El presidente del Gobierno regional de Castilla-La Mancha, el socialista José María Barreda, afirmó recientemente: «Murcia no puede pretender crecer con un recurso lejano y ajeno». Se refería al agua, un recurso productivo que los regantes castellanomanchegos y madrileños han vendido -no se trata de transferencias gratuitas- a los regantes levantinos, a beneficio de ambas partes, durante los últimos 30 años.
Las palabras de Barreda recuerdan a las habituales proclamas de los separatistas y nacionalistas catalanes, que argumentan que el resto de España -y, en particular, sus regiones menos desarrolladas- crece y se desarrolla gracias a un recurso lejano y ajeno que se trasvasa desde Cataluña: el dinero. Esta lógica se sustenta en el discurso de los territorios y de las balanzas territoriales, y lleva en última instancia a defender que los castellanomanchegos tengan la sanidad, la educación y la sanidad que se puedan permitir con el dinero que recauden en su territorio. A muchos españoles esa lógica nos parece antigua y empobrecedora.
Con su proyecto de Estatuto de Autonomía, Barreda ha adoptado esta lógica territorial y pretende acabar con el Trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que ha funcionado razonablemente bien con los gobiernos de Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo, Felipe González y José María Aznar.
El problema de Barreda es que ese discurso político puede volverse peligrosamente en contra de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, una región que recibe abundantes y copiosos trasvases del resto de España.
A través del sistema de financiación autonómica, Castilla-La Mancha recibe cada año trasvases financieros muy superiores a su recaudación. La educación, la sanidad, los servicios sociales y muchos otros servicios públicos que reciben los castellano-manchegos son sufragados en parte con los recursos generados por otros ciudadanos españoles, trasvasados a Castilla-La Mancha.
Las cotizaciones sociales generadas en esta comunidad son notablemente inferiores a las pensiones que reciben los jubilados de la región. El déficit se cubre con trasvases financieros anuales procedentes de otras regiones españolas.
La sanidad madrileña atiende de forma gratuita a decenas de miles de castellanomanchegos todos los años.
La agricultura manchega recibe cada año trasvases millonarios de recursos financieros a través de la PAC, que hacen viables muchas explotaciones de la comunidad. Ese dinero sale del bolsillo de todos los contribuyentes, incluidos los agricultores levantinos, cuyas explotaciones no reciben subvenciones de la PAC. Con buen criterio, ninguna asociación agraria levantina ha afirmado que Castilla-La Mancha pretende sustentar su agricultura en unos recursos lejanos y ajenos trasvasados en forma de subvenciones agrarias.
La quiebra de Caja-Castilla La Mancha a manos de un negligente equipo directivo nombrado y tutelado por el socialista Barreda ha generado un agujero patrimonial de entre 1.000 y 2.500 millones de euros, que se va a tapar con un trasvase multimillonario desde el resto de España.
El discurso del trasvasismo asimétrico esgrimido por Barreda, además de ser inconstitucional y asimilable al de los nacionalistas más radicales, como el político catalán de ICV que lanzó en julio de 2008 la lamentable iniciativa de «apadrinar un niño extremeño» porque no les basta «el 8,7% del PIB catalán», es potencialmente contraproducente para Castilla-La Mancha.
Así lo ha advertido el presidente del Gobierno regional de Extremadura, también socialista. Fernández Vara ha dejado claro que, con planteamientos como el de Barreda, las regiones españolas que reciben la solidaridad del resto de España corren el riesgo de acabar dando la razón a los nacionalistas y separatistas, a través de una quiebra del sistema de solidaridad interterritorial. Agua para hoy, y hambre para mañana.
Lo más sensato es, sin duda, devolver el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha al terreno de la constitucionalidad y de la sensatez. Hablemos de construir nuevas infraestructuras de transporte del agua para esta región y para el resto de España, de un mercado nacional del agua abierto a todos. Ganaremos con ello todos los españoles, incluidos nuestros queridos compatriotas castellanomanchegos.
Jaime García-Legaz, diputado del PP por Murcia y economista del Estado.