Un cuarto de siglo de pertenencia a la Unión Europea ha interiorizado en la conciencia de los ciudadanos españoles la convicción de que somos plenamente europeos, hasta el punto de que, cuando se nos hace ver que no nos comportamos a la europea, acogemos este juicio con manifiesta incredulidad. Sin embargo, en algunos aspectos nuestra cultura política tiene muy poco de europea. Que dos grandes partidos, uno de derechas y otro de izquierdas, se repartan el espectro político sin dejar hueco para nadie más con posibilidades de gobernar, resulta muy poco europeo, es más bien lo que sucede en Estados Unidos. De ahí el revuelo que se ha organizado con la modificación constitucional pactada por dichos partidos: la reacción de las formaciones nacionalistas no tiene que ver con el fondo del asunto -si sus comunidades hubieran sido independientes, la UE les habría impuesto lo mismo-, sino con las formas, manifiestamente antidemocráticas, en un asunto de tanta importancia.
La consecuencia más obvia de la glotonería electoral bipartidista es que el partido conservador incluya a la extrema derecha y el partido progresista muestre sesgos radicales. Que Perry, un personaje del Tea Party que piensa que los humanos convivieron con los dinosaurios y que la mujer es el resultado de quitarle una costilla al varón, esté tan bien colocado en la carrera para la nominación presidencial resulta incomprensible, pero no es una peculiaridad privativa del Partido Republicano de EE UU. Los vaivenes demagógicos del zapaterismo son una buena muestra de hasta dónde puede llevar la necesidad de dar satisfacción al ala radical del partido sin que por ello la política económica haya osado apartarse de las directrices del FMI. No obstante, como las encuestas auguran un vuelco electoral, quiero ocuparme aquí del peligro que para el PP y, sobre todo, para el conjunto de España, comporta su lado oscuro de extrema derecha, ese Carajillo Party liderado por Saras y Saros de medio Peilin autóctonos, que a duras penas consiguen amordazar desde la calle de Génova.
¿Pues qué quieren que les diga?: el señor Rajoy no es un Kohl ni un Churchill, pero su discurso conservador suena moderado y razonable. Ya sé, ya, que existe una agenda oculta y que los recortes económicos que se propone aplicar en caso de ganar las elecciones serán mucho más draconianos de lo que dice. Pero esto resulta inevitable en el momento presente y dudo que Ru-balcaba pudiera arbitrar remedios menos dolorosos si se alzara con el triunfo. Lo que me preocupa no es la economía -que al fin y al cabo nos la imponen desde fuera-, sino la política, un ámbito en el que, para bien o para mal el Gobierno que salga de las urnas tendrá que tomar decisiones de su exclusiva responsabilidad. El PP se ha pronunciado claramente sobre lo que piensa hacer en política exterior, pero sigue arrojando demasiadas sombras sobre sus propósitos en política interior. Sin ir más lejos, un asunto en el que escora peligrosamente hacia el neofranquismo es la política lingüística.
Ante todo, una obviedad: este país es un Estado plurilingüe. Nadie ha respondido hasta ahora con sensatez al reto que dicha circunstancia comporta. Uno esperaría que la conservación del patrimonio lingüístico corriera a cargo sobre todo de los partidos conservadores y que los progresistas fuesen partidarios más bien de un internacionalismo uniformizador. Así viene sucediendo en los países europeos, pero se ve que Europa todavía comienza en los Pirineos. El tiempo apremia: si el próximo Gobierno de España no resuelve este problema o lo resuelve mal, la cuestión territorial le estallará entre las manos. No digo que esto de las lenguas sea fácil: Bélgica se ha pasado un año sin Gobierno por culpa de las tensiones entre la comunidad que habla flamenco y la que habla francés. Sin embargo, algo habrá que hacer en España si no queremos que los problemas lingüísticos arrastren a los demás.
Vuelvo al programa electoral del señor Rajoy. No dice nada, salvo generalidades previsibles, sobre nuestro tema y, en principio, yo le concedería el beneficio de la duda porque, al fin y al cabo, ha nacido en una comunidad bilingüe. Sin embargo, ya ha habido declaraciones de algunos cachorros suyos que exhalan el inconfundible tufillo del Carajillo Party. Como muestra, basta un botón: en Aragón, la presidenta Luisa Fernanda Rudi dice que va a cambiar algunos aspectos de la ley de lenguas que hizo aprobar el PSOE porque se impusieron a los demás partidos sin buscar el consenso. Parece sensato: una ley de lenguas aprobada por los pelos no puede salir bien. Pero esto es una cosa y otra que un alto cargo de su Gobierno, que deberá aplicar la ley reformada, afirme en su twitter, tras dedicar algunos exabruptos a la fabla, que "en Aragón no se habla catalán". Mal empezamos: yo entendería que este señor expresase su irritación con algunos mapas desafortunados en los que la franja oriental de Aragón de habla catalana se incluye directamente en Cataluña -más o menos como hacía Hitler con los Sudetes-, pero que se obstine en afirmar que el caballo blanco de Santiago es negro resulta inútil y, a la larga, contraproducente. Me pregunto dónde se esconderá si los hados determinan la necesidad de un pacto electoral entre Mariano Rajoy y Artur Mas dentro de algunas semanas.
Y aunque no fuese así, no se puede basar la acción de Gobierno en una falsedad. Por supuesto que el catalán es una de las lenguas de Aragón, les guste o no, y habrá que obrar en consecuencia. Se trata simplemente de respetar el criterio de las universidades, por la misma razón que para arreglar el coche recabarían la opinión del mecánico y no la de su primo oficinista. Pero el miedo a perder votos suele ser mal consejero y lo más fácil es nadar a favor de una corriente que en Aragón, y no solo allí, estigmatiza todo lo diferente. Una actitud cautelosa de este tipo tal vez explique por qué cierto municipio del Pirineo aragonés gobernado por el PP con el apoyo del PSOE (el de la España plural, ¿se acuerdan?) se quiere cargar un instituto de lenguas peninsulares avalado por las universidades españolas y aprobado unánimemente por la Corporación anterior. ¿Temen que declare que en Aragón se habla catalán? O, peor aún: ¿les preocupa que en la enésima polémica sobre la inmersión lingüística en Cataluña, que acaba de estallar, dicho organismo se pronuncie a favor de la misma?
He aquí otro tema en el que el PP, y a veces hasta el PSOE, coquetean con las posiciones radicales. Soy de los que piensan que una lengua que es el idioma materno de casi la mitad de la población catalana no puede ser tratada como "extranjera", pero de esto a suponer que los idiomas minoritarios conseguirán resistir el avance de la lengua mayoritaria con estrictos equilibrios bilingües media un abismo.
Las convulsiones económicas de este verano han puesto de manifiesto que la UE no es toda la solución y que, cuando pintan bastos, resulta mejor pertenecer a un Estado grande en el que conviven pueblos diversos que a otro minúsculo como Grecia, Irlanda o incluso Portugal. Los españoles no andamos sobrados de estímulos para la cohesión y, si vamos a tener que seguir conviviendo en esta fonda que llamamos España, más vale que nos preocupemos de hacerla un poco más cómoda para que sus huéspedes puedan llegar a sentirla como su hogar.
Hace tres lustros el partido encabezado por José María Aznar iniciaba una singladura conservadora en la que la actitud del Gobierno en relación con estos temas identitarios fue mucho más moderada de lo que se temía, probablemente porque se vio obligado a recabar el apoyo de los partidos nacionalistas. Pero dicha España posible se frustró en su segunda legislatura, la de la mayoría absoluta. Sospecho que ahora las crujías del barco estatal no soportarían una situación como aquella. De ahí la importancia de conocer la posición del PP y del PSOE sobre estos asuntos. No vaya a ser que nos acaben dando gato por liebre bajo la batuta monolingüe del Carajillo Party.
Por Ángel López García-Molins, catedrático de Teoría de los Lenguajes de la Universidad de Valencia y ganó el Premio Anagrama de Ensayo en 1985.