Demasiado para la pastelería

Hay que reconocer que en poco más de cuatro meses de ejercicio el actual Gobierno ha dado ya significativas muestras de sus buenas aptitudes para la pastelería política, esmerándose tanto en el sigilo del obrador como en la exhibición del escaparate.

A la chita callando, que es como se cocinan este tipo de petisús con su crema pastelera dentro, coló en sendas resoluciones del Consejo de Ministros los indultos tanto de los corruptos de Unió Democràtica de Catalunya que desviaron fondos públicos europeos a bolsillos privados desde la Consejería de Trabajo como de los militares que contribuyeron a la falsedad documental en la identificación de los cadáveres de las víctimas del Yak. Con Duran Lleida de socio intermitente en el Parlamento y Trillo de embajador en Londres, ni los unos tendrán que ingresar en prisión ni los otros perderán el uniforme.

Mucho más aparatoso está siendo el soufflé azucarado con que el reputado maestro artesano que lleva al frente de Pastelerías Fernández desde el siglo pasado nos ha obsequiado para facilitar la concesión de beneficios penitenciarios a presos etarras. No habría Pulitzer más seguro que el del reportero que lograra infiltrarse en uno de sus cursillos de cristiandad cívica a los que los asesinos múltiples estarán obligados a asistir a cambio del anhelado acercamiento a las cárceles vascas. Mi duda es si se parecerán más a las reuniones de Alcohólicos Anónimos o a las terapias de grupo encaminadas a promocionar los parches para dejar de fumar.

En todo caso, la crónica del otro día de Ángeles Escrivá desvelaba bien el porqué del mimo y el esmero que, aun a costa de comportarse bruscamente con las víctimas, está poniendo en el empeño el acrisolado repostero encaramado por Rajoy al Ministerio del Interior: hay que desmontar el «victimismo» de la izquierda abertzale de cara a las próximas elecciones vascas. He aquí su técnica: démosles dulces pasteles hasta relajar sus rictus amargos. ¿Cuántas veces se ha intentado ya algo parecido y con qué resultados? De momento los verificadores aplauden.

El riesgo ostensible es que esta estrategia confitera contribuya en el País Vasco al mismo auge que han ido obteniendo en Cataluña aquellos a quienes Pastelerías Fernández lleva varias décadas tratando también de amansar mediante todas las texturas del cacao de sus componedoras monas de pascua. Y no le arriendo por cierto la ganancia al voluntarioso ministro Wert cuando intente llevar a término su promesa de garantizar que «cualquier niño catalán pueda estudiar en español» y se encuentre con la reafirmación de su colega de que en Cataluña «no hay ningún problema con la lengua».

Con estos antecedentes, el arriolismo latente que impregna el ADN de unos cuantos ministros y la propia tendencia de Rajoy a buscar arreglos con «sentido común» para los diversos «líos» que el destino tenga a bien ir plantando en su camino, la noticia de que se estaba fraguando un acuerdo entre Urdangarin, su socio y los fiscales para resolver el caso Nóos mediante una sentencia de conformidad parecía encajar de forma natural en la estantería de las tartas y tortas gubernamentales. El tiro -con perdón- no estaba mal dado pero por segunda vez en pocos días soslayaba las servidumbres de un régimen de opinión pública.

En cuestión de horas el crepitar de las redes sociales puso de manifiesto que el Rey y algunos miembros de su familia, en especial el propio duque de Palma, han echado ya demasiado combustible al debate sobre los privilegios de la Monarquía como para pretender ahora apagar esa hoguera con un extintor tan primitivo. Aunque hasta el apellido del fiscal general parezca predestinarle a amasar el bizcocho con la nata -y ya está dando síntomas de ello en su inconsistente actitud sobre el 11-M-, las prudentes declaraciones de Gallardón instando al Ministerio Público a seguir investigando «hasta el final» y la suspensión de las reuniones programadas entre fiscales y abogados sugieren que el poder político es consciente de que ni aun dedicando a ello toda la producción nacional de merengue habría posibilidad de rebozar un sapo de semejante tamaño para hacerlo digerible a los españoles.

La incorporación de la sentencia de conformidad a la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través del caballo de Troya del procedimiento abreviado supuso, en una fecha tan apropiada como el Día de los Inocentes de 1988, la traslación, no sin cierto escándalo por buena parte de nuestros procesalistas, de una institución tan norteamericana como el plea bargain al derecho penal español. El plea bargain o admisión de culpabilidad pactada eleva a la categoría de institución legal el viejo dicho de que más vale un mal pacto que un buen pleito y ha servido para agilizar la administración judicial de tal forma que en los Estados Unidos sólo uno de cada 10 procedimientos termina llegando a juicio.

De ahí también que cada vez haya más voces de alarma ante lo que es una flagrante suplantación de la justicia por el enjuague y la componenda. La perversión del procedimiento quedó ya dramáticamente explicitada en los 70 cuando el acusado de asesinato Henry Alford declaró ante el tribunal: «Soy culpable pero no lo hice», aclarando que había pactado aceptar una fuerte condena de prisión para eludir el riesgo de ser enviado a la cámara de gas. Es lo mismo que, en esa reducción de escala en la que la tragedia se convierte en farsa, vinieron a decir los compañeros de viaje de Camps en el esperpento de los trajes: nos declaramos culpables para terminar con el calvario mediático y la presión política, pagando una simple multa.

La principal crítica a esas sentencias de conformidad es que perjudican a los inocentes o responsables de delitos leves y benefician a los grandes culpables. El ejemplo clásico de lo primero es el caso de Paul Lewis Hayes, acusado de falsificar un cheque por valor de 88,30 dólares en Kentucky. La Fiscalía le ofreció que aceptara una condena de cinco años advirtiéndole que, como tenía antecedentes de delitos similares, las leyes del Estado permitían pedir contra él nada menos que cadena perpetua. A Hayes le pareció injusto pasarse un lustro a la sombra por tan poco dinero, la Fiscalía fue a por él, el juez le condenó a reclusión perpetua, el Tribunal Supremo rechazó en 1978 por 5-4 su apelación alegando que sabía a lo que se exponía al rechazar el pacto y se quedó entre rejas hasta que pudo pedir la libertad condicional.

Siendo en sí mismo terrible, el caso Hayes adquiere todo su significado, a la vez oscuro y sarcástico, si lo contraponemos al de Michael Milken, el famoso operador de los bonos basura que tras estafar miles de millones de dólares saldó su deuda con la sociedad con 22 meses de prisión, fruto de un pacto con la Fiscalía. Según alega el juez Ralph Adam Fine en su famoso libro Escape of the Guilty, el plea bargain «ha degenerado en que exista una ley para los pobres y otra para los ricos» y pone como ejemplo la concesión de la libertad provisional a notorios traficantes de drogas a cambio de sus generosas donaciones a programas gubernamentales.

Lo más grave de las sentencias de conformidad es para el juez Fine que implican un «compromiso con el delito» al sustituir el «dolor por la pena» por una especie de pacto mercantil que deja satisfecho al delincuente en la medida que implica que parte de sus fechorías quedan impunes. El plea bargain yugula además la búsqueda de la verdad de los hechos, lo cual puede ser especialmente grave en hechos de trascendencia política como fue el caso del asesinato de Luther King, tras el que toda investigación de complicidades quedó abortada por el pacto con el asesino James Earl Ray, que aceptó la cadena perpetua a cambio de que la Fiscalía no pidiera su ejecución.

No es difícil encontrar en el caso Urdangarin la sustancia de todos estos ingredientes. Es obvio que cuando el legislador limitó en España la aplicación de la sentencia de conformidad a los delitos cuya pena máxima no excediera los seis años de cárcel pretendía evitar que procedimientos penales que crearan especial alarma social desembocaran en un enjuague entre las partes al que la Justicia tuviera que aquietarse. Por eso si bien la letra de la norma hace técnicamente posible la componenda -ninguno de los delitos atribuibles al duque de Palma tendría mayor condena que ésa-, su espíritu debería llevar a la Fiscalía a descartarla.

Hay que tener en cuenta que el yerno del Rey ya está viéndose beneficiado por circunstancias tan singulares como que, al igual que sucedió en la instrucción del caso Filesa, ninguna de las empresas privadas presuntamente estafadas por sus asesoramientos, a base de informes copiados de internet, se haya sumado a las acciones penales contra él. Y eso a pesar del riesgo de que alguno de sus accionistas acuse de delito societario a los administradores que le entregaron dinero a cambio de nada. Pero está visto que aquellos que soltaron la mosca porque no podían dudar de la palabra del yerno del Rey ahora consideran que llevarle a los tribunales sería una especie de descortesía institucional.

Es más, sucede que la principal de esas empresas mantiene a Urdangarin en su nómina sin que tenga que pegar un palo al agua y en condiciones de ensueño que le ponen al abrigo de cualquier eventualidad. Si encima resulta que la exclusión de la Infanta Cristina del procedimiento, a pesar de los indicios materiales que la implican, y la inclusión en cambio de los políticos involucrados, reduce espectacularmente su cuota solidaria de responsabilidad civil, podría ocurrir que un lucro ilícito o al menos turbio, próximo en su caso a los 10 millones, se saldara para el matrimonio Urdangarin-Borbón pagando sólo 583.000 euros.

Pero lo que terminaría de hacer indigestible el almibarado mejunje de la sentencia de conformidad en este caso es la sombra del chantaje sobre la Monarquía proyectada por las amenazas del abogado de Diego Torres. El ex socio de Urdangarin parece haber enfilado el mismo sendero que con tan funestas consecuencias para ellos emprendieron en su día Ruiz-Mateos o Javier de la Rosa. No es probable que los soportes electrónicos de esos «doscientos correos» que esgrime como arma vayan a terminar corroídos por el ácido dentro de una maleta fabricada por el CNI, como presuntamente ocurrió con las fotos de una conocida actriz, pero tampoco se me ocurre que pueda haber en ellos nada tan desestabilizador como él presume.

Que el Rey le hubiera echado una mano a su yerno, haciendo gestiones a favor de Nóos, no cambiaría un ápice ni la calificación jurídica de los hechos ni sus consecuencias políticas, siempre y cuando se afronte todo con la publicidad y transparencia de cualquier proceso penal. Lo único nefasto para la Monarquía sería la percepción de que los poderes públicos estuvieran tratando de protegerla de algo inconcreto que inevitablemente iría adquiriendo caracteres abominables en la rumorología popular alimentada por el secreto.

En su número 41, correspondiente a mayo de 1822, el mordaz e implacable Zurriago insertaba algunas consideraciones sobre la pastelería gubernamental que hoy son muy pertinentes: «Un pastel es un bodrio en el que entran todos los sobrantes acumulados tras ocho días de poco despacho… Han sido tan buenos pasteleros algunos de nuestros ministros que siempre tenían un pastel preparado en el horno por lo que pudiera sobrevenir… Un pastel recalentado es lo peor que puede entrar en la boca de un hombre… Hay pasteleros que no tienen chispa de conciencia, nos dan caballo por ternera y gato por liebre».

¿Qué no se diría de este jaez y multiplicado por 10 si se yugulara ahora el proceso penal contra el duque de Palma? Sólo cuando la instrucción haya apurado todas las posibilidades de descubrir los hechos, se haya abierto y celebrado el correspondiente juicio oral, hayamos oído a todos los testigos e imputados pronunciarse en audiencia pública y se haya producido la eventual sentencia condenatoria, tendrá su turno la política, con luz, taquígrafos y urnas, si los penados solicitan el indulto. Hasta entonces, pasteleros abstenerse.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.

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