Quizá haya una explicación de por qué España necesita veintidós ministerios cuando Francia tiene dieciséis y a Alemania, con casi el doble de población, le bastan catorce. Pero el gobierno español no la ofrece y los ciudadanos tienen buenas razones para creer que esa mastodóntica administración, con su ejército de asesores, es parte de lo que los españoles conocemos como el chiringuito nacional. Esto es: el paraíso burocrático e institucional creado por una clase política empeñada en que los contribuyentes paguemos la factura de sus excesos.
El presidente Pedro Sánchez remodeló su gobierno el sábado, cambiando unos ministros por otros, pero dejó intacta una estructura que no ha dejado de engordar desde que llegó al poder. Mientras los españoles perdían sus empleos, y miles de negocios cerraban, el líder socialista aumentaba el número de asesores nombrados a dedo, con un aumento del gasto del 52 por ciento en apenas dos años.
En tiempos de crisis, la austeridad y mesura son obligadas; el derroche, inaceptable.
La gestión de los recursos públicos requiere de continuidad, seguridad frente a la arbitrariedad política, mérito en sus responsables y profesionalización. Los gobiernos tienen todo el derecho a escoger directamente a ministros y cargos de confianza, pero la gestión de las instituciones públicas pagadas por todos debe estar en manos de gestores de demostrada valía. Los cargos de quienes hacen bien su trabajo deben estar protegidos, extendiéndolos más allá de los mandatos de partidos o procesos electorales.
La corte de asesores de Sánchez y sus ministros son solo una pequeña parte del despropósito administrativo español. Súmenle tinglados parecidos en los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autonómicas; enchufados en universidades o empresas de titularidad estatal; o el reparto de puestos en organismos internacionales y embajadas. ¿Carece de preparación o idiomas? ¿Hay otros candidatos mejor posicionados? No es problema: de los solicitantes se espera sobre todo lealtad al partido.
El resultado es una gestión ineficiente anclada en nuestra cultura que ya denunció Mariano José Larra con su célebre artículo “Vuelva usted mañana”. El texto es de 1833.
Nuestros políticos, que no se ponen de acuerdo en nada, coinciden en su oposición a cualquier reforma de calado que acabe con la gigantesca agencia de colocación en la que han convertido la función pública. Es lo que un amigo me describió en una ocasión como la política de la tortilla: unos y otros aceptan el statu quo, conscientes de que los votantes le darán la vuelta a la tortilla en algún momento y llegará su turno de ser los beneficiados.
España es uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde más cargos cambian con la llegada de cada nuevo gobierno. Los dos partidos que se han alternado el poder las últimas casi cinco décadas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y los conservadores del Partido Popular (PP), han interiorizado que ganar las elecciones va acompañado de un generoso botín en sueldos y puestos para amigos y militantes. Nuevas formaciones que, como Unidas Podemos, llegaron con la promesa de cambiar el sistema han terminado acomodándose en él.
La opacidad que rodea los llamados “cargos eventuales de libre designación” hace difícil conocer su número exacto, pero una investigación de El Mundo contó hasta 17.000 asesores en 2012. Desde entonces, la cifra ha aumentado al menos en el gobierno central y en la mayoría de las comunidades autónomas, donde no es raro que los partidos permanezcan en el poder durante décadas. Los populares en Madrid o Valencia, los socialistas en Andalucía o los nacionalistas en Cataluña forjaron a partir de los años noventa modelos clientelares sostenidos con favores, corruptelas y la idea de que la política estaba para servirles a ellos, antes que al votante.
Los gestores españoles podrían haber aprovechado la masificación administrativa para construir servicios públicos que funcionaran, pero esa ilusión desapareció con la pandemia y el colapso de la administración. A la descoordinación y duplicidad de funciones entre diferentes administraciones se sumó la incapacidad para atender a quienes necesitaban urgentemente subsidios por desempleo o simplemente contactar con la Seguridad Social. Los portales de internet, obsoletos, fallaron. La atención fue deficiente o inexistente. Y el país descubrió el coste de no tener a los mejores en puestos de responsabilidad cuando más se les necesita.
La oposición a Pedro Sánchez ha prometido arreglar las deficiencias y critica con razón el descontrol y los excesos del presidente. El problema es que lo hace sin ninguna legitimidad —su historial indica que solo esperan a que la tortilla vuelva a estar de su lado— y la desconfianza que genera el mal ejemplo de sus líderes regionales.
La pujante dirigente en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, una política que ha criticado con beligerancia el aprovechamiento de las instituciones públicas, llevó el arte de la creación del chiringuito político un paso más lejos cuando anunció en junio la creación de la Oficina del Español. El nuevo departamento tendrá entre sus cometidos “la promoción de la comunidad como capital europea del español”. La oposición preguntó sarcásticamente, y con razón, si acaso el título estaba amenazado por la competencia de Oslo o Bucarest.
La Oficina del Español fue creada en realidad para premiar la deserción del actor convertido a político Toni Cantó, quien abandonó Ciudadanos para apoyar a Ayuso en vísperas de las últimas elecciones y será el director del nuevo departamento, cargo por el que recibirá un salario de unos 75.000 euros al año. “El gasto superfluo, las duplicidades o los chiringuitos son ahora mismo totalmente insostenibles”, decía el propio Cantó antes de aceptar con gusto un puesto superfluo, duplicado e innecesario en un país que ya cuenta con el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua.
España necesita una profunda reforma de la administración, largo tiempo demorada, que tendrá una nueva oportunidad con la llegada de los fondos europeos para paliar los efectos de la pandemia. Pero su impacto será mínimo si no va acompañada de reformas legislativas que impidan la parasitación de los organismos estatales, una mejora de la ley de transparencia que nos permita saber a qué se dedican los recursos públicos y el destierro del concepto patrimonialista de las instituciones, que cuenta con la complicidad indirecta de los votantes.
Mientras los españoles solo denunciemos las estructuras oportunistas de nuestros adversarios políticos, aceptando las creadas por el partido que apoyamos, los políticos seguirán cómodamente instalados en medio de la refriega. Y enviándonos a todos, cada mes, la factura del chiringuito nacional.
David Jiménez es escritor y periodista de España. Su libro más reciente es El director.