Las crisis que asuelan el panorama español han propiciado que la demagogia aliene casi todo lo que se dice y probablemente mucho de lo que barruntan los ciudadanos. Asistimos a una crisis económica que ni siquiera la salida de la recesión va a paliar en sus efectos sociales, a una crisis en cuanto a la credibilidad de las instituciones, a una crisis de cohabitación en una España plural, y a una crisis respecto a la solvencia de los partidos que acaparan, ineludiblemente, el protagonismo de la democracia parlamentaria. Pero lo característico del caos resultante –un caos por otra parte contenido en una sociedad del confort– es que la demagogia se ha adueñado de todo lo público y hasta de lo privado. Ya no se trata de un síntoma que advertiría sobre una posible patología. La demagogia se ha convertido en la naturaleza misma de la comunicación en una sociedad en crisis sencillamente porque ninguna afirmación parece ser moralmente refutable con argumentos razonados. Sobre todo ante un público cuarteado en función de intereses, aspiraciones, identidades, prejuicios, agravios o lo que sea, ávido de estímulos que no deban someterse a un juicio riguroso, tanto desde el punto de vista de lo posible como en relación a lo que pueda considerarse justo o sencillamente adecuado a la convivencia social. Basta con fijarse que en los debates políticos ya nadie se atreve a acusar de demagogo al adversario porque al hacerlo pondría en evidencia su propia demagogia.
La contestación social a la sucesión ininterrumpida de recortes presupuestarios y a la estrechez que soporta la peripecia de cada persona o familia da rienda suelta a un catálogo de reclamaciones que se presentan poco menos que como derechos fundamentales. La responsabilidad de cada ciudadano sobre su propia suerte empalidece ante la obligación del sistema –poderes institucionales y económicos mezclados– para atender positivamente a su demanda. Lo que da lugar a un discurso irrebatible. A un cuestionamiento retórico del capitalismo ensalzando la verdad moral que encarnarían las personas en dificultad extrema –inmigrantes sin papeles o en trayecto, familias desahuciadas, trabajadores en paro continuado y riesgo de exclusión, mayores al margen de la asistencia mínima– frente a la impasible lógica del encuadre presupuestario entre ingresos previsibles y costes soportables. Antes de que un pacto entre Rodríguez Zapatero presidente y Rajoy líder de la oposición reformase la Constitución en su artículo 135 para introducir una cláusula estricta de disciplina presupuestaria existía la prevención de que toda propuesta de gasto se atuviese a un ingreso público que pudiera sostenerla. Es el criterio mínimo que podría contener el auge de la demagogia reivindicativa.
Pero la demagogia de la contestación no es más que un pálido reflejo de la demagogia de la prepotencia gubernamental y económica. Una vez instaurado el principio de que las promesas pueden ser incumplidas porque quien las formuló con su mejor intención adujo desconocer a qué se enfrentaba, todo lo demás va de suyo. Las deficiencias que denotan las políticas precedentes permiten justificar la adopción de cualquier medida, porque lo que se juzga no es la eficacia o idoneidad de esta última sino el fracaso de la anterior. Hasta la corrupción deja de ser un problema cuando se arguye que el verdadero desafío está en la economía y se amenaza de traición a quienes no se avengan a tan demagógica llamada. Ocurre lo mismo cuando todas las dificultades sociales y todos los asuntos pendientes remiten al demiurgo de un Estado propio cuyo logro podría eternizarse exonerando a sus promotores de toda responsabilidad en el “mientras tanto”.
El discurso del mérito y de la competitividad está más cargado de demagogia que de adecuación a las exigencias del futuro inmediato. En ocasiones cabe pensar que quienes recurren insistentemente a tales argumentos tratan de congraciarse consigo mismo o con su descendencia, encarnando un elitismo sobrevenido que intentaría adquirir las dotes de una trayectoria ejemplar para juzgar con severidad la de sus conciudadanos. No importan las dificultades y obstáculos que cada persona haya debido superar para ser lo que es, o ante las que desafortunadamente haya sucumbido. El reconocimiento moral del esfuerzo parece encomendado a sus resultados. La sociedad actual no estaría en disposición de atender a la llegada de los últimos a meta; mucho menos de aplaudir compasivamente la secuencia final de su periplo de superación. Todo lo que la demagogia anima para convertir legítimas aspiraciones en derechos inalienables se enfrenta a su correlato igualmente demagógico que hace del bienestar compartido un lastre que los ciudadanos meritorios han de sacudirse para, precisamente, hacer valer sus méritos.
Kepa Aulestia