Del ‘Brexit’ al ‘Briturn’

Cuentan las crónicas que el 24 de junio a las cuatro y media de la madrugada tuvieron que despertar por teléfono a los más destacados defensores del Brexit para comunicarles que habían ganado. La sorpresa del resultado produjo una cierta desorientación en Reino Unido que, ahora, el nuevo Gobierno de Theresa May intenta encauzar. Sus primeras declaraciones sugieren que pasarán unos meses antes de presentar la solicitud de salida de la Unión según el artículo 50 del Tratado. Ese tiempo servirá para hacer un cálculo de posibles costes y beneficios. Una cosa es decir quiero salir del club, otra muy distinta es cuantificar el resultado de una negociación incierta en las más diversas materias.

Lo más probable es que el Gobierno inicie el proceso de ruptura, pero no hay que descartar que el pragmatismo británico y el sentido común lleven a buscar otras alternativas. El documento de análisis producido por el Parlamento el 30 de junio, Brexit: what happens next?, confirma que el referéndum no es vinculante, y que los poderes legislativo y ejecutivo deben coordinarse para dar el paso de salida. Si en las próximas semanas se llega a la conclusión de que Reino Unido tiene más que perder que ganar, una posible solución sería convocar un segundo referéndum, medida que tiene un amplio apoyo social. En Dinamarca (1993), y en Irlanda dos veces (2002 y 2009) se organizaron segundos plebiscitos sobre cuestiones europeas que dieron votos positivos tras uno negativo anterior. Por el momento no existe un liderazgo político dispuesto a fomentar esta iniciativa pero, si el cálculo de costes es muy elevado, seguramente aparecerá. Aunque también existen ejemplos en la historia de caminar sendas sabiendo que son equivocadas.

La salida de Reino Unido es problemática porque deja muchas cuestiones abiertas, como las reclamaciones por perjuicios. Un principio general de Derecho Internacional dice que quien produce un daño debe resarcirlo. Esto se aplica incluso en el caso de que el daño no sea intencional, por ejemplo la contaminación transfronteriza. Según el Tratado de la Unión, un Estado miembro puede salir a través de un proceso negociado; la pregunta que se plantea es si acaso debe pagar los posibles daños que causa esa decisión. Recientemente, España ha tenido que defenderse frente a demandas de inversores internacionales por la decisión soberana de reducir las primas a la energía eléctrica solar. Los inversores que se instalaron en Londres con la expectativa de pertenencia a la Unión Europea podrían plantear demandas de ese tipo. Este escenario supondría pasar del Brexit al Bripay.

Dos de los más importantes socios de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, han afirmado que prefieren su continuidad en la Unión Europea. A pesar del resultado negativo del referéndum, la posición más coherente sería mantener el retorno del Reino Unido a la familia europea, el Briturn, a través de los métodos constitucionales que los británicos elijan, sea otro plebiscito, sea la no presentación de la solicitud, u otro cualquiera. Desde España debería sostenerse esa posición favorable al retorno, por responsabilidad hacia el proyecto de integración europea. Aunque puedan preverse algunas ganancias puntuales con la salida, es más importante la unidad y la continuidad de la integración, con la flexibilidad necesaria. La vuelta de Reino Unido permitiría negociar de nuevo el acuerdo con la UE de febrero pasado, que ha quedado en el aire, ya que solo hubiera entrado en vigor con un voto positivo en el referéndum. Además, el proceso de negociación para la salida sería una peligrosa fuente de divisiones entre los socios, porque algunos querrán contentar al máximo a Reino Unido (en previsión de concesiones para ellos) y otros querrán ser cicateros.

España debería mantener sinceramente el Briturn para hacer una Europa de todos, en el sentido de la historia, inspiradora de otras regiones del mundo e implicada en la resolución de problemas graves en el vecindario y en el orden global. Ahora bien, en el caso de que Reino Unido decida seguir hasta el final una opción de salida, sería el momento de plantear una unión más fuerte en Europa entre aquellos miembros que lo deseen. España debería entonces adquirir una mayor conciencia de su responsabilidad internacional. Asimismo, sería el momento de ofrecer a Gibraltar un estatuto avanzado dentro de la UE, que podría denominarse Gibrin, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los gibraltareños vieron claramente su futuro dentro de la Unión.

Martín Ortega Carcelén es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid.

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