Del cinismo a la desafección

De los continuados episodios de corrupción, de hace ya mucho tiempo (el caso Fabra lleva más de 10 años) la ciudadanía, después de estos años de crisis, está despertando con una indignación que parece, por fin, asustar a corruptos y a corruptores. Manifestar indignación y hacer una causa general de todos los políticos constituye un lugar común en el que parece haber desembocado una buena parte de la sociedad. Hay, no obstante, abundantes y sensatas reflexiones que son sumergidas en esa marea de manifestaciones y cabreo colectivo.

De los partidos y los políticos en general se habla mucho; de los corruptores menos y la ciudadanía sale mayormente libre de responsabilidad. Sin embargo, si se quieren resolver estos graves fallos del sistema democrático debe realizarse un análisis racional de las causas de algunos problemas que le afectan y de los protagonistas de esos hechos.

Una parte de las críticas que se hacen a nuestro sistema político, a nuestro modelo de democracia, apunta al sistema electoral. Se habla, y es cierto, de la escasa proporcionalidad respecto a las diferentes opciones políticas; de que los votos de los que viven en determinadas zonas valen más que los de otros, entre otros problemas. La amplia literatura sobre sistemas electorales señala la inexistencia de un modelo perfecto que reúna proporcionalidad, facilidades para la gobernabilidad y cercanía de los representantes elegidos con los electores. El sistema electoral, según muchos expertos, adolece de fallos pero no se puede decir que sea el causante de la actual fractura social y de la desafección política, que lo lleve a generar un colectivo de representantes que no nos representan o que no produce una democracia real.

La política y los partidos también son el blanco de profundas críticas. En muchas ocasiones los intereses particulares y partidistas han prevalecido por encima del interés general. Hay una idea bastante extendida de que esto ocurre siempre. Esta percepción y la actitud que de ella se deriva es lo que se ha denominado desde hace tiempo en la ciencia política como cinismo democrático. Este se manifiesta en el escaso interés ciudadano por la participación política y la creencia de la incapacidad ciudadana para entender la política e incidir en ella, es decir, un elevado escepticismo político en general con, al mismo tiempo, una consideración positiva del sistema democrático. Las raíces de este cinismo, de esta actitud acívica, no participativa, se encuentran en el fomento de una cultura apolítica durante el franquismo y en las evasiones que proporciona la sociedad consumista y capitalista (El monstruo amable, R. Simone, 2011) que no genera incentivos para la preocupación y atención a los temas comunitarios.

Todos estos problemas de nuestro modelo democrático no son nuevos pese al profundo deterioro actual. La crisis económica y las políticas europeas y nacionales anticrisis han generado un empobrecimiento de las clases medias (el PIB desde 2009-2013 ha caído casi un 6%, somos por tanto, un 6% más pobres, como mínimo) y una fractura social manifestada en un rechazo hacia sectores que hasta ahora gestionaban políticamente los intereses colectivos. Así, esa actitud de cinismo político ciudadano ha desembocado en un deterioro institucional porque los mecanismos de vigilancia y, sobre todo, los de sanción política no han funcionado: los votantes, los ciudadanos, han sido bastante insensibles al deterioro institucional mientras la economía funcionara. No es de recibo el comportamiento electoral en muchas ocasiones con sangrantes casos de corrupción. Cuando la economía ha empezado a ir mal nos hemos vuelto exigentes, hipercríticos, incluso antisistema. Hemos dejado de ser cínicos: ya tenemos motivos para ser críticos.

¿Hacia dónde canalizamos esas críticas? Es tentador decir que una vez que se recupere la economía se volverá al modelo institucional anterior, con sus defectos y virtudes, que también las tiene. Sería impensable llevar esta grave situación economía y social sino funcionaran algunas instituciones y un mediano Estado de Bienestar, con una sanidad, educación, seguridad, servicios sociales aceptables. Algún ministro de Franco, López Rodo, decía que el camino a la democracia era inexorable y que llegaría cuando se alcanzara un determinado nivel de renta. No llegó por esa razón pero ese argumento lo sostienen otros cínicos, los que no sufren con la crisis.

De las crisis se derivan también oportunidades y deberíamos poner nuestros afanes en aprender de los errores y cambiar cosas, sobre todo la actitud ciudadana hacia el compromiso público. De entrada, primero, deberíamos desenmascarar a los vendedores de crecepelos que nos dicen lo que queremos oír pero que no ofrecen propuestas sensatas. Tampoco soy de la idea, en segundo lugar, de cambiar muchas leyes y endurecer procedimientos. Hay que cambiar aspectos del marco legislativo que solo sirven, como dijo el presidente del Supremo, para procesar a los robagallinas pero no para esa delincuencia de cuello blanco. Más importante que cambiar leyes sería dotar de medios a la Justicia para que sea rápida y no permita agujeros legales que permitan evadir responsabilidad a través de procedimientos largos. Estas dos vías llevan a perpetuar una de las causas de esta desafección, cual es la de la no participación ciudadana en los asuntos públicos. Detrás del apoyo a esas opciones populistas está el no querer pensar las cosas y no comprometerse en la acción colectiva más allá de acciones puntuales. Endurecer sin más las leyes se utiliza para evadir nuestra responsabilidad en vez de adoptar una vigilancia activa de los comportamientos de nuestros representantes y de buscar la sanción política. Culpabilizar a los políticos de nuestros problemas, quedarnos con los mensajes fáciles y baratos que queremos oír, como un horóscopo, o pedir sanciones duras, de ninguna manera exime nuestra responsabilidad ciudadana de participar en la polis. Si no lo entendemos como obligación moral y ética, nos arriesgamos a que las situaciones se vayan repitiendo.

José Manuel Lasierra, profesor Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. Universidad de Zaragoza.

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