La compartimentalización, esa enfermedad de la mente que sortea sin esfuerzo la regla de la equidad, deriva en la doble moral del individuo y en acciones duales o excluyentes en lo comunal. Algo de esto es aplicable al ámbito financiero.
Al margen de las entidades que han capeado la crisis con mayor o menor dignidad, aquellas otras aquejadas de serios problemas de insolvencia han obtenido una respuesta pública bipolar y sorprendente. Un colectivo, víctima de las leyes del mercado, se ha visto abocado a la quiebra; mientras que otro, ostentando el mero atributo del tamaño, se ha visto auxiliado por el brazo protector del Estado. El primero configura a los bancos pequeños o medianos. El segundo a las entidades DGPQ, 'demasiado grandes para quebrar'.
Todos los gobiernos del planeta intervienen en la economía cuando queda afectado el interés nacional. En particular, el interés nacional puede verse apelado cuando los riesgos contraídos por una entidad financiera puedan contagiar a otras, impactando al sistema en su generalidad. Se trata de controlar y combatir el riesgo sistémico, la debacle del sector y subsidiariamente de la economía real.
Pero las acciones públicas de rescate, aparentemente correctas, contienen al menos cuatro implicaciones perversas, fundamentadas en un vicio de discriminación.
1.-La autoridad monetaria o estatal recalifica de hecho los depósitos bancarios. De una parte mantiene una cobertura limitada para los depositantes de entidades no protegidas, y de otra instaura la cobertura total para los depositantes de los bancos DGPQ.
2.-La acción de apoyo a los bancos DGPQ se basa en el recurso al presupuesto, y en última instancia al contribuyente. Se introduce de esta manera un tributo invisible y expropiatorio que quiebra el principio de 'ningún impuesto sin representación'.
3.-La política de salvamento de los bancos DGPQ alimenta el riesgo moral ('moral hazard'), esto es, la perspectiva de que aislados del riesgo puedan comportarse de forma diferente a como se comportarían plenamente expuestos a él. Se privatiza el beneficio socializándose el riesgo.
4.-Las ayudas afectan groseramente al principio de competencia. Protegen a gestores dudosos abstrayendo de sus capacidades, penalizando a los gestores buenos que no han recurrido a los rescates públicos. Paralelamente, castigan a los bancos eficientes al encarecer el coste de sus pasivos, primando a los grandes e ineficientes, que, al gozar de la garantía publica, captarán sus pasivos a un precio inferior.
Este yerro moral, intelectual y democrático no es fruto de la casualidad, sino de una determinada 'captura cultural' ejercitada durante años por el sector financiero, a resultas de la cual reguladores, políticos, académicos y analistas independientes están convencidos de que el tamaño, en banca, es una opción de no retorno. Además, el poder, que en los sistemas políticos rudimentarios se ejercita a través de la violencia o la amenaza de ella, y en otros a través de los sobornos y las cuentas en paraísos fiscales, se practica en nuestros días de forma mas sutil amasando creencias culturales como la de que lo que es bueno para las grandes finanzas es bueno para el país en general.
Tras todos estos meses, ¿qué ha cambiado en la normativa y reforma del sistema bancario? Poco o nada. Asombrosamente, el borrador de revisión financiera auspiciado por Obama perpetúa la singularidad de los DGPQ.
La solución al problema pasa por una disyuntiva: cambiar las reglas haciéndolas mucho más estrictas para impedir siniestros de naturaleza sistémica, o reducir la estructura de talla en el sector, de tal modo que no haya en el futuro entidades que sean DGPQ. Si lo segundo parece utópico, para una sociedad perdidamente enamorada del tamaño y los crecimientos no orgánicos, lo primero es absolutamente imperativo e inaplazable. Hay que conciliar esquemas serios y sanos de innovación con la normativa tajante y el control tenaz propios de la banca aburrida que cosechó éxitos silenciosos décadas atrás.
Existe una tercera alternativa: el restablecimiento de determinada titularidad pública en el sector bancario, convirtiendo en derecho la actual práctica de hecho. El futuro dictará sentencia sobre este particular.
Entretanto, preocupa la alarma lanzada por Ángela Merkel: «La vieja arrogancia está retornando a los mercados financieros y los políticos deben asegurarse de que no serán chantajeados en el futuro».
La grandeza, un atributo mayor, de forma natural conduce a actos arbitrarios bien por la ley del más fuerte o al cobijo de privilegios. Los colosos financieros se tornarán más insensibles y vulnerables si siguen amparados por la arbitraria calificación DGPQ. Ello representa una grave amenaza para el crecimiento sostenible de la economía global y debe ser sometido al imperio de la norma.
¿Qué ha cambiado en la normativa y reforma del sistema bancario en todos estos meses? Poco o nada. Si los colosos financieros siguen amparados por la arbitrariedad, seguirá la amenaza para el crecimiento sostenible.
Manfred Nolte