El año en que estamos inmersos no sólo es el más electoral de los que hemos vivido, es también el año en que afloran toda suerte de procedimientos, peripecias, contradicciones y oscuras maniobras en torno a la designación de los candidatos. El derecho a presentarse a unas elecciones cuenta con una denominación un tanto irónica en el ordenamiento jurídico: “derecho a sufragio pasivo”. Es el privilegio a dejarse votar por parte de quienes decidan ejercer el “sufragio activo” con su voto. El grado de pasividad con que el sujeto de ese derecho alcanza la categoría de candidato es lo que distingue a los aspirantes. En el PNV, por ejemplo, a nadie se le ocurre postularse para una lista electoral antes de que se pronuncie el partido, ni siquiera en privado, que luego todo se sabe, ni en respuesta a la pregunta de un periodista, porque resultaría impúdico. En el Partido Popular, sin embargo, la gente se entretiene a la espera del dictamen final del comité electoral vindicando que se le tenga en cuenta, aunque no se había dado un caso como el de Ignacio González, encelado por presentarse a pesar de la “campaña orquestada” contra él, o la sonrojante posición en que el presidente de la Comunidad Valenciana y la alcaldesa de su capital han tenido que atender sus obligaciones temiendo que Rajoy prescindiese de ellos.
En el colorido mosaico de las nominaciones destacan Ángel Gabilondo y Luis García Montero, reclamados para obrar un milagro después de que los socialistas e Izquierda Unida de Madrid se hubieran hecho trizas internamente. Nadie tiene asegurada su designación hasta que la papeleta es publicada en el boletín oficial correspondiente, como quedó demostrado con el fulminante cese de Tomás Gómez y la anulación de las primarias. Demostrándose también que en tiempos de zozobra nadie acompaña al perdedor al exilio. En Portugalete, el círculo local de Podemos anunció que sus listas electorales estaban abiertas a todos menos a los que hubiesen ostentado algún cargo público. No parece el criterio que sigue Podemos en Madrid cuando invita a Tania Sánchez a integrarse en sus filas para la Comunidad, con lo que la televisiva exconcejal y exparlamentaria de IU habría estado a punto de participar en dos primarias de dos partidos distintos para las mismas elecciones.
Es lo que tienen los principios, que siempre pueden excepcionarse por alguna causa superior. Como ocurre con la premisa popular de que ningún imputado será candidato del Partido Popular. Siempre y cuando la prevaricación no haya supuesto llevarse dinero público al bolsillo. Sería la salvedad, vista la entronización de Imbroda en Melilla y de León de la Riva en Valladolid. Lo que se penaliza, en realidad, es la corrupción desordenada para provecho propio. Todas las demás posibles irregularidades cometidas al servicio del partido suman puntos a favor del candidato. A no ser que el candidato no guste a quien tiene el poder en el partido... Por lo que sea. Entonces el apartamiento del aspirante se produce sin excesivas explicaciones. No las da desde luego quien lo decide. En el ambiente queda cómo Pedro Sánchez y Mariano Rajoy han utilizado artes oscuras para orillar a Tomás Gómez y a Ignacio González, respectivamente. Ha bastado con que lo que no tenía importancia para el PSOE –el tranvía de Parla– y para el PP –el ático de Estepona– regresase a primera plana.
El “derecho de sufragio pasivo” se vuelve especialmente irónico cuando el postulante ostenta también el control absoluto sobre su designación. La proverbial indolencia de Rajoy contemplando con desdén cómo los peones que le incomodan se precipitan solos fuera del tablero convertiría su figura política en objeto de estudio –a la altura del activísimo Joseph Fouché–, siempre que decidiese retirarse de escena antes de que lo hagan las urnas. Porque de lo contrario, todas sus virtudes se quedarán en nada al haber conducido al Partido Popular al poder absoluto y también al absoluto desastre. Artur Mas se ofreció infructuosamente como clavijo del abanico soberanista para encabezar una “lista de país”. Estuvo a punto de conseguirlo a cuenta del 9-N, pero si todo sigue así no le quedará más remedio que contar únicamente con el apoyo de una CDC en refundación para reelegirse. Susana Díaz reclama la mayoría, pero no para ella ni para los socialistas sino para Andalucía. Es el ideal soñado del “sufragio pasivo”: una persona con el poder suficiente en el partido para presentarse a sí misma como candidata, y con las hechuras necesarias para no tener que rendir cuentas en forma de resultados de gobierno a la hora de erigirse en líder indiscutible. Hasta el punto de neutralizar la disposición activa de Pedro Sánchez. El ejercicio efectivo del derecho a dejarse votar refleja buena parte de las dobleces que entraña el sistema de partidos en nuestro país.
Kepa Aulestia