De la indignación a la indignidad

Entra dentro de la normalidad democrática que los ciudadanos muestren su desacuerdo con determinadas decisiones gubernamentales, y es legítimo que a menudo expresen esta discrepancia con acciones que aspiran a la amplificación mediática. No es infrecuente, incluso, que esta actitud pueda llevar a alteraciones ocasionales del orden público. Estas alteraciones no favorecen la convivencia y, en general, no suelen aportar ninguna idea verdaderamente alternativa; en todo caso, también están previstas por las reglas del juego. Más allá de eso, sin embargo, nos adentramos ya en otro ámbito. Cruzamos la línea roja que separa nítidamente las actitudes democráticas de las que no tienen en cuenta la voluntad de la mayoría, expresada con claridad aritmética en las urnas. Sea cual sea su color político, todos y cada uno de las diputadas y los diputados del Parlament de Catalunya tienen algo en común: no están allí por casualidad, sino porque así lo decidieron democráticamente los catalanes.

Y no fueron centenares o miles de catalanes, sino millones. Es muy importante subrayar este hecho, no despreciarlo como si fuera un detalle sin importancia: en democracia, las minorías no pueden imponer su voluntad a las mayorías.

Asimismo, estas no pueden ignorar las inquietudes de aquellas. He ahí las reglas del juego, comunes en cualquier país que sea respetuoso con las libertades y los derechos de las personas. Quien rompe estas reglas, quien cruza la línea roja, tiene que ser muy consciente de lo que está haciendo: no se enfrenta al poder, ni al sistema, ni a otras abstracciones por el estilo, sino precisamente a lo que decidieron la mayoría de sus conciudadanos y que, en toda democracia moderna, está representado en el Parlament.

Catalunya sufre los efectos de las dificultades que afectan al Estado y una parte de Europa, con el agravante de un trato fiscal injusto por parte de España y de un endeudamiento que ha obligado a redimensionar los presupuestos de la Generalitat. Es perfectamente legítimo que muchas personas focalicen su malestar en el Govern, sin tener en cuenta el origen directo de la situación. Resulta igualmente explicable que algunos ciudadanos expresen, con toda la vehemencia necesaria, sus inquietudes y propongan reformas en profundidad – reformas radicales, en el buen sentido de la palabra, es decir, el que se refiere a la raíz de los problemas-.La democracia no es más que este juego respetuoso de discrepancias. Sin embargo, la democracia se fundamenta en el respeto, el diálogo, la discrepancia pacífica y el pacto, y en el rechazo a imponer las ideas por la vía de la violencia y la coacción.

El estado de la sociedad catalana no es ciertamente el que querríamos. Hay muchas cosas que, con el consenso adecuado, pueden y tienen que ser mejoradas. Pero entre un sistema democrático imperfecto y el caos violento que ayer se instaló a las puertas del Parlament de Catalunya, personalmente me quedo – y creo que la mayoría de la población también-con esta democracia. Puede tener sus debilidades, sus grietas, sus carencias, pero garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades, así como la voz de todos. Las imperfecciones del sistema no justifican que nuestro país se pueda comparar, como han hecho algunos, con determinados regímenes dictatoriales donde recientemente ha acabado aflorando la legítima indignación entre los ciudadanos. Esta comparación supone una enorme falta de respeto hacia las personas que sí que han vivido de forma real y dramática la falta de libertades, la persecución arbitraria y la precariedad material. Muchos de ellos huyeron de las dictaduras donde vivían hacia unas democracias, las europeas, que ahora algunos no consideran “reales”. La comparación también resulta insultante para las personas que dieron su vida para que nuestro Parlament representara la voluntad del pueblo de Catalunya. Ayer algunos quisieron acallarlo mediante la coacción. Y estos tienen que ser denunciados, combatidos y, si es preciso, detenidos y juzgados. No es lo mismo declararse indignado que actuar de manera indigna.

A lo largo del siglo XX, la actitud hostil hacia la democracia representativa y sus instituciones – de manera especial el Parlament- tuvo sistemáticamente, sin excepciones, traducciones inquietantes e incluso catastróficas. No nacimos ayer y, en consecuencia, tenemos la obligación moral, no sólo política, de impedir la repetición de determinados errores gravísimos que comprometerían irreversiblemente el bienestar y las libertades de las generaciones futuras. Ayer, en el Parlament, los representantes legítimos del pueblo de Catalunya de todos los partidos políticos transformamos una situación de excepcionalidad, marcada por la coacción violenta de una minoría, en una sesión normal. Esta no se inició en cualquier momento, sino a las diez en punto: como estaba previsto, como tenía que ser. Gracias a las fuerzas de seguridad, a la tarea de los periodistas y, por supuesto, a la determinación de todas las personas que ayer estábamos en la Cámara, el Parlament de Catalunya funcionó. Así ha sido desde la edad media hasta nuestros días, con la excepción de los forzados paréntesis que generan los golpistas y otros profesionales de la violencia, la intolerancia y el dogmatismo.

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya.

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