La democracia no es sólo el sufragio. Es el imperio de la ley (Estado de Derecho), la separación de poderes, el respeto a las minorías, la autonomía de la sociedad civil. Son las instituciones independientes y los mecanismos de control y contrapeso que impiden el ejercicio unívoco de la autoridad del Ejecutivo. Es una ética del comportamiento y de la responsabilidad en la función pública. Son las libertades individuales y las reglas que las garantizan. Es, en conjunto, la protección del ciudadano frente a un poder que siempre -como sabían los padres fundadores americanos- tiende a expandirse de modo arbitrario. Por eso regímenes como el de Putin, el de Erdogan o el de Maduro, cuyos gobernantes han sido elegidos en las urnas, carecen del estándar de calidad necesario para que puedan considerarse democráticos. Porque han roto los equilibrios institucionales que impiden el abuso autoritario.
Aun a muy considerable distancia de los ejemplos citados, algunos indicios de ese proceso de degradación son fácilmente observables en España, donde el proyecto personalista de Pedro Sánchez confluye con la estrategia de un neocomunismo de neta inspiración bolivariana. El presidente ha vaciado al PSOE de los valores clásicos de la socialdemocracia para transformarlo en un mero instrumento de su ambición cesárea, y su socio Iglesias jamás ha ocultado una vocación refundadora que aspira a la instauración de una nueva legitimidad republicana. Entre ambos han dado en propiciar una inquietante ofensiva estatalista que va atacando una por una todas las cláusulas de salvaguarda que preservan al sistema de la tentación autocrática. Una tendencia disruptiva que quedó patente desde los primeros pasos de la alianza y que se ha acelerado durante la pandemia bajo el marco catalizador del estado de alarma.
Son numerosos los síntomas de involución detectados en los escasos seis meses de coalición «progresista». Acoso abierto a la oposición dentro y fuera del Parlamento; presión indisimulada a la justicia; acumulación de funciones decisorias en un gabinete interno de la Presidencia exento de dar explicaciones en el Congreso; ausencia de transparencia -incluida la congelación del portal específico- en los contratos públicos y otras decisiones de Gobierno; episodios de amiguismo y enchufismo que han convertido La Moncloa y hasta el Consejo de Ministros en una agencia de colocación regida por lazos sentimentales y afectivos de afinidad o parentesco; multiplicación caprichosa del organigrama de los Ministerios, con la creación de varias decenas de subsecretarías, direcciones y subdirecciones generales ocupadas a dedo y saltando la obligación de designar funcionarios de carrera o al menos justificar las excepciones de este criterio; desembarco desprejuiciado de correligionarios -puertas giratorias- en empresas públicas y organismos de regulación de sectores estratégicos; negativa cerrada a revelar la identidad de los miembros del comité de expertos que supuestamente han dirigido la lucha contra el Covid; instrumentación de la Abogacía del Estado como defensa privada de altos cargos en aprietos... y sobre todo, y por encima de todo eso, el uso reiterado del decreto no como herramienta ocasional o de excepción sino como método.
Todo esto, sin embargo, siendo una manifestación evidente de sectarismo invasivo, resultaría casi anecdótico sin la evidencia de una agresión temeraria a instituciones esenciales como los tribunales o la Guardia Civil y sin la normalización de la mentira en las relaciones con la sociedad y sus agentes políticos. En este sentido, al cerco con que el bloque gubernamental y sus aliados anticonstitucionalistas tratan de despojar a la derecha liberal de su legítimo vínculo representativo asimilándola con el fascismo se ha añadido en las últimas dos semanas la insólita acusación que involucra a magistrados, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios en un fantasmal golpe de Estado. Ésa es la línea que separa el simple abuso de poder de un designio totalitario que trata de presentar a toda la arquitectura de control democrático como un entramado de obstrucción espuria de la voluntad de los ciudadanos. Eso sí es chavismo: la agitación de falsos espantajos para desnaturalizar los mecanismos de autonomía civil y establecer de facto un régimen plebiscitario. El relato sobreactuado de la democracia en peligro constituye el verdadero pretexto para una suerte de golpismo blando en el que la caza de brujas de «policías patrióticos» -la operación de desprestigio del coronel Pérez de los Cobos ya está en marcha- y presuntos desestabilizadores infiltrados sirve de coartada para suprimir las trabas que sujetan la arbitrariedad del liderazgo.
Ese modelo de clara raíz populista, que Iglesias y Podemos han sostenido desde sus inicios, ha encontrado en Sánchez una complicidad acomodaticia porque le ayuda a consolidar su ambición caudillista. El siguiente eslabón, propiciado por la crisis socioeconómica, será la construcción de un Estado subvencional y de una economía cautiva que, junto al dominio de las grandes plataformas de comunicación, garantice a la izquierda una larga hegemonía. La idea de vaciar el estado de alarma, ante la imposibilidad de prolongarlo, para mantenerlo de manera subrepticia a través de una «nueva normalidad» reglada por vía ejecutiva, constituye un truco alambicado que en la práctica supone la eternización de la anomalía. La costumbre de gobernar en el limbo de una democracia de baja intensidad, sin cortapisas jurídicas, se ha convertido para el sanchismo en una confortable rutina.
Resultaba ingenuo esperar nada distinto de una mayoría integrada por enemigos de la Constitución animados por un declarado espíritu rupturista. El mantra artificial del «antifascismo» trincherizo aglutina a socialistas, podemitas e independentistas autores de una insurrección convicta como principal elemento de cohesión política. Con razón decía el gran Montanelli que había descubierto dos clases de fascismo en la insobornable lucha por la libertad colectiva y la autonomía personal que sostuvo toda su vida: el fascismo de los fascistas... y el de los antifascistas.
Ignacio Camacho