoro de rebajar y reordenar los impuestos directos, es decir, el IRPF, el de Patrimonio y los de Sucesiones y Donaciones, sin compensarlos con la subida de otros impuestos, como el IVA.
Una rebaja de impuestos en 2013 era disparatada. Una rebaja en 2015 podría justificarse, siempre que el déficit bajara sustancialmente del 5,8% presupuestado en 2014. Aquí es donde han comenzado las diferencias. El Banco de España, la Comisión Europea e incluso parte de nuestro Ministerio de Economía dicen que es muy difícil cumplir con el 5,8% de este año e imposible con el 4,2% del 2015. Creo que se equivocan. Y no sería imposible que la evolución natural de ingresos y gastos pudiera reflejarse en un déficit inferior al 4% del PIB en 2015. Con esa evolución, sí sería el momento de plantearse la reforma impositiva. La reducción de los impuestos directos debería tener, como límite, una menor recaudación de un máximo de 4.000 millones, para poder cumplir el objetivo de déficit del 4,2%. Como la expansión económica continuaría, esa menor recaudación podría recuperarse en 2016.
Si la reordenación de los impuestos directos siguiera las recomendaciones de la Comisión de Expertos sobre la Reforma Fiscal, el resultado sería un IRPF con tipos máximos entre el 45% y el 50%, la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y la aprobación de un Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones uniforme en toda España –excepto en el País Vasco y Navarra, que siguen aplicando su excepción constitucional–, con tipos de entre el 4% y el 5% entre cónyuges, padres e hijos –frente a pagos en algunas autonomías que pueden superar el 40%–, del 7% al 8% para colaterales de segundo y tercer grado –sobrinos, primos…, que hoy pueden llegar a pagar hasta el 64%– y de entre el 10% y el 11% para terceros no familiares –frente a pagos expropiatorios actuales superiores al 81%–. Los propietarios de empresas familiares disfrutarían, además, de un descuento del 50% al 70% sobre esos tipos. La eliminación de la competencia fiscal no es una buena política. Pero la crisis de nuestro sistema autonómico y el secesionismo de los nacionalistas catalanes obligan al Gobierno a intervenir, a recuperar competencias impositivas y a igualar los tipos máximos de esos impuestos a nivel nacional.
Hay que recordar que los residentes en Cataluña pagan hasta el 56% de IRPF, hasta el 80% de la renta anual por Patrimonio y tipos altísimos en Donaciones y Sucesiones, del que solo se libran las grandes fortunas, disfrazadas de «empresas familiares». La gestión de la Hacienda nacional, en comparación con la Generalitat catalana, ha sido modélica. Y ahora se puede asegurar a todos los residentes en Cataluña una reducción de impuestos directos que será mayor, nominal y proporcionalmente, que la que disfrutarán el resto de los españoles, porque el descontrol fiscal es mayor en Cataluña que en la mayoría de las autonomías y que en la Administración central.
El Gobierno nacionalista catalán no ha saneado su sector público ni sus gastos. El nacional ha mejorado sustancialmente la gestión y el control. Por eso puede, ahora, plantearse una rebaja impositiva. Por eso el señor Mas quiere precipitar un referéndum. Antes de que la rebaja impositiva se haga efectiva y los residentes catalanes puedan comparar la gestión de la Hacienda española con la del nacionalismo catalán.
Alberto Recarte, economista.