Las cábalas sobre si la sociedad va por delante de la política y los temores de partidos e instituciones a quedarse atrás respecto a las inquietudes ciudadanas responden a menudo a posturas fingidas o a argumentos oportunistas que buscan justificar decisiones adoptadas en nombre de mayorías sociales ideadas a conveniencia. Incluso cuando la preocupación sobre la distancia a la que marchan política y sociedad es más sincera, quienes recurren a esa dialéctica olvidan que esas dos realidades operan en planos distintos. El 11 de septiembre del 2012 ofreció indicios para pensar que la sociedad catalana respiraba sensaciones de agravio nacional y anhelos de liberación identitaria sin que las formaciones parlamentarias estuviesen a su altura. Dos meses y medio más tarde, el 25 de noviembre, las urnas recompusieron el panorama político anterior mucho más moderadamente de lo que quienes se apresuraron a tomar la delantera a una supuesta marea social soberanista habían previsto. La política catalana ha experimentado un corrimiento hacia el derecho a decidir, pero lo ha hecho de forma demasiado ensimismada como para concluir que así se sitúa a la par de la sociedad.
La disposición mostrada por el president Mas para que la consulta no tenga necesariamente alcance jurídico hace de la necesidad virtud, no sólo porque al apegarse a la legalidad vigente pudiera lograr la aproximación del PSC y de ICV a su agenda, sobre todo debido a que ninguna consulta podría realizarse con solvencia sin que su convocatoria sea consensuada dentro del Estado constitucional. Pero la consulta sin valor jurídico también es el reflejo de las dudas sobre si el ritmo al que el proceso soberanista puede verse abocado tras el pleno parlamentario de mañana resulta excesivo. El temor inicial del nacionalismo institucional a quedarse atrás respecto a la efervescencia soberanista se convierte ahora en preocupación por si no se está precipitando en los pasos que anuncia el compromiso entre CiU y ERC.
Nuevamente se incurre en el error de creer que política y sociedad circulan en un mismo plano. La avanzadilla soberanista mira por el retrovisor para cerciorarse de que la gente le sigue y, también, de que nadie en la sociedad trata de adelantarse a la marcha política. Pero lo que contempla es una imagen confusa y desconcertante, porque la ciudadanía no se mueve en una única dimensión, la que conduciría a Catalunya a corregir sus últimos 299 años de historia. La inclinación a reducir el futuro a una vía de sentido único y lineal, a un momento histórico e incluso a una sola pregunta choca indefectiblemente con una realidad cada día más compleja, con una sociedad que puede mostrarse proclive a ser consultada, pero que alberga muchísimas otras aspiraciones y una carga creciente de escepticismo respecto al poder taumatúrgico de la política.
Hay algo de vértigo en el ambiente. Siempre es aventurado trazar caminos sin retorno; aún lo es más que estos ni siquiera permitan una pausa. El temor a que por pararse un instante se enfríe el entusiasmo soberanista –o a que sean otros los que tomen la delantera– se sobrepone por momentos al miedo de avanzar demasiado deprisa para lo que la sociedad está en condiciones de arrostrar. Aunque otros días la angustia se hace presente al bordear el precipicio de las imprevisibles consecuencias. La constatación de que el proceso soberanista únicamente puede imponerse mediante hechos consumados, de que sólo así se podrá acceder a una negociación exitosa a la hora de dar seguridad jurídica al resultado final, empuja a los socios de la “transición nacional” a esmerarse en demostrar que su éxodo es ya imparable y apresurado. A ver si de esa manera consiguen que España y Europa les faciliten una salida que no puede ser unilateral sin padecer pánico. Pero el riesgo a quedarse en tierra de nadie preocupa, aunque sea en silencio, al nacionalismo gobernante.
Al final surge la duda de si se está produciendo algún avance hacia el desenganche definitivo de Catalunya respecto al Estado constitucional o si el movimiento que se está dando se parece más a una voluntariosa mímica por la que los actores del viaje soberanista parecen caminar cuando en realidad se mantienen anclados en el desconcierto generado en la noche electoral del 25 de noviembre. En el fondo, los dirigentes soberanistas corren un peligro mayor que el de alejarse precipitadamente dejando atrás a la sociedad mientras se convencen de que es eso lo que les piden los ciudadanos. Corren el peligro de que los ciudadanos les noten ausentes de su cometido más inexcusable, que es gobernar sobre las competencias que hoy ejerce la Generalitat.
Kepa Aulestia