Tiempo habrá para evaluar la jornada de hoy en Catalunya. Hoy toca observar y, en función del desarrollo de los acontecimientos, sacar las debidas conclusiones. Una se adelanta a cualquier otra: ni hemos tenido ni tendremos mañana la fotografía auténtica del compromiso político de los partidos catalanes, ni con el llamado derecho a decidir, ni con la independencia. Las elecciones al Parlament son inapelablemente necesarias para la aritmética que la democracia española precisa para saber y poder manejar la reivindicación de la ciudadanía del Principado. Y por eso, Mas las convocará a su pesar. Ya ha ganado todo el tiempo que podía, ya ha exprimido de la situación toda su épica, ya ha entrado en la historia (con o sin mayúsculas), y ya es hora de que en la Cámara legislativa catalana puedan contarse votos y escaños y leerse los compromisos que cada organización asume para el futuro. En el 25-N del 2012, CiU se mantenía a flote y ahora no lo está; la CUP no había despuntado en el panorama institucional; los republicanos no habían crecido tanto como crecieron y crecerán, el PSC no era el que es, Ciutadans no había medrado y Podemos era entonces una mera sospecha. No han transcurrido aún dos años de aquellas elecciones y parece que se celebraron en el siglo pasado.
Más allá del Ebro los españoles conscientes y los partidos que también dicen serlo esperan un mensaje legal e inequívoco desde Catalunya para elaborar una propuesta que no será para negociar la independencia sino para reintentar la convivencia sobre unos pactos renovados. La federalización del Estado ha sido una oferta plausible y posible, no sólo abrazada por el socialismo de aquí y del PSOE, sino también por un sector muy cualitativo de la ciudadanía española agrupado en torno a la declaración “Por una España federal en una Europa federal”. Ahora un importante documento del Círculo Cívico de Opinión, un think tank plural e influyente y con personalidades en los aledaños del PP, acaba de elaborar un documento interesante titulado “España, la apuesta por la renovación. Abriendo la puerta a la reforma constitucional”. Este grupo de intelectuales –Fernando Becker, Victòria Camps, Adela Cortina, Álvaro Delgado Gal, Juan Pablo Fusi, José Luis García Delgado, Rodolfo Gutiérrez, Emilio Lamo de Espinosa, Santiago Muñoz Machado, Luis Oro, Josep Piqué, Javier Rupérez, José Manuel Sánchez Rón, José Ignacio Torreblanca y Juan Miguel Villar Mir, entre otros– mantienen que el “tiempo nuevo” que exige España no es ya algo opcional sino una “necesidad perentoria” propugnando una acción “decidida sobre aquello que no funciona”.
Además de reclamar que se recobre la legitimidad y credibilidad de la política proponen una hoja de ruta que pasaría por un pacto “continuado por la regeneración y revitalización de la democracia” y otro de carácter “social dirigido a recomponer la fractura social provocada por la crisis”, desembocando ambos en una reforma constitucional “una de cuyas dimensiones centrales, pero no la única, es un nuevo pacto territorial y una redefinición del modelo de Estado, que tanto el problema catalán como las muchas otras disfunciones del Estado autonómico han hecho imperativo”.
De modo tal que Rajoy no podrá ya seguir preguntando retóricamente a qué reforma de la Constitución se refieren cuando se le reclama que mueva ficha. Ahora no puede moverla, pero podrá hacerlo cuando en Catalunya se haga lo propio de manera asumible, es decir, desde la legalidad y la certeza, no desde un proceso implementado con precipitación, ilegal y con dosis de improvisación casi tan elevadas como de sectarismo. Del día de hoy en adelante el doble reto tiene ya sus hitos: elecciones al Parlament de Catalunya y negociación con el Estado para intentar la opción que fue mayoritaria en todos los casos históricos recientes en los que existió una tensión segregacionista, sea Quebec o Escocia: una tercera vía que es la de renovar la manera de convivir en una unidad política ventilada, confortable y con mecanismos eficientes de resolución de los conflictos.
La carta que Artur Mas enviará mañana al presidente del Gobierno proponiéndole negociar un “referéndum definitivo” al tiempo que retomar los asuntos pendientes en la gobernación de Catalunya, es –y resulta lamentable constatarlo– una nueva treta para ganar tiempo. Él ya sabe la respuesta que Rajoy puede darle: imposible una consulta con el actual marco legal e incompatible con el propósito secesionista avanzar en otras materias ordinarias. No debe empeñarse Mas por más tiempo en evitar la cita con las urnas a las que tanto afecto dice profesar. La contradicción comienza a ser grosera.
José Antonio Zarzalejos