En declaraciones recientes, la ministra de Hacienda manifestaba su disponibilidad a subir los tipos impositivos a las rentas anuales superiores a 150.000 euros anuales, pero «en ningún caso a las clases trabajadoras».
Expresiones similares han sido utilizadas por otros miembros del Gobierno y por distintos representantes de Podemos, si bien para estos últimos las clases «no trabajadoras» son las que ganan más de 60.000 euros anuales. Esto es, cuanto mayor sea el salario menos trabaja el trabajador, menos trabajador es, según la visión del mundo económico que parecen compartir, con diferencias de grado pero no de esencia, PSOE y Podemos. El Gobierno haría mal en despreciar los intereses de estas clases «no trabajadoras» pues de su emprendimiento e industria depende en buena parte el sostenimiento del Estado del bienestar.
La subida de impuestos a las rentas altas financiaría el aumento del gasto público y, se aduce, llevaría a una más «justa» distribución de poder adquisitivo al exigir mayores sacrificios a quienes más ganan. Cabría hacer múltiples consideraciones al respecto, como por ejemplo que el aumento de ingresos públicos podría ser exiguo o inexistente y que la mayor igualdad de rentas así conseguida podría ser efímera y rápidamente contrarrestada por una menor actividad económica que deprimiría especialmente las rentas más bajas. Pero quisiera llamar la atención sobre una deficiencia de estos planteamientos tributarios redistributivos que suele pasar desapercibida: se plantean como si partiéramos de un mundo sin impuestos y hubiera que decidir su nivel y su distribución según distintos tramos de renta. La realidad es que en España ya tenemos un impuesto sobre la renta muy progresivo. Así, el tipo impositivo estatal asciende, en cuatro escalones, desde un 19% para las rentas anuales inferiores a 12.450 euros hasta el 45% para las superiores a 60.000 euros. Como consecuencia de esta intensa progresividad el 10% de los contribuyentes de mayor renta paga cerca del 50% de la totalidad del IRPF, mientras que sus rentas antes de este impuesto representan alrededor del 25% del total de renta de los contribuyentes. Por lo tanto, lo que se dice que hay que hacer para que las rentas altas (las clases «no trabajadoras») soporten un peso tributario muy superior al de las rentas bajas ya se ha hecho.
Luego está la intención de acercar la tributación de las rentas del trabajo y del capital subiendo la imposición de los rendimientos del ahorro. Para justificar esta medida se señala la escasa proporción que representan los ingresos por impuestos sobre el capital en el total de ingresos por IRPF. El IRPF, dicen, «se ha convertido en un impuesto sobre el trabajo». Esto es así en cualquier país y no puede ser de otra manera porque los propietarios de capital pagan el grueso de sus impuestos correspondientes mediante otras figuras impositivas distintas del IRPF, como el impuesto de sociedades, las cotizaciones sociales a cargo de la empresa, el impuesto de patrimonio (inexistente en la mayoría de países) o los múltiples impuestos locales y autonómicos que gravan la propiedad de capital inmobiliario. Así, los ingresos por impuestos sobre el capital en España se sitúan sensiblemente por encima del 7% del PIB, una cifra ligeramente superior a la media de la UE e inferior a la media de la Eurozona. Si el Gobierno y sus aliados quieren subir de forma efectiva y significativa los ingresos impositivos por rentas del capital bastaría con subir la tributación de los ingresos netos de los autónomos o las rentas imputadas por vivienda, componentes ambos de las rentas del capital. Claro que estas decisiones quizá no serían del agrado de la clase trabajadora, que es más capitalista de lo que piensan muchos de sus miembros.
En todo caso, hay sólidas razones económicas para que la imposición sobre las rentas del capital sea sustancialmente inferior a la de la rentas del trabajo. En primer lugar, y esto lo dijo Marx, el capital es en esencia trabajo acumulado y por tanto la renta con la que se adquirió el activo ya tributó en su momento por el impuesto correspondiente a los rendimientos del trabajo. También tributaron por el impuesto de sociedades los beneficios de los que emanan los dividendos. Pero el argumento de más peso contra la subida de la tributación de las rentas del capital, especialmente relevante para nuestro país, es su incidencia negativa sobre el ahorro. Al penalizar fiscalmente los rendimientos del ahorro se está penalizando, y por ende desincentivando, un tipo de conducta (ahorro) frente a otro (consumo). Las diferencias en los niveles de las rentas entre familias no implican necesariamente diferencias en sus niveles de consumo. Unas pueden decidir consumir la mayor parte de su renta e incluso desahorrar (endeudarse) y otras vivir más apretadamente hoy para consumir más mañana. Evidentemente, cuanto mayor sea la renta mayor será la capacidad de ahorro, pero en todos los niveles de renta hay una mayor o menor propensión al ahorro que se desanimaría por la mayor tributación de sus rendimientos, erosionando con ello los ingresos por dicho impuesto.
En un país como España, con una elevada deuda exterior neta, se debería potenciar por todos los medios posibles la tasa de ahorro y mejorar, en lugar de empeorar, su ya de por sí elevada fiscalidad. Solo si el nivel de ahorro financiero nacional supera el monto de inversión necesario para crear empleo y reducir el paro, sólo si somos capaces como hasta ahora de crecer satisfactoriamente y generar un superávit de balanza de pagos, estaremos mejor protegidos frente a crisis como la del pasado reciente. Para las clases menos pudientes, para las clases «trabajadoras», las consecuencias sobre su nivel de vida de una crisis económica por insuficiencia de ahorro serían mucho más onerosas que los beneficios que les pueda reportar gravar aún más los rendimientos del capital.
En suma, utilizar los impuestos para hacer más pobres a los ricos no conseguirá hacer más ricos a los pobres sino más bien todo lo contrario. Es peligroso y con frecuencia contraproducente sustentar aumentos de gasto público en subidas de la imposición directa. El haber seguido estas políticas en su día explica en no pequeña medida tanto la acentuación de la pasada crisis en nuestro país como la lenta salida de la misma.
José Luis Feito, presidente del Instituto de Estudios Económicos.